Posneoliberalismo en Brasil
Alainet
Las referencias fundamentales para comprender el mundo contemporáneo son el imperialismo y el capitalismo, sin los cuales nada resulta inteligible. Así, evaluar a gobiernos y a fuerzas políticas significa, antes que todo, evaluar la posición que tienen respecto a estas dos referencias.
Los nuevos gobiernos latinoamericanos, que se volvieron mayoritarios en el continente, deben ser considerados progresistas, porque desarrollan procesos regionales de integración autónomos respecto a la hegemonía norteamericana y, por otro lado, a contramano de los gobiernos neoliberales que los han precedido, priorizan políticas sociales y no ajustes fiscales, a la vez que desarrollan Estados que inducen el crecimiento económico y garantizan derechos sociales, en lugar de Estados mínimos.
En el período histórico contemporáneo, los gobiernos y las fuerzas políticas tienen que ser evaluados en esa óptica: en qué medida reproducen o ayudan a superar el neoliberalismo, en qué medida fortalecen o debilitan la hegemonía norteamericana. Muchos otros aspectos pueden ser tomados en cuenta, pero lo central, lo determinante, para evaluar gobiernos y fuerzas políticas son esos criterios.
Gobiernos latinoamericanos como los de México, Chile, Colombia, Panamá, entre otros, por ejemplo, reproducen el modelo neoliberal y, a la vez, son aliados fieles del gobierno norteamericano, representando uno de los polos del campo político latinoamericano.
Por otra parte, los gobiernos progresistas tienen una postura de independencia y soberanía en sus políticas externas, constituyendo un bloque de gobiernos que resisten a la influencia norteamericana en la región. En el marco interno, han reaccionado frente a los gobiernos neoliberales, disminuyendo el principal problema latinoamericano, la desigualdad.
Por eso son gobiernos progresistas, antineoliberales, y trabajan por un mundo multipolar, debilitando la hegemonía norteamericana en el mundo. Sus rasgos centrales tocan en los factores decisivos de la hegemonía imperial norteamericana y en los elementos centrales del modelo neoliberal: la centralidad del mercado, el Estado mínimo y los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos.
Esos gobiernos tienen que enfrentar la herencia de graves retrocesos que sufrió América Latina, como consecuencia de las trasformaciones igualmente regresivas que se dieron en escala mundial. En este plan, se pasó de un mundo bipolar a un mundo unipolar, bajo hegemonía imperial norteamericana. Se pasó de un ciclo largo expansivo del capitalismo a un ciclo largo recesivo. De la hegemonía de un modelo regulador o keynesiano o de bienestar social – o como se lo quiera denominar– a la hegemonía de un modelo de mercado, de un modelo liberal.
América Latina sufrió los reflejos de esas trasformaciones bajo formas específicas, pero no menos duras. Primero fue la crisis de la deuda, que cerró el más largo ciclo de expansión de las economías latinoamericanas, que venía desde los años 1930. En segundo lugar, dictaduras militares que han roto la capacidad de resistencia en algunos de los países más importantes del continente –Brasil, Chile, Uruguay, Argentina–. En tercer lugar, gobiernos neoliberales, fenómeno que convirtió a América Latina en la región con el mayor número de gobiernos con ese carácter y en sus modalidades más radicales.
El nuevo rol de Brasil
El gobierno brasileño de Lula fue el segundo en ser elegido, en 2002, después de Hugo Chávez, y se inició con una postura que fue fundamental para el futuro de América Latina; recogiendo las manifestaciones en contra Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el gobierno brasileño bloqueó su concreción, abriendo espacio para el fortalecimiento y expansión de los procesos de integración regional. Brasil empezaba a redefinir su lugar en el plano internacional, saliendo de la tradicional situación subordinada a los Estados Unidos, adoptando una posición soberana, independiente, lo cual fue decisivo para cambiar la correlación de fuerzas en el continente y para generar el aislamiento de Estados Unidos en la región.
