necesidad, de la inminencia o de la posibilidad de un “rescate” de la
economía española conviene reflexionar y poner algunas cosas en claro.
Se dice que un grupo de países o
instituciones, como podrían ser la Unión Europea o el Fondo Monetario
Internacional,”rescatan” a un país cuando le conceden un crédito a
pagar en un determinado plazo que le permite cubrir los “agujeros” que
por diversas razones (generalmente por acumulación de déficit y deudas)
hayan podido producir su insolvencia. Pero hay que tener en cuenta que
esos agujeros pueden ser de naturaleza muy variada. Así, muchas
dictaduras y gobiernos militares de los años setenta y ochenta
endeudaron a sus países, con la connivencia de los grandes bancos
internacionales, con préstamos que en ocasiones ni siquiera llegaron a
ellos sino que se utilizaron fuera del país para negocios corruptos.
Otras veces los utilizaron en obras completamente inútiles o
directamente para enriquecer a los grandes empresarios y banqueros.
En el reciente caso de Irlanda, la
necesidad perentoria de “ayuda” se debe a que hay que cubrir las
pérdidas multimillonarias del sector bancario. Y una parte importante
de la deuda pública griega que ha sido “rescatada” recientemente se
originó para comprar armamento a Francia o Alemania.
Cuando la acumulación de deuda a la que
no se puede hacer frente es muy grande, los acreedores son los primeros
interesados en que se produzca el “rescate” del país pues de esa
manera se aseguran su reintegro. Y suelen ser ellos los que lo
promueven. El dinero que llega con el “rescate” se dedica a saldar sus
deudas y la nueva que se origina con las instituciones que rescatan la
pagan los ciudadanos en su conjunto a lo largo del tiempo. Los
“rescates” consisten, pues, en convertir deuda privada, que por lo
general han generado y disfrutado los sectores más ricos, en deuda
pública que pagarán principalmente las clases de rentas más bajas.
Pero la cosa no queda ahí. El “rescate”
no se produce nunca como una dádiva sino a condición de que el país
“rescatado” cumpla una serie de condiciones. La primera, que esta nueva
deuda tenga siempre carácter preferente y, además, que se tomen las
medidas de política económica y cambio estructural que convengan a
quien “rescata”.
Gracias a ese procedimiento, la deuda
externa que se originó en muchos países a lo largo de los años setenta y
ochenta fue la antesala de la aplicación de las políticas neoliberales
que promueven el Fondo Monetario Internacional y los grupos más
poderosos del mundo que, para cerrar el círculo, son además los que se
benefician del saldo de la deuda.
Pues bien en relación con la situación
española habría que preguntarse si el “rescate” es necesario, es decir,
si es que España es insolvente y no puede o no va a poder pagar su
deuda, y qué efectos tendría.
La deuda española tiene dos componentes,
la deuda pública y la privada. La primera es de unos 600.000 millones
de euros pero en relación con el PIB es casi veinte puntos menor que la
media europea. Se puede afirmar que es sostenible y que a poco que la
economía crezca incluso moderadamente se puede ir amortizando sin
problemas. Además, como todo el mundo sabe, ha crecido
extraordinariamente en los últimos meses pero como consecuencia del
impacto también extraordinario de la crisis. Si bien es un problema al
que siempre hay que hacer frente, no tendría por qué generar una
situación de insolvencia ni muchísimo menos. Los problemas que está
provocando actualmente podrían aliviarse casi por completo si se
recuperase la actividad económica aplicando las políticas adecuadas
para ello, si se frenara la actividad de los especuladores y, con más
seguridad aún, si hubiera una estrategia de apoyo por parte del Banco
Central Europeo como expliqué en otro texto (El Banco Central Europeo
frente a la deuda: se necesita algo más que comprar bonos).
