En toda situación histórica de crisis en la que las contradicciones alcanzan una máxima intensidad se ponen a prueba los esquemas de interpretación que orientan la acción de las direcciones políticas, de acuerdo con los lineamientos de intereses de clase en la que éstos se inscriben. La crisis desarrollada durante los meses de febrero y marzo del 2014 en Venezuela no es una excepción. A esto se une el hecho de que tal coyuntura expresa en el ámbito nacional, el despliegue de una ofensiva internacional de Estados Unidos que tiende a manejar la crisis global del capitalismo pretendiendo resolverla a favor de sus intereses estratégicos, económicos y políticos. Por ello conviene centrar la atención sobre algunas cuestiones, aparentemente muy generales, que están presentes en distintos aspectos de la coyuntura y que se pueden resumir en el problema de los límites de la lógica de acción estatal y las exigencias de la lógica política revolucionaria.
1.-Algunas premisas histórico-políticas.
Los distintos aparatos burocráticos que componen, en general, un ‘estado’, por el papel simbólico unificador y por las funciones específicas que cumplen en los ámbitos económico, político e ideológico en las cuales se objetivan los intereses de clase, tienden a asegurar su continuidad funcional y la del sistema de dominación. Todo proceso de cambio altera esta lógica de funcionamiento, tanto más cuanto más se afecte el relativo equilibrio de la estructura de poder que sostiene esa estructura burocrática. Un proceso ‘revolucionario’ es cambio en esos equilibrios sistémicos, independientemente de la naturaleza de éste y, en consecuencia, su lógica es contradictoria con la de dichos ‘aparatos de estado’. La relación concreta entre esa lógica burocrática de un ‘estado’ y la acción revolucionaria, depende estrechamente del carácter y de la intensidad de la lucha de clases. En una situación histórica en la que el comportamiento de tales aparatos queda condicionado por un ‘régimen político’ resultante de la acción revolucionaria, orientada estratégicamente a modificar la naturaleza misma de ellos, tales vínculos son especialmente complejos. La ‘política de gestión’ de tales aparatos entra en conflicto con una ‘política de poder’ que tenga el objetivo de transformación hacia un horizonte socialista.
La tensión entre acción estatal y acción revolucionaria ha estado presente a lo largo de todo el primer ciclo abierto por el proyecto bolivariano desde 1998, en el que el liderazgo del presidente Chávez logró resolver el problema histórico central frente al cual fracasaron las élites políticas de la segunda mitad del siglo XX. Si a comienzos del siglo XX Juan Vicente Gómez había logrado construir un ‘estado nacional’ moderno por medio del asalto al poder y una larga dictadura, a fines del siglo otro militar inició el proceso que culminaría con la construcción de una ‘nación’. Esto lo resumió Chávez agudamente: “Que nadie se equivoque: tenemos Patria”, pero su agonía y deceso abrirían paso a otro ciclo histórico, donde el problema central parece ser muy distinto: la consolidación de un estado-nación que se ha dotado de un régimen político ‘democrático participativo’. Como su genialidad política lo intuyó, esa tarea no puede lograrse sino al culminar un proceso de construcción de una economía post capitalista, en transición hacia una sociedad socialista.
Por eso, en el actual ciclo histórico-político es ya es perceptible que las tensiones de la lucha de clases exigen a la dirección bolivariana estrategias y tácticas diferentes a las puestas en práctica bajo la conducción de su máximo líder histórico. Parece claro que la muerte de Chávez cerró un conjunto de procesos políticos y transformaciones sociales que sólo fueron posibles por el hecho de que la acción revolucionaria predominó sobre la lógica de la estabilidad estatal. Al mismo tiempo, la correlación histórica de clases en el cual tuvo lugar ese proceso de construcción nacional, el enfrentamiento capital-trabajo fue secundario en la lucha política, lo que permitió la ‘autonomización de la pequeña burguesía’, que se convirtió en políticamente dominante. Uno de sus segmentos pudo acceder a la posición de ‘capa dirigente’ liderando, bajo la conducción de Chávez, una alianza policlasista donde la clase obrera y campesina con un vasto espectro de capas populares, sirvieron de ‘clases de apoyo’. Como se verá más adelante, tal ‘autonomización’ es importante para explicar el surgimiento del actual ‘neo-fascismo’ (E. S., www.aporrrea.org/actualidad/a177006,htm ).
