Los casos de cooptación y manipulación de información revelados por Wikileaks son diversos. Por ejemplo, Riad pagó entre US$3.000 y US$10.000 dólares a diversas publicaciones de Indonesia y adquirió suscripciones masivas de medios de comunicación como Kompas y el Jakarta Post. En 2012, el difunto rey Abdullah bin Abdulaziz aprobó un rescate de dos millones de dólares para la cadena libanesa MTV, con la condición de que contribuyera a contrarrestar la “hostilidad contra el Reino en los medios”. En otro caso, un cable señala que el Príncipe Saud Al Faisal sugirió al gabinete saudita que dos de los principales periódicos de propiedad gubernamental, Asharq Al-Awsat y Al-Hayat, dejaran de publicar editoriales críticos del principal aliado del reino en el Líbano, el ex primer ministro y líder suní Saad al-Hariri.
Se trata de un esquema de manipulación que se repite en otros lugares del mundo islámico y árabe, como Kuwait, Mauritania o Jordania, y que busca neutralizar a los medios y garantizar una cobertura favorable a las políticas saudíes o incluso comprar el “silencio”, respecto a temas que pudieran vulnerar los intereses del Reino. Sin embargo, los documentos revelan que la guerra mediática saudí también ha echado mano de recursos menos “sutiles”. Así, un decreto gubernamental del 20 de enero 2010 dispuso remover al canal de noticias iraní Al-Alam del Arabsat, el principal operador satelital saudí. Como esta medida no pudo prosperar, se dispuso limitar el alcance de la señal de esta canal iraní en lengua árabe.
Los cables muestran al Reino en su esfuerzo para ejercer influencia en Irak, apoyando a tribus suníes árabes, políticos, y sectores de la comunidad kurda, con la intención de debilitar al gobierno del Primer Ministro Nuri al-Maliki. Uno de los políticos cortejados por los saudíes fue el sheikh de la provincia de al-Anbar, Ali Hatem Sulaiman, quien alcanzó notoriedad por su llamado a hacer ataques violentos contra las fuerzas de seguridad iraquíes. El gobierno saudí incluso llegó a manipular el otorgamiento de visas para la peregrinación del Hajj, negando dichos permisos migratorios al gobierno iraquí, mientras se ofrecían secretamente a sectores de la oposición, como el Bloque Iraqiya. Por otro lado, los servicios de inteligencia saudíes pagaron a sectores islamistas kurdos más de medio millón de dólares a cambio de apoyo político y mediático.
Adicionalmente, los cables confirman que el Reino de Arabia Saudita ha estado espiando a sus ciudadanos en el extranjero, y especialmente a estudiantes y disidentes proclives a impulsar cambios importantes dentro del país. El gobierno saudí ha advertido a sus ciudadanos que hacer caso omiso de los documentos es un asunto de “seguridad nacional”, y ha insistido en que los documentos liberados por Wikileaks han sido “fabricados y manipulados”, aunque sin proporcionar ningún ejemplo o evidencia.
Aunque mucha de la información dada a conocer por los cables de Wikileaks es reveladora, no hace más que confirmar un patrón de conducta ampliamente documentado y conocido en la región y que se caracteriza por el apoyo al extremismo, el sectarismo y el fomento de la inestabilidad. En el pasado, la revelación de otros documentos secretos ha evidenciado el papel de Arabia Saudita apoyando a sectores radicales o conspirando o interfiriendo en los asuntos internos de sus vecinos. Sin embargo, las revelaciones de Wikileaks desnudan como nunca antes a una dictadura corrupta, manipuladora y aferrada a sus privilegios.
Sergio I. Moya Mena es profesor e investigador en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR) y en la de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA), donde dirige el Centro de Estudios del Medio Oriente y África del Norte CEMOAN.
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