Con sobrado motivo, los medios han venido a recordar que este 19 de enero se han cumplido diez años de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, del penal supuestamente de alta seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Ese hecho, que podría no pasar de ser un acontecimiento meramente policiaco, ha venido a dotarse, a una década de distancia, de un cúmulo de significados que atraviesan como los rayos X el aquejado cuerpo de la nación para mostrarnos las graves tumoraciones que invaden muchos de sus órganos.
Porque a dos lustros de distancia, no sólo el capo de la más fuerte organización criminal del país, el cártel del Pacífico o de Sinaloa, figura en las publicaciones internacionales -la influyente revista Forbes- como uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, sino que gran parte del territorio nacional se halla sumida en una dramática crisis de inseguridad como no se conocía desde la Guerra Cristera, y presa su población del terror desatado multilateralmente por bandas criminales y corporaciones del Estado.
Escribió Marx, refiriéndose a Luis Napoleón Bonaparte, que ese hombre, que no era nadie y que no significaba nada, pudo asumir por ello todos los significados para las distintas clases y grupos de la Francia de su tiempo. Hoy sabemos que Guzmán Loera ha sido llevado, no por sí mismo sino por las circunstancias de la sociedad y de los poderes públicos, a ubicarse en el nudo de las contradicciones más terribles que cruzan y separan a la sociedad del Estado en México. Gracias a la investigación de Anabel Hernández, plasmada en su libro Los señores del narco, se puede reconstruir la trayectoria seguida por este personaje hasta ubicarse en la cúspide de un poder paralelo al de los órganos públicos del que pocos equivalentes pueden encontrarse en la historia contemporánea.
Nacido en Badiraguato, Sinaloa, en una zona de profunda depresión donde el cultivo de la mariguana y la amapola han sido por generaciones, como en otras, base del sustento familiar y alivio de la miseria, se vinculó de manera natural con las bandas de narcotraficantes que entre los años 80 y los inicios de los 90 comenzaban su crecimiento y su internacionalización vinculándose con los boyantes cárteles colombianos que, previamente, se habían robustecido apoyando al gobierno estadounidense como autor de la contrarrevolución en Nicaragua. Subordinado a Amado Carrillo Fuentes, Señor de los Cielos y amo a la sazón del narcotráfico en Ciudad Juárez, llegó a destacar como un innovador del trasiego, pero no a tener liderazgo, debido entre otras cosas a su temperamento violento.
Su casual presencia en el aeropuerto de Guadalajara en el momento en que se perpetraba el nunca aclarado asesinato del cardenal Juan José Posadas, en 1993, hizo de Guzmán Loera una pieza negociable entre el cártel y la policía, que necesitaba una aprehensión espectacular para ofrecerla a la opinión pública. Fue entregado a las autoridades, que lo mantuvieron durante ocho años en prisión. A partir de su traslado a Puente Grande tuvo la capacidad de convertirse en uno de los amos del presidio y de preparar, a partir de la corrupción de un rosario de autoridades, pero también de negociaciones políticas en los más altos niveles del gobierno federal, su sonada fuga. Ésta se habría operado no en un mitológico carrito de lavandería sino durante el operativo que la policía federal desplegó ocupando el reclusorio tras de simularse adelantadamente la evasión, y que tenía como fin verdadero sacar al Chapo vestido de policía, con casco y pasamontañas, como es usual en estos casos.
Una vez libre, Guzmán Loera hizo valer y pudo acrecentar la fuerza propia que había construido a partir de una red de relaciones desde el interior mismo de la cárcel. Encabezó entonces un histórico concilio de capos celebrado en Cuernavaca y el Distrito Federal, en octubre de 2001, en el que se sentaron las bases de la reorganización interna del cártel del Pacífico con sus múltiples células, se centralizó el mando no económico ni del tráfico de enervantes, pero sí el del poder armado para enfrentar a las bandas rivales, y se redefinieron las relaciones con el Estado. Si El Chapo pasó a ocupar la cúspide de la pirámide, escribe Anabel Hernández, no fue sólo porque “era el padre de la brillante idea [del cónclave], sino porque él tenía el arreglo con el gobierno federal desde la Presidencia de la República”.
Gracias a ese arreglo y a la información proporcionada por los de Sinaloa, el gobierno pudo golpear a fondo al cártel de Tijuana, enemigo del Chapo, y debilitar a otros grupos rivales de éste. Garante de esos compromisos y de su continuidad habría sido el entonces jefe de la Policía Federal y actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Desde entonces, la llamada guerra al narcotráfico y al crimen organizado parece haber seguido una estrategia diseñada no desde los órganos de seguridad e inteligencia del Estado mexicano, sino desde una de las alas del propio crimen organizado: permitir que sea una de las mafias la que se fortalezca y controle el estratégico territorio mexicano, desplazando a todas las bandas rivales, y maniobrar con las contradicciones entre éstas en un juego de vectores de fuerzas o de pesos y contrapesos.
La guerra convocada por Felipe Calderón desde el inicio de su gobierno ha seguido moviéndose dentro de esa perversa lógica. Pero no es sólo un problema de fuerzas y de armas sino de economía. Forbes debe tener buenas razones para ubicar a Joaquín Guzmán no sólo en su lista de los más ricos sino también en la de los más poderosos del mundo. Dos factores hacen de los cárteles mexicanos protagonistas centrales de la dinámica nacional. Uno, las multimillonarias cifras de dinero que manejan, que se ubican en las más diversas áreas de la economía, pero que además constituyen para el país un flujo de ingreso constante, equivalente al de las remesas de los migrantes -superando los 20 mil millones de dólares anuales-, sólo por debajo de los ingresos petroleros y probablemente por arriba del turismo y las exportaciones no petroleras. De hecho, una rama del gran capital financiero y no otra cosa es lo que la delincuencia organizada ha pasado a representar en el mundo de flujos libres y desregulación internacional denominado globalización. El otro, la penetración de su influencia en el aparato estatal en prácticamente todas las entidades y en sus tres órdenes de gobierno. En los últimos diez años, el Estado mexicano se ha convertido en un Estado capturado por la delincuencia y el narcotráfico, incluidos sus órganos superiores de mando a nivel federal.
En un reciente artículo (La Jornada, 15 de enero de 2011), Paco Ignacio Taibo II nos recordó e ilustró lo que la opinión pública del país ha venido percibiendo: que ninguno de los órganos encargados de la seguridad, la inteligencia y la persecución del delito, ni el aparato de justicia del país, estaban hace cuatro años, ni ahora, preparados para combatir seriamente al extendido cáncer del narcotráfico y la delincuencia organizada, ni parecen querer estarlo. El baño de sangre, los actos terroristas y las violaciones a los derechos humanos en espiral interminable que mantienen semiparalizada a la población no tendrán una salida fácil, y la única que se ve es la de la movilización y organización de la sociedad para modificar la estrategia que el gobierno de Felipe Calderón ha seguido, más para militarizar al país, frenar algunas de las manifestaciones más violentas de la lucha entre bandas criminales y fortalecer su alianza con los Estados Unidos que para erradicar el poder en que el narcotráfico se ha erigido y que hoy El Chapo simboliza como nadie.
- Fuente: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=4314
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