Paralelamente, el gobierno Lula definió la prioridad de las políticas sociales, en lugar del ajuste fiscal, lo cual le permitió, aun bajo duros ataques de la derecha, conquistar gran popularidad, superar esa ofensiva, consolidar su liderazgo y elegir su sucesora. Todo ello fue posible porque Brasil –el país más desigual del continente y del mundo– por primera vez disminuyó la desigualdad, la pobreza y la miseria.
Con el gran apoyo popular logrado, Lula impuso varias derrotas a la derecha. Aun teniendo prácticamente toda la prensa en contra suyo, Lula logró reelegirse y elegir su sucesora, Dilma Rousseff, como presidente de Brasil.
Sin embargo, ese proceso no se da de manera lineal, ni ha logrado superar los principales escollos para consolidar lo conquistado y seguir avanzando. Los avances en Brasil se llevaron a cabo en las líneas de menor resistencia de las relaciones de poder existente.
El gobierno posneoliberal en Brasil avanzó inicialmente en dos líneas de mayor debilidad del neoliberalismo: las prioridades de las políticas sociales, a través de un agregado de programas –como bolsa familia, luz para todos, mi casa mi vida, micro créditos, entre otros–; pero el que más efectos sociales tiene ha sido el aumento continuo de los sueldos y de los empleos formales. Y los proyectos de integración regional, partiendo del Mercosur, ampliando ese proceso hacia Unasur, el Consejo Suramericano de Defensa, el Banco del Sur, la Comunidad de Estados Latinoamericanos.
Frente a la crisis del 2008, quedó claro que había una tercera dimensión en la diferenciación del gobierno brasileño respecto al neoliberalismo: el rol del Estado, que pasó a ser instrumento esencial para políticas anticíclicas de resistencia a la recesión internacional. En lugar del Estado mínimo, se impuso un Estado inductor del crecimiento económico y garantía de la afirmación de los derechos sociales.
La economía brasileña salió de la larga recesión que Lula había heredado de Cardoso, por primera vez disminuyó la desigualdad social, Brasil pasó a tener protagonismo internacional, en el plano regional y en los intercambios Sur-Sur.
Esas grandes transformaciones en la sociedad y en el Estado brasileño se han hecho en el marco de las regresiones apuntadas anteriormente. Algunos de estos avances han sido recuperación de la capacidad de acción del Estado, la recuperación de los niveles de formalización del mercado de trabajo, el rescate de las múltiples formas de fragmentación social.
Pese a estos avances, que determinaron que un gobierno como el de Lula alcance el mayor apoyo que gobierno alguno haya tenido, aun con los grandes medios en su contra, no hubo transformaciones estructurales en aspectos determinantes en la sociedad brasileña.
Los desafíos
La coyuntura actual plantea con claridad justamente los tres más importantes temas pendientes en Brasil, para que la superación del neoliberalismo adquiera un carácter irreversible. Por una parte, Dilma Rousseff desarrolla una fuerte ofensiva contra lo que fue una marca negativa distintiva de Brasil: la tasa de interés más alta del mundo.
Si ese ya era un problema que frenaba el ritmo de desarrollo de la economía brasileña, se ha vuelto aún más grave cuando las grandes potencias del centro del capitalismo, frente a la crisis que viven, promueven formas de proteccionismo cambiario, devaluando sus monedas y aumentando así su competitividad, arrojando, además, dinero al mercado para socorrer a sus economías en crisis, capitales que llenan las economías periféricas. Brasil es víctima privilegiada de estas políticas, por su alta tasa de interés.
El gobierno pasó a usar fuertemente los bancos públicos para presionar la baja de las tasas de interés, con resistencia inicial de los bancos privados, hasta que tuvieron que ceder, acompañando la baja. Pero el enfrentamiento se planteó claramente, con la Presidenta de Brasil reiterando un discurso duro en contra del capital especulativo y logrando el aislamiento de los bancos.
