La observación es pertinente. Y obliga a preguntarse sobre las razones de esa ausencia de apoyo explícito. Y lo mismo puede decirse de otros sectores de la izquierda que viendo con simpatía al movimiento de autodefensas michoacano (y también de otras entidades y regiones de México) se mueven con cuidado a la hora de emitir opiniones o de dar o negar apoyos explícitos.
Pero si es notoria la ausencia de esos apoyos explícitos de la izquierda, también lo es la ausencia de condenas, deslindes o descalificaciones. Digamos que, ante la complejidad del tema priva una cierta precaución que, sin embargo, no oculta la simpatía que en esos sectores genera un movimiento armado con un indudable e indiscutible origen popular y social justiciero y democrático.
La base de ese incuestionable origen social y popular puede ser diseccionada en varios puntos. El primero de ellos es el hartazgo ciudadano con el accionar desbordado, impune y por eso aterrorizante de la delincuencia organizada, es decir, de las bandas criminales. Es muy difícil encontrar en el país una persona o familia que no haya sido víctima de los amagos de crimen o de los crímenes mismos de esas pandillas. Y esto ya desde hace varios años.
Un segundo punto es la incapacidad del Estado, es decir, de las instituciones para frenar o atenuar los delitos de esas bandas, principalmente la extorsión por la vía del engaño, del secuestro, de las amenazas, del cobro de derecho de piso o de tránsito. Pero también del despojo, el abigeato y el homicidio.
A nadie puede escapársele –he aquí un tercer punto– que el accionar libre, generalizado e impune de esas pandillas sería imposible sin el concurso activo y la protección legal, policiaca y militar de las autoridades municipales, estatales y federales.
He aquí un cuarto punto de la mayor importancia: si bien las autodefensas no se han insurreccionado específicamente contra el gobierno, su sola existencia es una insurrección armada de carácter popular contra un gobierno que, por omisión, complicidad, servidumbre o papel activo, es indudablemente un gobierno criminal que por eso precisamente ha dejado de ser representativo de la sociedad.
No estamos, es verdad, frente a una insurrección armada de índole nacional, pero existen suficientes datos para sostener que los movimientos de autodefensa comienzan a generalizarse en el país. Digamos –quinto punto– que el ejemplo empieza a cundir.
En el asunto de las autodefensas –sexto punto– no pueden descartarse, por supuesto, las posibles influencias, intromisiones o patrocinios de fuerzas por ahora ocultas o discretas. Eso explicaría la falta de apoyos explícitos del EZLN o de otros movimientos populares. Pero esto no quita lo principal: la existencia de brotes insurreccionales que tienden a generalizarse.
Y he aquí un séptimo punto que no debe pasar inadvertido. Las autodefensas no han nacido para combatir la producción, comercio y consumo de drogas. Nacieron para combatir las derivaciones delictivas del poder del narco que merman o destruyen el patrimonio de personas, familias y comunidades.
Las quejas y las insurrecciones populares son, como resulta evidente, contra extorsión, despojo, amenazas, secuestro, etcétera, es decir, contra los delitos patrimoniales, y no contra actos de comercio entre particulares que no tienen por qué ser ilegales, como la compra y venta de drogas.
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