Sin embargo, es cierto que podría
plantear una grave problema si la actividad económica se sigue
deteriorando como consecuencia de la aplicación de las políticas
equivocadas que se vienen adoptando y si no se cambia de rumbo pronto
hacia otra base de generación de actividad pues el modelo anterior es
justamente el que provocó los problemas que sufrimos, si no encuentra
financiadores a pesar de ser limitada en su cuantía o si se encarece en
demasía, lo que suele ser el resultado de que se recurra al mercado en
lugar de a los bancos centrales y de que se permita que los
especuladores que lo controlan aprovechen la situación para provocar
alzas en los tipos o para extorsionar a los gobiernos. Y también si
alguna o varias de estas circunstancias, aunque se dieran en pequeña
medida, coinciden al mismo tiempo en momentos en los que se concentre
una cantidad más importante de ventas de títulos de la deuda (como va a
ocurrir en los primeros meses de 2011).
La deuda privada española es mucho mayor
que la pública. Las familias españolas deben aproximadamente un billón
de euros a los bancos y las empresas algo más de 1,3 billones. Y, por
otro lado, los bancos españoles tienen deudas, por su parte, tanto con
el Banco Central Europeo (aunque fluctúa mucho, algo más de 60.000
millones de euros en estos momentos) como con otros bancos del resto
del mundo, en una cantidad global muy difícil de cuantificar pero de
cuya magnitud da idea el que tengan que amortizar unos 200.000 millones
de euros en 2011 y 2012.
El problema se plantea lógicamente
cuando toda esa deuda empieza a fallar, cuando la economía no genera
suficientes ingresos y aumenta la morosidad como viene ocurriendo como
consecuencia de la crisis, y es especialmente grave cuando el
incumplimiento afecta a extranjeros y cuando, además, está concentrada
en pocos acreedores, como en gran medida está ocurriendo con España.
Según el último informe del Banco
Internacional de Pagos, España tiene una deuda de alrededor de un
billón de dólares con bancos extranjeros, de la cual un 11% procede del
sector público, un 25,7% de los bancos españoles, un 36% de empresas y
el resto (26,6%) de operaciones con derivados que implican
principalmente a la banca.
La cuestión, pues, está en dilucidar,
por un lado, si los bancos españoles podrían absorber sin problemas la
morosidad al alza y las pérdidas patrimoniales derivadas del estallido
de la burbuja inmobiliaria porque estos bancos, a su vez, han
financiado esa deuda con préstamos que han recibido de bancos
extranjeros. Y, por otro lado, si los bancos extranjeros, y
principalmente europeos, van a esperar a que todo vaya solucionándose o
si van a tratar de garantizarse el pago de deuda mediante un
“rescate”. Aquí, precisamente, radica el quid de la cuestión.
El incremento de la deuda privada
española es el resultado de dos circunstancias coincidentes. Por un
lado, los bancos de países con exceso de ahorro como los alemanes
tuvieron un excedente muy grande en los últimos años y en lugar de
dedicarlo a impulsar el desarrollo económico alemán y a favorecer el
incremento de las rentas en aquel país, lo dedicaron a financiar a
bancos de otros países, entre ellos los españoles. Por otro, para
obtener esa financiación lo que hicieron los bancos españoles fue
vender a los alemanes activos financieros vinculados al negocio
inmobiliario (cédulas hipotecarias por ejemplo).
Cuando estalla la crisis eso produjo un
hecho singular que a grandes rasgos es el siguiente. Gracias a las
normas contables existentes, los bancos españoles podían seguir
valorando los activos relativos al negocio inmobiliario al precio de
adquisición (y no al más bajo que tienen cuando estalla la burbuja).
Pero los bancos alemanes tienen su inversión en títulos secundarios (no
la hipoteca original que tiene el banco español, sino el derivado de
ella que han comprado para financiarlo) que han de valorar al precio
actual de mercado.