Paralelamente, la gran bancada parlamentaria vinculada a los agronegocios aprobó una reforma profundamente regresiva en el Código Forestal, contando con los votos de la derecha, de aliados de centro del gobierno e incluso de un partido de izquierda (PC do B). Dilma, cuando se acerca la reunión de Río+20, va a vetar por lo menos algunas partes de la ley, especialmente en la que se decreta amnistía para quienes han deforestado.
Dilma choca así con dos de los sectores que se han constituido en los mayores obstáculos a la implementación de un modelo de ruptura con el modelo neoliberal. El tercero es el monopolio privado de medios de comunicación. Estos pasaron a estar bajo ataque, no por iniciativa del gobierno, sino por una investigación parlamentaria que involucra medios de la prensa privada –toda ella opositora– con casos de flagrante corrupción. Ello pone a la mídia privada a la defensiva y bajo acusación, mientras que hasta aquí han estado en la ofensiva en las denuncias en contra del gobierno.
De la resolución de esos conflictos dependerá en buena medida la evolución posterior del gobierno brasileño. Además, se discute este año en el Congreso brasileño el tema del financiamiento público de las campanas electorales, que tiene dificultades para ser aprobado, pero sin el cual se vuelve casi imposible un cambio popular en la composición del Parlamento. Asimismo, en las elecciones municipales se juega la continuidad o no de la derecha en la dirección de la principal ciudad del país –Sao Paulo– en donde precisamente el candidato derrotado en las elecciones presidenciales –José Serra– es, hasta ahora, el favorito para triunfar, pero que encuentra un eventual obstáculo en el empeño de Lula de hacer campaña activa a favor del joven ex-Ministro de Educación, Fernando Haddad.
Emir Sader, sociólogo y cientista político brasileño, es secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Este texto es parte de la revista “América Latina en Movimiento”, No 475, correspondiente a mayo de 2012 y que trata sobre "América Latina: Las izquierdas en las transiciones políticas” disponible en http://alainet.org/publica/475
Fuente: www.alainet.org/active/54960
Los nuevos gobiernos latinoamericanos, que se volvieron mayoritarios en el continente, deben ser considerados progresistas, porque desarrollan procesos regionales de integración autónomos respecto a la hegemonía norteamericana y, por otro lado, a contramano de los gobiernos neoliberales que los han precedido, priorizan políticas sociales y no ajustes fiscales, a la vez que desarrollan Estados que inducen el crecimiento económico y garantizan derechos sociales, en lugar de Estados mínimos.
En el período histórico contemporáneo, los gobiernos y las fuerzas políticas tienen que ser evaluados en esa óptica: en qué medida reproducen o ayudan a superar el neoliberalismo, en qué medida fortalecen o debilitan la hegemonía norteamericana. Muchos otros aspectos pueden ser tomados en cuenta, pero lo central, lo determinante, para evaluar gobiernos y fuerzas políticas son esos criterios.
Gobiernos latinoamericanos como los de México, Chile, Colombia, Panamá, entre otros, por ejemplo, reproducen el modelo neoliberal y, a la vez, son aliados fieles del gobierno norteamericano, representando uno de los polos del campo político latinoamericano.
Por otra parte, los gobiernos progresistas tienen una postura de independencia y soberanía en sus políticas externas, constituyendo un bloque de gobiernos que resisten a la influencia norteamericana en la región. En el marco interno, han reaccionado frente a los gobiernos neoliberales, disminuyendo el principal problema latinoamericano, la desigualdad.
Por eso son gobiernos progresistas, antineoliberales, y trabajan por un mundo multipolar, debilitando la hegemonía norteamericana en el mundo. Sus rasgos centrales tocan en los factores decisivos de la hegemonía imperial norteamericana y en los elementos centrales del modelo neoliberal: la centralidad del mercado, el Estado mínimo y los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos.
Esos gobiernos tienen que enfrentar la herencia de graves retrocesos que sufrió América Latina, como consecuencia de las trasformaciones igualmente regresivas que se dieron en escala mundial. En este plan, se pasó de un mundo bipolar a un mundo unipolar, bajo hegemonía imperial norteamericana. Se pasó de un ciclo largo expansivo del capitalismo a un ciclo largo recesivo. De la hegemonía de un modelo regulador o keynesiano o de bienestar social – o como se lo quiera denominar– a la hegemonía de un modelo de mercado, de un modelo liberal.
América Latina sufrió los reflejos de esas trasformaciones bajo formas específicas, pero no menos duras. Primero fue la crisis de la deuda, que cerró el más largo ciclo de expansión de las economías latinoamericanas, que venía desde los años 1930. En segundo lugar, dictaduras militares que han roto la capacidad de resistencia en algunos de los países más importantes del continente –Brasil, Chile, Uruguay, Argentina–. En tercer lugar, gobiernos neoliberales, fenómeno que convirtió a América Latina en la región con el mayor número de gobiernos con ese carácter y en sus modalidades más radicales.
El nuevo rol de Brasil
El gobierno brasileño de Lula fue el segundo en ser elegido, en 2002, después de Hugo Chávez, y se inició con una postura que fue fundamental para el futuro de América Latina; recogiendo las manifestaciones en contra Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el gobierno brasileño bloqueó su concreción, abriendo espacio para el fortalecimiento y expansión de los procesos de integración regional. Brasil empezaba a redefinir su lugar en el plano internacional, saliendo de la tradicional situación subordinada a los Estados Unidos, adoptando una posición soberana, independiente, lo cual fue decisivo para cambiar la correlación de fuerzas en el continente y para generar el aislamiento de Estados Unidos en la región.
Paralelamente, el gobierno Lula definió la prioridad de las políticas sociales, en lugar del ajuste fiscal, lo cual le permitió, aun bajo duros ataques de la derecha, conquistar gran popularidad, superar esa ofensiva, consolidar su liderazgo y elegir su sucesora. Todo ello fue posible porque Brasil –el país más desigual del continente y del mundo– por primera vez disminuyó la desigualdad, la pobreza y la miseria.
Con el gran apoyo popular logrado, Lula impuso varias derrotas a la derecha. Aun teniendo prácticamente toda la prensa en contra suyo, Lula logró reelegirse y elegir su sucesora, Dilma Rousseff, como presidente de Brasil.
Sin embargo, ese proceso no se da de manera lineal, ni ha logrado superar los principales escollos para consolidar lo conquistado y seguir avanzando. Los avances en Brasil se llevaron a cabo en las líneas de menor resistencia de las relaciones de poder existente.
El gobierno posneoliberal en Brasil avanzó inicialmente en dos líneas de mayor debilidad del neoliberalismo: las prioridades de las políticas sociales, a través de un agregado de programas –como bolsa familia, luz para todos, mi casa mi vida, micro créditos, entre otros–; pero el que más efectos sociales tiene ha sido el aumento continuo de los sueldos y de los empleos formales. Y los proyectos de integración regional, partiendo del Mercosur, ampliando ese proceso hacia Unasur, el Consejo Suramericano de Defensa, el Banco del Sur, la Comunidad de Estados Latinoamericanos.
Frente a la crisis del 2008, quedó claro que había una tercera dimensión en la diferenciación del gobierno brasileño respecto al neoliberalismo: el rol del Estado, que pasó a ser instrumento esencial para políticas anticíclicas de resistencia a la recesión internacional. En lugar del Estado mínimo, se impuso un Estado inductor del crecimiento económico y garantía de la afirmación de los derechos sociales.
La economía brasileña salió de la larga recesión que Lula había heredado de Cardoso, por primera vez disminuyó la desigualdad social, Brasil pasó a tener protagonismo internacional, en el plano regional y en los intercambios Sur-Sur.
Esas grandes transformaciones en la sociedad y en el Estado brasileño se han hecho en el marco de las regresiones apuntadas anteriormente. Algunos de estos avances han sido recuperación de la capacidad de acción del Estado, la recuperación de los niveles de formalización del mercado de trabajo, el rescate de las múltiples formas de fragmentación social.
Pese a estos avances, que determinaron que un gobierno como el de Lula alcance el mayor apoyo que gobierno alguno haya tenido, aun con los grandes medios en su contra, no hubo transformaciones estructurales en aspectos determinantes en la sociedad brasileña.
Los desafíos
La coyuntura actual plantea con claridad justamente los tres más importantes temas pendientes en Brasil, para que la superación del neoliberalismo adquiera un carácter irreversible. Por una parte, Dilma Rousseff desarrolla una fuerte ofensiva contra lo que fue una marca negativa distintiva de Brasil: la tasa de interés más alta del mundo.
Si ese ya era un problema que frenaba el ritmo de desarrollo de la economía brasileña, se ha vuelto aún más grave cuando las grandes potencias del centro del capitalismo, frente a la crisis que viven, promueven formas de proteccionismo cambiario, devaluando sus monedas y aumentando así su competitividad, arrojando, además, dinero al mercado para socorrer a sus economías en crisis, capitales que llenan las economías periféricas. Brasil es víctima privilegiada de estas políticas, por su alta tasa de interés.
El gobierno pasó a usar fuertemente los bancos públicos para presionar la baja de las tasas de interés, con resistencia inicial de los bancos privados, hasta que tuvieron que ceder, acompañando la baja. Pero el enfrentamiento se planteó claramente, con la Presidenta de Brasil reiterando un discurso duro en contra del capital especulativo y logrando el aislamiento de los bancos.
Paralelamente, la gran bancada parlamentaria vinculada a los agronegocios aprobó una reforma profundamente regresiva en el Código Forestal, contando con los votos de la derecha, de aliados de centro del gobierno e incluso de un partido de izquierda (PC do B). Dilma, cuando se acerca la reunión de Río+20, va a vetar por lo menos algunas partes de la ley, especialmente en la que se decreta amnistía para quienes han deforestado.
Dilma choca así con dos de los sectores que se han constituido en los mayores obstáculos a la implementación de un modelo de ruptura con el modelo neoliberal. El tercero es el monopolio privado de medios de comunicación. Estos pasaron a estar bajo ataque, no por iniciativa del gobierno, sino por una investigación parlamentaria que involucra medios de la prensa privada –toda ella opositora– con casos de flagrante corrupción. Ello pone a la mídia privada a la defensiva y bajo acusación, mientras que hasta aquí han estado en la ofensiva en las denuncias en contra del gobierno.
De la resolución de esos conflictos dependerá en buena medida la evolución posterior del gobierno brasileño. Además, se discute este año en el Congreso brasileño el tema del financiamiento público de las campanas electorales, que tiene dificultades para ser aprobado, pero sin el cual se vuelve casi imposible un cambio popular en la composición del Parlamento. Asimismo, en las elecciones municipales se juega la continuidad o no de la derecha en la dirección de la principal ciudad del país –Sao Paulo– en donde precisamente el candidato derrotado en las elecciones presidenciales –José Serra– es, hasta ahora, el favorito para triunfar, pero que encuentra un eventual obstáculo en el empeño de Lula de hacer campaña activa a favor del joven ex-Ministro de Educación, Fernando Haddad.
Emir Sader, sociólogo y cientista político brasileño, es secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Este texto es parte de la revista “América Latina en Movimiento”, No 475, correspondiente a mayo de 2012 y que trata sobre "América Latina: Las izquierdas en las transiciones políticas” disponible en http://alainet.org/publica/475
Fuente: www.alainet.org/active/54960
Compartir esta noticia:
No hay comentarios:
Publicar un comentario