| Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens |
Pero un nuevo tópico se introdujo en las noticias sobre la Cumbre del 14 y 15 de abril en Cartagena: el llamado a discutir la ‘descriminalización” de las drogas. Sorprendentemente, el llamado fue lanzado por precisamente los presidentes que más han apoyado la militarización bajo el disfraz de la guerra contra la droga. Los encabezó el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, de quien se informa que fue un activo de la CIA y ex general acusado de realizar crímenes contra la humanidad. Pérez Molina afirma que pensó en la propuesta junto con el presidente colombiano Juan Manuel Santos.
Mientras tanto, entre bastidores el 15 de abril, los presidentes Obama y Santos firmaron el Plan de Acción Regional de Cooperación en Seguridad Colombia-EE.UU., un acuerdo para la cooperación en seguridad en todo el hemisferio y en África Occidental, cuyo objetivo declarado es responder al aumento de la inseguridad generada por el crimen organizado.
El llamado al debate sobre un tópico tan importante y delicado por los aliados militares de Washington, mientras EE.UU. lanza con ellos un nuevo proyecto regional de ‘seguridad’ es turbador. Pero también ocurre mientras EE.UU. intenta desafiar un conjunto de populares dirigentes suramericanos que se proponen forjar una Latinoamérica independiente.
La dominación estadounidense es un tema delicado en Latinoamérica, y se puede ganar muy poco capital político consintiendo a los deseos de Washington. Al contrario, los que cuestionan a EE.UU. han llegado a ser extremadamente populares, lo que conduce a la sospecha de que el llamado de los guerreros de la droga a favor de un debate sobre la “descriminalización” podría ser un intento de distracción para conseguir popularidad para un nuevo conjunto de presidentes latinoamericanos favorables a EE.UU.
Anfitrión colombiano ayuda a que EE.UU. recupere el centro del escenario en la Cumbre
Mientras dirigentes suramericanos se concentran en reforzar un bloque económico y político latinoamericano independiente de sus vecinos norteños de habla inglesa, las cumbres han sido escenas de tensiones diplomáticas.
En 2009, durante la última cumbre en Trinidad y Tobago, los informes en la prensa estadounidense se concentraron en la “arenga” del presidente nicaragüense Daniel Ortega contra el imperialismo de EE.UU. e informaron sobre el regalo del presidente venezolano Hugo Chávez a Obama del libro Las venas abiertas de América Latina” como si fuera una afrenta.
Cualquier deferencia a Obama que haya faltado en Trinidad y Tobago fue más que compensada en Colombia. Se informó que en la cena de etiqueta Obama fue colocado en una plataforma elevada muy por sobre los demás presidentes, quienes no pudieron ser servidos hasta la llegada y toma de asiento de Obama, más de una hora después que todos los demás.
Miami, la capital extraoficial de los negocios de Latinoamérica y centro nervioso de la red política que promueve los intereses en Latinoamérica de corporaciones basadas en EE.UU. también obtuvo la oportunidad de mostrar su poderío en el contexto de una Cumbre en una Cumbre de directores ejecutivos corporativos convocada por el presidente colombiano del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno.
Impedido por su batalla contra el cáncer, el presidente venezolano Hugo Chávez no pudo asistir. En la cumbre de 2005, Chávez anunció que el Área de Libre Comercio de las Américas (FTAA) estaba muerta y enterrada, mientras Venezuela lanzaba una alternativa, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
El único punto de tensión Norte-Sur del que se informó desde la Cumbre fue la discusión de panel convertida en debate, dirigida por el co-panelista presidente Santos, entre Obama y la presidenta brasileña Dilma Rousseff, en la cual según Vanity Fair Rousseff se refirió una docena de veces a la ‘relación asimétrica’ entre EE.UU. y Latinoamérica.
15 de abril, Obama y Santos anuncian el Plan de Acción Regional de Cooperación en Seguridad Colombia-EE.UU.
El rol diplomático jugado por Colombia en la restauración de la relación asimétrica del presidente de EE.UU. en la Cumbre fue respaldado por la firma de un acuerdo político-militar orientado a fortalecer la presencia militar de EE.UU. en la región. El presidente Santos, quien fue ministro de Defensa bajo Álvaro Uribe, y el presidente Obama, firmaron el 15 de abril, “al margen” de la Cumbre, un acuerdo para establecer el Plan de Acción Regional de Cooperación en Seguridad Colombia-EE.UU.
La Casa Blanca describió el acuerdo como basado en, es decir como expansión de, las operaciones de seguridad estadounidenses-colombianas de Centroamérica a todo el hemisferio e incluso a África. La Casa Blanca se refirió al ‘éxito’, sin describir parámetros específicos para demostrar lo, de la Operación Martillo, lanzada el año pasada, en la que cooperaron la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional - Sur (JIATF-S) de EE.UU. y la Armada y la Fuerza Aérea de Colombia en Centroamérica.
JIATF-S es una unidad bajo las órdenes del Comando Sur (SouthCom) de EE.UU. Abandonó Panamá hacia Miami hace 19 años cuando EE.UU. se fue de la Zona del Canal. El año pasado JIATF-S volvió a Panamá, suministrando “Apoyo Operacional” en una base militar reabierta que sirve como Centro Operativo de Seguridad Regional de SICA (COSR-SICA).
Es muy probable que COSR sea el centro regional para el programa de vigilancia de fronteras C41 de JIATF-S, que crea tecnología para canales de radar y otro equipamiento de vigilancia electrónica vinculado a la tecnología de control fronterizo colombiano y mexicano.
La Casa Blanca también menciona que la Policía Nacional Colombiana está suministrando ayuda y entrenamiento a través de la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI, en inglés) a toda Centroamérica, excepto Nicaragua, el único miembro en Centroamérica del ALBA desde el golpe militar de 2009 en Honduras. En diciembre de 2011, el presidente panameño Martinelli informó que EE.UU. y Colombia se estaban asociando en la creación de una escuela de control fronterizo en Panamá para la policía y los militares de la región.
CARSI está siendo implementada a través de la Estrategia de Seguridad Regional de SICA, que es promovida por un ‘grupo de amigos’, encabezado por EE.UU. y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington DC, pero que también incluye, entre otros, a Colombia, Chile, Brasil y Alemania. Se espera que SICA-ESCA tenga un presupuesto anual de más de 1.000 millones de dólares, suministrados por el Grupo de Amigos, en su mayor parte en la forma de 22 préstamos del BID.
De Centroamérica al Hemisferio: el almuerzo de Biden con los presidentes centroamericanos mientras el general Fraser explicaba la agenda de SouthCom al Congreso de EE.UU.
En preparación para la 6ª Cumbre de las Américas, el vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, viajó a México y Centroamérica el 4, 5 y 6 de marzo. Comenzó por México, donde la Iniciativa Mérida del Departamento de Estado se asoció con la guerra contra la droga del presidente Felipe Calderón en 2006, que ha causado una cantidad estimada de 50.000 muertos.
El martes 6 de marzo, Biden almorzó en Tegucigalpa con todos los presidentes de Centroamérica, sobre todo para discutir CARSI, la versión centroamericana de la Iniciativa Mérida. El mismo día, el comandante del Comando Sur de EE.UU., general Fraser, presentó su discurso anual ante el Comité de Servicios Armados en la Cámara de Representantes. Se concentró especialmente en Centroamérica.
En el contexto de la visita de Biden, la embajadora de EE.UU. en Honduras, Lisa Kubiske, comentó que la disminución del compromiso de EE.UU. en Medio Oriente significa que las Fuerzas Armadas de EE.UU. pueden aumentar su actividad en Centroamérica, un escenario que ya comienza a tener lugar.
Fraser explicó que la agenda de EE.UU. en el hemisferio es estabilidad, y habló ampliamente sobre las bandas criminales centroamericanas como una amenaza para la estabilidad en la región, que a su juicio requiere una respuesta militar y ayuda del Departamento de Estado para el entrenamiento y financiamiento de las fuerzas policiales. Describió otra amenaza para la estabilidad representada supuestamente por protestas e intranquilidad en ciertas naciones del ALBA y expresó su preocupación respecto a iniciativas del gobierno iraní en Venezuela.
También afirmó que “actividades criminales se extienden hasta el gobierno venezolano” lo que es irónico en vista de la presencia de Biden en Honduras, donde profundas implicaciones de funcionarios del gobierno y de fuerzas de seguridad en el crimen organizado, incluidas las bandas, han sido totalmente pasadas por alto por EE.UU.
El discurso políticamente cargado detrás de la ‘guerra contra la droga’ subraya el hecho de que desde 2006 EE.UU. ha establecido una masiva presencia militar desde México a Colombia, en lo que parece ser una acción para asegurar que los gobiernos independientes de Suramérica no se extiendan hacia el norte, y ahora, aparentemente, la agenda de seguridad de EE.UU. y Colombia incluye todo el Hemisferio.
En la 5ª Cumbre de las Américas, la izquierda controlaba Centroamérica
En 2009 Biden también visitó Centroamérica para preparar la Cumbre, pero las circunstancias eran muy diferentes. Gobiernos tendientes a la izquierda, muchos de ellos afiliados con antiguos movimientos revolucionarios, habían tomado control de Centroamérica mediante elecciones.
Daniel Ortega, líder del movimiento sandinista, era presidente de Nicaragua, firmemente establecido en su puesto con una amplia base de apoyo y un pacto político con la oposición. Mauricio Funes del partido FMLN, nacido del movimiento revolucionario, acababa de ser elegido presidente de El Salvador. El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, quien había sido candidato presidencial en 1999 como candidato de otro movimiento revolucionario convertido en partido político, UNRG, incluyó a algunas personalidades políticas asociadas con la URNG en su gobierno.
En Honduras, Manuel Zelaya había llevado a su nación a unirse al ALBA, y consolidó una abrumadora base de apoyo. Panamá era gobernado por Martín Torrijos, hijo del “izquierdista” líder militar de facto Omar Torrijos (1968-1981). Se especula ampliamente que su muerte en 1981 en un accidente de avión fue obra de la CIA. Un año antes de la 5ª Cumbre de las Américas Torrijos se había reunido con Raúl Castro en Cuba para discutir la firma de un acuerdo energético. Oscar Arias, entonces presidente de Costa Rica, aunque es un firme aliado de EE.UU., es Premio Nobel de la Paz y muchos lo consideran moderado.
Centroamérica se vuelve hacia la derecha, con un fuerte empujón del Norte
El presidente hondureño Manuel Zelaya fue depuesto en un golpe solo tres meses antes de la Cumbre de 2009. En Honduras se piensa ampliamente que el golpe fue respaldado por el gobierno de EE.UU. Álvaro Colom de Guatemala, fue reemplazado por Otto Pérez Molina, general en retiro y firme aliado de EE.UU. Mauricio Funes, un extraño en el partido político FMLN, ha hecho muchas concesiones a intereses estadounidenses, particularmente en relación con temas de seguridad, y recientemente eliminó a todos los alineados con el FLMN de las máximas posiciones de seguridad y los reemplazó por ex militares.
Torrijos de Panamá fue sucedido por el derechista Ricardo Martinelli, quien proviene de una de las más antiguas familias oligarcas económicas y políticas, y en Costa Rica Laura Chinchilla es considerada derechista y muy favorable a EE.UU. Daniel Ortega sigue en su puesto, aunque su reelección en 2011 ha sido objeto de intensa crítica del Departamento de Estado, antiguos diplomáticos, y los medios.
Oportunismo político: Llamado a la legalización de las drogas de Pérez Molina de Guatemala
Después de tres meses en el poder, Pérez Molina intenta convertirse en centro de la atención pública promoviendo un debate sobre la legalización de las drogas, colocándose la gorra de reformista en lugar de su antigua fama como ex jefe de la inteligencia militar implicado en crímenes de guerra como tortura y genocidio. Incluso antes de que Pérez Molina asumiera el mando, en diciembre de 2010, sorprendió al sugerir un diálogo sobre la posibilidad de “despenalización”, es decir legalización, de las drogas.
Lo extraño en la posición de Pérez Molina proviene de su incondicional aceptación de la militarización en el marco de la guerra contra las drogas. Durante los primeros dos meses de su mandato sus nuevos subordinados han criminalizado la protesta social en numerosas ocasiones, y declararon que los que bloquean las carreteras son respaldados por el crimen organizado y los narcotraficantes.
El 14 de febrero de 2012, el viceministro de Seguridad de Guatemala, ex coronel Julio Rivera Clavería, calificó de narcotraficantes a los dirigentes de la comunidad indígena San Siguan, Cunen, que se opone a la construcción de una represa hidroeléctrica en sus tierras por la compañía energética italiana ENEL. El 14 de febrero, residentes de San Siguan sorprendieron a tres policías que abandonaban el lugar después de destruir más de 20 hectáreas de cultivos, la última en una serie de acciones para acosar e intimidar a la comunidad. Los tres fueron detenidos y llevados ante los dirigentes indígenas tradicionales de la comunidad. Rivera dirigió una fuerza de 600 soldados para “rescatar” a los tres guardias de seguridad, y acusó a los dirigentes de la comunidad de ser narcotraficantes.
Pérez Molina también promovió con entusiasmo el uso de la unidad de fuerzas especiales guatemalteca, los kaibiles, en la actividad contra la droga, y colocó a kaibiles en las tres máximas posiciones en las fuerzas armadas. El 6 de abril de 2011, el viceministro de Seguridad de Guatemala, Mario Castañeda informó que actuales y antiguos kaibiles estaban entrenando a miembros de la banda de la droga Los Zetas y participando en el contrabando de drogas, y señaló que una serie de robos de armas de bases militares en Guatemala y Honduras habían beneficiado a Los Zetas.
El Eje México-Guatemala-Colombia: Creando un bloque “independiente”
Con su personalidad violenta pero pulida, Pérez Molina está proyectando rápidamente un liderazgo regional mediante declaraciones que parecen enfrentar la política de EE.UU., como que las tropas guatemaltecas son capaces de librar la lucha contra las drogas y que no se propone solicitar apoyo de soldados estadounidenses. Palabras enérgicas para un hombre que visitó recientemente SouthCom junto con su vicepresidente y tres máximos personeros ministeriales, incluso antes de asumir el mando, para allanar el camino para la cooperación. En 1994, un periodista investigativo informó que había sido un activo de la CIA, y ha estado extremadamente cercano a la embajada de EE.UU. como prueban sus frecuentes apariciones en documentos de Wikileaks.
Pérez Molina es un político avezado y puede ganar mucho capital político si parece que estuviera cuestionando a EE.UU. en Latinoamérica, especialmente en la política contra la droga. Los latinoamericanos no olvidan que EE.UU. es el principal proveedor de armas a los carteles de la droga de la región, que el consumo estadounidense y canadiense impulsa el narcotráfico, y que la mayoría de las víctimas en la guerra contra la droga de EE.UU., son latinoamericanos, y sus democracias.
El primer presidente en funciones en Latinoamérica que pidió claramente la legalización fue el presidente colombiano Santos en noviembre de 2011, aunque en agosto de 2011 el presidente de México, Felipe Calderón, declaró que si EE.UU. no logra limitar el consumo debe implementar “soluciones basadas en el mercado” frente a la importación de drogas, soluciones que no involucren cruces ilegales de la frontera.
La guerra contra la droga debe terminar, ¿pero existe una agenda oculta?
El 23 de febrero de 2009, el Wall Street Journal lanzó el actual debate sobre la legalización, publicando un poderoso artículo de opinión de los ex presidentes Fernando Cardoso, Cesar Gaviria y Ernesto Zedillo de Brasil, Colombia y México respectivamente, en el cual se afirma que “políticas prohibicionistas basadas en la erradicación, interdicción y criminalización del consumo simplemente no han funcionado”, y piden una revisión de la política de guerra contra las drogas dirigida por EE.UU., señalando que el “alarmante poder de los carteles de la droga conduce a una criminalización de la política y una politización del crimen. Y la corrupción del sistema judicial y policial está debilitando los fundamentos de la democracia en varios países latinoamericanos.”
La guerra contra la droga de EE.UU. en Latinoamérica es criminal y debe terminar. Pero el llamado al ‘debate’ de la política de la droga es realizado por los mismos personajes políticos alineados con EE.UU. que han apoyado más la militarización de la región en nombre de la guerra contra la droga.
La agenda de EE.UU. en Latinoamérica es recuperar la hegemonía. Pero los aliados de EE.UU. han carecido de personalidades políticas capaces de conseguir un fuerte apoyo en sus países. La apertura al diálogo o incluso una reforma limitada de la política ante las drogas, que parecen desafiar los planes del Tío Sam, podrían llegar lejos en la obtención de apoyo popular, generando un bloque aparentemente ‘independiente’ de personajes políticos de tendencia derechista para poner en entredicho la línea suramericana, mientras se continúan las operaciones de seguridad para imponer los intereses de negocios transnacionales mediante la represión y la criminalización.
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Annie Bird es co-directora de Rights Action.
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