Así, los bancos españoles han podido
ocultar sus pérdidas verdaderas porque siguen contabilizando activos
descapitalizados al valor anterior pero los alemanes sí las registran. Y
la cuestión radica, por tanto, en saber si los bancos alemanes (en la
mayor parte, aunque también el resto de los grandes acreedores de
España) van a confiar en que se irá saliendo bien de la situación
actual y así cobrando poco a poco si, por el contrario, prefieren
asegurarse el cobro de su deuda “rescatando” a España antes de que
ésta, si no mejora la situación económica o si se ve acosada por los
especuladores y se ve obligada finalmente a declarar que no puede hacer
frente a compromisos. Si esto último ocurriera sería fatal, porque el
“default” de España arrastraría con él a los bancos europeos y quizá a
otras economía. De ahí que muchos acreedores piensen que es mejor
forzar el “rescate”.
Pero un “rescate” de España tiene graves
inconvenientes. El mayor, que el dinero que habría que poner para
llevarlo a cabo es mucho: se ha llegado a decir que incluso alrededor
de 500.000 millones de euros, o incluso más, una cantidad que
desestabilizaría a toda la zona euro no solo desde el punto de vista
financiero o monetario, entre otras cosas, porque daría pie a que otros
acreedores quisieran hacer lo mismo con la deuda de otros países…
Pero, por otro lado, la operación de
“rescate” tendría para los grandes grupos de poder otras ventajas no
solo financieras. Daría un extraordinario impulso a los bancos y
justificaría un replanteamiento general de la estrategia europea en la
líneas que al parecer desea, yo creo que muy equivocadamente, el
gobierno y los grandes centros del poder económico alemanes. Además, el
“rescate” iría acompañado de un programa de reformas de liberalización
en España en la línea neoliberal que lógicamente sería proporcional al
shock que provocaría la situación y a la inmensa cuantía del rescate,
lo que daría satisfacción a los sectores que lo vienen reclamando desde
hace tiempo.
De todo lo anterior se podrían deducir tres conclusiones fundamentales.
En primer lugar, que el “rescate” de
España sería en realidad y como en otras ocasiones, el de sus
acreedores y, en este caso, principalmente de los bancos alemanes y
europeos, lo que da a entender que efectivamente éstos pueden estar
altamente interesados en que se lleve a cabo. Y dado que el “rescate”
justificaría la aplicación de medidas de liberalización excepcionales,
podría aventurarse también que en él pueden estar igualmente
interesados sectores nacionales que quieren “transformar” España en
esta línea ya expresada al Rey por grandes empresarios y líderes de
opinión.
En segundo lugar, que la economía
española no es en estos momentos insolvente ni hay razones
estructurales que aventuren que tenga que estar en esa situación (salvo
que se sigan aplicando durante mucho más tiempo las equivocadas
políticas de austeridad actuales y que se tarde en modificar las bases
de nuestro modelo de crecimiento), de modo que su “rescate” solo podría
ser consecuencia de un proceso provocado o inducido.
Tercero, que esa inducción del rescate
podría venir por dos posibles vías. Una, la presión especulativa muy
fuerte concentrada en algún momento, posiblemente a finales de enero o
en febrero de 2011 cuando se negocie el gran volumen de emisiones de
deuda inmediatamente posteriores. Otra, por una presión externa que
fuerce a reconocer la situación patrimonial real de los bancos
españoles hasta mostrarla como explosiva y de ahí se obligue a
intervenir para actuar con ellos como con los irlandeses.
No sé si eso va a ser inevitable o no, o
si las autoridades europeas ayudarán a evitar o a que se produzca el
“rescate”. Pero tengo la impresión de que un gobierno solo dispuesto a
cumplir con las demandas constantes de los acreedores y especuladores
para tratar de generarles confianza, como hizo precisamente el
irlandés, lejos de ahuyentar el peligro, lo va a atraer sin remisión. Y
también la seguridad de que si la ciudadanía no influye en el proceso
será la que finalmente pague, en cualquier escenario que se produzca,
sus consecuencias.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Envía esta noticia
Compartir esta noticia:
