Escuchar al ministro de Hacienda chino Lou Jiwei quejándose de la rigidez de la legislación laboral o al ministro de Trabajo y Seguridad Yin Weimin asegurando que los costes de la mano de obra en China se habían vuelto prohibitivos para algunas empresas, produce cierto sonrojo. Más aún cuando en el mismo foro –las sesiones parlamentarias de marzo- el vicesecretario del PCCh en Heilongjiang, Lu Hao, debió hacer autocrítica pública respecto a la falta de previsión por parte de las autoridades a la hora de enfrentar los ajustes en algunas empresas estatales en su región, lo cual provocó las lógicas y masivas protestas de los afectados. Pareciera que el PCCh se sumaba a la corriente global de estigmatización de la colectividad laboral en un país que si llegó a la condición de segunda potencia económica del mundo en tiempo récord fue en buena medida por la abnegación y sacrificio de una masa trabajadora que aupó los índices macroeconómicos sin derechos apenas ni rechistar. Y es que el principal problema de China en esta materia no es la legislación sino su incumplimiento reiterado. De ello podrían hablar mucho hasta los propios sindicatos oficiales pero no había en el programa de las dos sesiones citadas ninguna comparecencia prevista….
El necesario e inevitable cambio en el modelo de desarrollo chino exige, entre otros, mejorar la capacidad adquisitiva de los colectivos laborales y en esa línea se avanzó sostenidamente en la década pasada. Sin ello, no habrá sociedad de consumo, como tampoco sin una intensa inversión social en un país donde la falta de protección aboca al ahorro masivo. Ahora, los ajustes en el sector industrial que afectan especialmente a ámbitos (acero, carbón…) y regiones (noreste) con fuerte peso de la empresa estatal provocarán numerosos despidos (se habla de unos cinco millones), cifra considerable pero situada muy lejos de los casi 30 millones del periodo del primer ministro Zhu Rongji (1998-2003); sin embargo, la sensación de un menor compromiso con las capas más desfavorecidas es mayor que entonces. El actual equipo dirigente parece prestar más atención a aquellos aspectos relacionados con la proyección de poder de China (ambiciosos proyectos exteriores, defensa, etc.) que a los relacionados con los agujeros negros de su proceso de desarrollo (desigualdades, desarrollo humano, etc.). Con Hu Jintao y Wen Jiabao (2002-2012), lo social ganó terreno, ahora parece retroceder.
Este año –y todo el quinquenio que ahora se inicia- será de intensificación de los ajustes, lo cual traerá consigo, previsiblemente, una intensificación paralela de las protestas sociales como efecto colateral. Fenómenos comunes como los salarios atrasados están al orden del día en las regiones costeras del sur y los conflictos laborales, muchos de ellos debidos a la explotación abusiva de los millones de migrantes procedentes del campo, parecen avocados a crecer de forma significativa. Según fuentes del China Labour Bulletin, ya en 2015 fueron el doble de los ocurridos en 2014 y la tendencia en 2016 apunta a batir records.
La reacción del PCCh sugiere la habilitación de partidas específicas para compensar a los afectados por la nueva y comprometida fase de la apertura pero, en paralelo, dispone circulares amenazantes a las autoridades a todos los niveles para que asuman sus responsabilidades en la prevención y represión de la conflictividad laboral con un catálogo detallado de sanciones que se une a una atmosfera muy hostil con la defensa de los derechos laborales. A ello hay que sumar los intentos de situar a la policía armada popular bajo la dependencia de la Comisión Militar Central y un incremento de todo tipo de controles sobre entidades pseudo-sindicales que hasta ahora funcionaban apenas sin problemas a modo de asesorías. La protesta, por justificada que sea, equivale a poner en peligro la seguridad nacional….
La obsesión por preservar a toda costa la estabilidad y evitar la generalización de los conflictos y, naturalmente, su coordinación hasta el punto de llegar a imitar la Polonia de los años 80 –escenario harto improbable a día de hoy en China-, contrasta con el poco empeño y la falta de credibilidad de las autoridades a la hora de hacer respetar la legislación laboral a las propias empresas. Esa asimetría rompe el exigible equilibrio y saca los colores al PCCh y al gobierno chino.
Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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