En el transcurso de esas situaciones conflictivas el ‘estado’ del Antiguo Régimen, el de la ‘cuarta república’, fue profundamente transformado en su organización institucional, en sus lineamientos normativos, y en muchas de sus prácticas, sin que se alterara su naturaleza de ‘estado capitalista’. Los cambios ocurridos en los últimos catorce años han afectado las relaciones de clase que lo sustentan, generándose un nuevo régimen político con nuevas organizaciones, ideología y prácticas de los aparatos de coacción, una institucionalidad paraestatal para garantizar mejores niveles de vida popular, nuevas relaciones de poder a nivel latinoamericano, lo que no ha sido de poca importancia. La caracterización de que el centro conflictivo actual es el de un intento de “ponerse de acuerdo las dos fracciones de la gran burguesía hoy al borde la guerra” (R. Denis, www.aporrea.org/imprime/a184411.html ), es simplemente errónea Con tal hipótesis el neo fascismo no podría explicarse como movimiento contrarrevolucionario, puesto que la orientación ideológica socialista desde el 2004 y los procesos de democratización, a cuyo impulso se debe el apoyo de masas, no tendrían gran significación histórica real.
Sn embargo, lo que en este nuevo ciclo político parece ser central es que las relaciones entre lógica estatal y lógica revolucionaria entran a plantearse en un escenario político en el cual el conflicto capital-trabajo pasa a tener un potencial de cambio diferente. La tarea central de consolidación nacional que parece estar en curso ha llevado rápidamente a la burguesía a plantearse el problema de la ‘toma del poder político’ a lo largo del año 2013, algo que está más allá del ‘acceso al gobierno’ por los medios democráticos. Dos problemas evidentemente distintos, lo que está claro para la burguesía, aunque no tanto para muchos integrantes de la actual cúpula gubernamental.
2.-Aspectos conceptuales del discurso gubernamental.
Las anteriores premisas histórico-políticas permiten examinar otras críticas que oscurecen el rol jugado por Chávez y desconocen la significación del proyecto bolivariano. El planteamiento de que él “nunca implementó ninguna de las medidas necesarias para construir una sociedad Socialista del Siglo XXI”, y que en su presidencia “Todo quedó en un slogan” porque “Chávez hizo una alianza tácita con amplios sectores del gran capital nacional y transnacional” (H. Dieterich, www.aporrrea.org/impime/n245992,htm ), es una verdad a medias que, como todas las apreciaciones que desconocen los procesos históricos, conducen a conclusiones políticas falsas. Si la ‘crisis general’ abierta en Venezuela a fines del siglo XX planteó el problema crucial de construir ‘nación’, el proyecto bolivariano no podía simultáneamente resolverlo y construir el socialismo. El método de acción política derivado de su historia inicial, obligó al ‘chavismo’ a construir un sistema de alianzas que no le permitía enfrentar al mismo tiempo esos problemas, amén de que su liderazgo no había madurado todavía ideológicamente la posibilidad de un socialismo venezolano. Para desmontar la base real de la ´lógica del capital´, era necesario previamente movilizar las fuerzas sociales básicas en una dirección tal que permitiera que la mayoría de la población pensara la posibilidad de construcción del socialismo. El principal ‘legado’ de Chávez consiste entonces en que la construcción de ‘nación’ se dio conjuntamente con una maduración en la identidad de las masas, la que les permitió asumir esa tarea como posible. En los hechos, la construcción del socialismo no era, ni ya es posible, sino después de un periodo de transición post capitalista en el cual la acumulación de fuerzas permitiere solucionar el problema del ‘poder necesario’ para que un ‘estado nacional popular’ como el actual, se convirtiere en un ‘estado socialista’.
De ahí que esa ‘alianza tácita’ con la gran burguesía planteada por el autor sea una apreciación históricamente imprecisa, ya que no da cuenta de dos procesos simultáneos: la conformación de una amplia coalición policlasista que desintegró el régimen político que sostuvo la ‘cuarta república’ y el aislamiento político de la gran burguesía oligopólica. Lo que a su vez posibilitó el acceso de amplios segmentos de la pequeña burguesía burocrática civil y militar a la posición política de ‘capa dirigente’. En otros términos, no se trató de una ‘alianza táctica’ sino de una ‘coexistencia conflictiva’ que neutralizó a la capa oligopólica, para la cual el proyecto nacional bolivariano, por sus implicaciones económicas, le era ajeno.
El no reconocer ambos procesos lleva al autor a formulaciones confusas: “Como nunca hubo socialismo, no hay nada que liquidar o profundizar”. De la apreciación correcta que, no se ha construido el socialismo –en lo que el mismo Chávez estuvo de acuerdo en su Plan de la Patria- por lo que no puede ‘profundizarse’ ni ‘liquidarse’ socialismo alguno, deduce la existencia de una “dualidad de poderes”, “recordando a Lenin”, olvidando que para éste, dicho concepto remitía a la existencia contradictoria de dos tipos de ‘estado’, uno capitalista y otro no capitalista en germen, en tanto la clase obrera y sus aliados construían un poder político real antagónico al del poder estatal de la burguesía. Para el autor hay una transición entre un Estado previo y el actual ‘Estado de bienestar’, cuya existencia estaría en juego, lo que está muy lejos del tipo de ‘dualidad’ que advertía Lenin en los momentos iniciales de la revolución rusa.
Esas aseveraciones no dan cuenta del hecho de que, si ni siquiera hay ‘dualidad de poder’ entre un ‘estado capitalista’ en descomposición y una forma embrionaria de ‘estado revolucionario’ con una lógica revolucionaria antiburguesa, a lo que remite el concepto leninista, tampoco existe esa dualidad entre un ‘estado’ cuarto republicano y un ‘estado nacional popular y democrático’, concepto este último al que podría remitir la noción de ‘Estado de bienestar’. El primero, con su régimen ‘democrático representativo’ ha sido desmontado históricamente, aún cuando la consolidación del segundo sea cuestionada por la oposición burguesa oligopólica, en la medida que su régimen económico no le permite acceder al ingreso petrolero en condiciones privilegiadas. No es extraño, por tanto, que el autor reduzca toda la evolución social en curso, abierta por la ‘revolución bolivariana’, a un problema de ‘conflicto intracapitalista’. Esta misma proposición es a la que remite otro autor que describe este conflicto como ‘bonapartismo’, por el cual “el ‘chavismo’ no es más que una alianza de fracciones de clase con dominio burgués…[que]…reúne a las fracciones más débiles de la burguesía venezolana, a la pequeña burguesía y a la clase obrera, en particular, a la capa constituida por la población sobrante”. Capa, esta ultima, que designa al conjunto de los restantes asalariados (E. Sartelli, www.rebelion.org/noticia.php?id=181883 ).
En realidad, el movimiento bolivariano inicial, que se constituirá finalmente en ‘chavismo’, surge de una ‘crisis general’ a fines del siglo XX, es decir, de una situación ‘catastrófica’ en las relaciones entre la burguesía oligopólica y las restantes clases y fracciones de ellas. La consiguiente autonomización de la pequeña burguesía, dio lugar a la radicalización de segmentos civiles y militares, los que arrastraron al conjunto de los sectores ‘populares’. Si con el término ‘bonapartismo’ muchos analistas políticos caracterizaron el ‘populismo’ latinoamericano, desconocieron los componentes antioligárquicos de éste y su papel en el desarrollo organizativo de la clase obrera. Sus líderes populistas estuvieron lejos de jugar un papel de ‘equilibrio’ entre fracciones de las clases dominantes y, paradojalmente, el autor desconoce el carácter ‘populista’ inicial que tuvo el chavismo y de como este tipo de movilización adoptó componentes popular-democráticos, transformándose en un movimiento nacional revolucionario. El desconocimiento del pasado lleva al anterior autor a omitir, precisamente, el papel futuro que el ‘bonapartismo’ podría jugar en la revolución bolivariana. En virtud de las hipótesis que se manejan en este trabajo, no es descartable una salida a la crisis actual por la vía de la metamorfosis del proceso revolucionario: su conversión en un ‘bonapartismo de masas’. La capa dirigente de la pequeña burguesía políticamente dominante, podría adoptar un rol de intermediación para intentar mantener un equilibrio entre las fuerzas del capital y las fuerzas del trabajo.
Las premisas anteriores también permiten aclarar algunos aspectos conceptuales propios al discurso gubernamental bolivariano en un doble aspecto: en el ámbito de las realidades económicas –cuando se habla de ‘guerra económica’- y en el de las realidades políticas, cuando se habla de ‘golpe de estado lento’. En una crisis política y económica coyuntural, las palabras y los conceptos son instrumentos para la acción y los significados y sentidos asumen roles simbólicos para los intereses en juego. En su última etapa de vida, el presidente Chávez empleó el primer término a fines del 2012, para designar y llamar la atención sobre una nueva situación económica que revestía gravedad para la revolución bolivariana. Hombre de acción, acuñó la expresión ‘guerra económica’, la que fue aceptada de inmediato, justificando que en el mes de febrero del 2013 el equipo económico gubernamental impusiera una drástica devaluación monetaria.
Sin embargo, el término ‘guerra económica’ ocultaba un fenómeno de dimensiones que no dependían tan sólo de las ‘convicciones’ individuales y/o grupales de algunos actores sociales. En esa oportunidad se llamó la atención hacia la nueva significación que, probablemente, iban a tener los fenómenos ‘económicos’ en el escenario político a partir de ese momento: la economía iba a generar hechos políticos inmediatos que condicionarían la actuación del gobierno bolivariano. (E. S. www.aporrrea.org/imprime/a159867,htm ). El curso de los acontecimientos en ese año ha confirmado plenamente dicha aproximación, en tanto el conflicto de clases se trasladó al ámbito económico, adquiriendo el comportamiento del capital especulativo dimensiones verdaderamente delirantes, afectando gravemente los niveles de ingreso de sectores populares y medios.
Con todo, parece claro que lo que estaba en juego era, más bien, una ‘crisis’ del proceso de acumulación del capital privado, que condujo a muchos de sus segmentos a una ofensiva especulativa sin precedentes, y a una ‘insurrección burguesa’ del ala extrema de su representación política. Las manifestaciones de la primera se han hecho visibles hasta ahora en el funcionamiento del mercado interno, por las alteraciones del sistema de precios tanto en el nivel de éstos como en su estructura relativa. En otros términos, si la desarticulación del mercado interno en la segunda mitad del 2013 se caracterizó por la caída de la inversión privada y del producto, presiones sobre el valor del bolívar y elevación drástica de la tasa de inflación, ello fue posible no sólo por una actuación tardía de los altos burócratas del gobierno a inicios del 2013, ni por la actuación oportunista de los empresarios. Esas decisiones fueron resultado de una situación objetiva de crisis en el proceso de valorización del capital: la no disponibilidad de divisas a fines del 2013, por el agotamiento de las reservas operativas resultante de la evasión por importaciones falsas de 20 mil millones de dólares, gatilló el comportamiento especulativo del capital interno y la pérdida de control por la dirección económica gubernamental de variables estratégicas para el equilibrio macroeconómico, que definen las condiciones generales en las cuales la acumulación de capital puede desenvolverse normalmente.
Aunque no existe investigación empírica disponible, al observar el comportamiento del PIB real anual hasta el 2013, es posible establecer la hipótesis de que a partir del 2008 la tasa de crecimiento interanual de éste pudo haber permanecido relativamente estancada y a un nivel muy inferior a la del periodo inaugurado a partir del 2004. Por tanto, la tasa de ganancia real de la burguesía industrial podría haber permanecido relativamente estancada, lo que unido a una tasa de inflación descendente hasta el 2012 –lo que no permitía descargar sobre la masa obrera y capas populares los costos de aquélla- pudo haber desencadenado las presiones de la burguesía sobre los mecanismos de acceso al ingreso petrolero. De modo que al hablar tan sólo de ‘guerra’ del capital contra los intereses populares, teniendo un correcto valor político general, se estaría ocultando responsabilidades de los funcionarios económicos del gobierno y, por otra parte, se afirmaría el ‘voluntarismo’ presente en el ámbito de las decisiones gubernamentales, mediante el cual se subvalora en la coyuntura actual la dimensión económica en su significación política para el proceso revolucionario.
Tiene también importancia el problema del significado del término ‘guerra económica’ para esclarecer la confusión sobre la naturaleza de los cambios económicos generados por el gobierno bolivariano. Toda la estrategia de redistribución del ingreso, sobre la base del ‘redireccionamiento’ de la renta petrolera –se redistribuyen ‘ingresos’ y no ‘renta’- no es una estrategia ‘socialista’. En la historia económica del capital, las políticas de redistribución son conocidas y han cumplido distintos objetivos, ya de concentración del ingreso en manos privadas para favorecer la inversión productiva, o meramente financiera –como ha ocurrido con las políticas neoliberales en América latina desde la década de los setenta del siglo anterior- o ya para elevar la demanda interna por medio del mejoramientos en los niveles salariales, para favorecer la recuperación de la inversión privada. Es el caso de los países nórdicos, ‘economías capitalistas’ avanzadas, que hasta la década de los ochenta del siglo pasado lograron una distribución del ingreso tal, mediante políticas social demócratas, que pudieron elevar considerablemente los niveles de vida de las clases trabajadoras.
Lo novedoso en las políticas del gobierno bolivariano ha sido utilizar la renta petrolera para favorecer una redistribución del ingreso orientada, no sólo a elevar sueldos y salarios de los sectores populares, sino que a ampliar cuantitativamente el mercado interno, con el aumento del número de consumidores por medio del incremento de pensionados y de la tasa de ocupación, mejorando cualitativamente las condiciones de vida de tales sectores. Esto es lo que se ha conocido como políticas de ‘inclusión’ a través de la promoción del acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a la recreación, en un esfuerzo sólo comparable con el de la revolución cubana. En general, se creía que ello elevaría la demanda y favorecería la inversión del capital productivo interno. La construcción de una nueva economía estatal y social permitiría, a su vez, reorientar el capital hacia una ‘acumulación endógena’ y no puramente rentística. En este sentido, el proyecto bolivariano ha comportado una forma históricamente distinta de ampliación del mercado interno, el que hasta fines del siglo XX se caracterizó por la ampliación de la clase obrera y la intensificación del proceso de explotación, tanto en los capitalismos centrales como en los periféricos.
En lo fundamental, la generación de tal forma de acumulación, con la consiguiente transformación de una economía ‘rentística’ en una economía productiva diversificada, ha fracasado. La estrategia de redistribución del ingreso hacia las grandes mayorías encontró su límite en la lógica de un capital cuya valorización ampliada depende todavía de su acceso al ingreso petrolero estatal para convertir los dólares, en bolívares. El fundamento de esta estrategia, un redireccionamiento de la renta petrolera hacia el sector público, también confrontó el obstáculo de que ese capital privado debe completar su ciclo de valorización convirtiendo sus bolívares en dólares, dentro de las condiciones de una economía rentística. La magnitud de las transferencias de capital de la burguesía venezolana hacia el exterior ha sido suficientemente puesta de relieve (M. Sutherland, J. Villegas, http://alemcifo.org ) y tales flujos no parecen sólo opcionales para la burguesía oligopólica, sino absolutamente necesarios para completar el ciclo acumulativo.
Los objetivos de diversificación productiva no se han logrado como tampoco la posibilidad de desprenderse de la lógica capitalista, lo que el mismo Chávez reconoció cuando lo afirmó en el Plan de la Patria, aunque matizando su planteamiento al señalar que: “el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros”. En ese “programa” se trataba “precisamente” de “afianzarlo y profundizarlo, orientándolo hacia una radical supresión de la lógica del capital”. Apuntaba hacia los inicios de una economía estatal distinta a la actualmente constituida por la de la industria petrolera, del aluminio y la del acero, al margen de la proposición puramente política de avanzar en la eliminación de la lógica capitalista. Como la experiencia del siglo XX ha mostrado, una economía estatal con o sin la supresión de la explotación capitalista, no es sino una economía ‘en tránsito’ al socialismo o al capitalismo, pero no es una ‘economía socialista’. En este sentido, la Rusia soviética probó históricamente, con su regresión actual a un cierto tipo de capitalismo central, que su ´transición’ al socialismo con una economía estatal planificada abortó, con todas las consecuencias mundiales que ello ha acarreado. Así, las ‘economías post capitalistas’ que emergieron en el siglo XX iniciaron simultáneamente el ‘tránsito’ al socialismo, pero ninguna de ellas lo culminó, lo que se evidencia en la regresión al capitalismo en los casos ruso y chino y en las interrogantes que se abren en el caso cubano: la descomposición de la lógica del capital aparece en una multilinealidad histórica, desde la cual el surgimiento del socialismo no es inevitable.
Lo anterior basta para plantear la hipótesis de que en una economía periférica como la venezolana, una estrategia de redistribución del ingreso hacia los sectores populares y medios, aún con ‘intencionalidad’ socialista de sus capas dirigentes, no es suficiente para iniciar un ‘tránsito’ al socialismo como estadio productivo. Entre una ideología gubernamental ‘socialista’ y el tránsito a una realidad económica socialista, media un trecho histórico considerable, como lo atestiguan los ‘socialismos’ africanos surgidos en la segunda mitad del siglo XX, actualmente desaparecidos. Sin embargo, las dificultades económicas desarrolladas a partir del 2012, que culminaron parcialmente con la devaluación de febrero del año siguiente y que se continuaron hasta desembocar en la crisis actual, no descartan la posibilidad histórica de un post capitalismo y del inicio a partir de éste de una transición hacia una forma de socialismo. Aún más, es precisamente esta posibilidad la que ha desencadenado la reacción política de las capas de ultraderecha de la burguesía venezolana en el mes de febrero del 2014 por medio de una ‘insurrección’, es decir, acciones armadas con el objetivo de derrocamiento del gobierno, que intentó presentarse bajo la forma de un ‘levantamiento de masas’, del cual ya es posible tener una visión general que permita un examen tentativo de su naturaleza y significación, como se verá más adelante.
3.-Insurrección y levantamiento.nacional.
Igualmente, las anteriores premisas permiten acotar el sentido del término ‘golpe de estado lento’, cuyo significado inmediato choca con percepciones colectivas, pues un ‘golpe de estado’ es, por definición acorde con toda la realidad histórica, una acción armada planificada para que, en aras de su efectividad, emplee el mínimo de tiempo en derrocar a un gobierno constituido legalmente. La violencia desencadenada en febrero y aún en curso en el mes de marzo, está lejos de poder ser considerada en su naturaleza como ‘un golpe de estado’ como tal. Como ha tenido que reconocerlo a medias un partidario histórico del ‘diálogo’ con los sectores ‘democráticos’ de la Oposición (J. V. Rangel, www.aporrea.org/oposición/a184486.html ), en realidad las ‘protestas’ callejeras de ésta, han formado parte de un ‘proceso insurreccional’, un proceso violento de duración indefinida con objetivo de generar … un ‘golpe de estado’. Es decir, una acción rápida que pueda destituir, directamente o por medios jurídicos, a la máxima autoridad de gobierno, instaurándose un Ejecutivo de emergencia o simplemente un gobierno de facto.
En realidad, no se trataba de “un plan elaborado en detalle y una estructura insurreccional encargada de ejecutarlo”, como planteaba el autor. Había un ‘plan’ y una estructura, una ‘organización’ para ejecutarlo, pero una ‘insurrección’ es un alzamiento en armas de un grupo social, el que se dota de una estructura para conseguir el logro de objetivos políticos mediante la ‘acción directa’. En otros términos, la ‘insurrección’ es un sustantivo, un proceso social, y no un adjetivo, una característica de éste. Precisamente, porque era una insurrección en el primer sentido, “Considerar…[que]…el agotamiento de los focos guarimberos significa que el peligro pasó, es un error”. Y, aún más, el hecho de que era una ‘insurrección de masas’ de fracciones de la pequeña y mediana burguesía, tenía razón al afirmar que “el desafío es colosal para el orden constitucional y democrático vigente”. Es decir, podemos acotar, para un ‘estado nacional popular’ todavía débil, con un régimen democrático participativo inédito dentro del contexto latinoamericano. ‘Insurrección burguesa’ que intentó adoptar la forma de un ‘levantamiento de masas urbano’ a nivel nacional para legitimarse, proceso que ha sido contenido, aunque no aplastado. De hecho, en la última semana de marzo, si se mantenía confinada a focos en determinadas áreas de algunas de las principales ciudades en la zona central y oriente, todavía alteraba considerablemente la normalidad de la vida urbana. Y en dos estados andinos, Táchira y Mérida, sus economías regionales se presentaban semiparalizadas, contando con el apoyo mayoritario de la alta, mediana, pequeña burguesía, y ‘clase media baja’. Contenida a nivel nacional, por el hecho de que no logró arrastrar a los sectores populares en general, ni concitar el apoyo complementario activo de la gran burguesía que prefirió aparecer dialogando con el gobierno bolivariano, al constatar su aislamiento en el escenario latinoamericano.
La cadena de ‘protestas’ callejeras, así llamadas por los opositores al gobierno bolivariano, han respondido internamente a un proyecto planificado y ejecutado por los principales líderes de Voluntad Popular, un pequeño ‘partido político’ de extrema derecha, dirigido por Leopoldo López Mendoza y María Corina Machado, apellidos vinculados a la oligarquía económica de siglo XX. Desde un ángulo internacional, el plan ha estado sujeto a la aplicación de una estrategia de ‘guerra de cuarta generación’ ( J. M. Karg, www.rebelion.org/noticia.php?/id=182262 ., Carlos Lanz R., www.rebelion.org/actualidad/.a184623.html ), para provocar un ‘cambio de régimen’. Es obvio que ello permitiría la articulación dependiente de la economía venezolana, propietaria de las mayores reservas petroleras mundiales, a los centros de poder claves de la economía internacional.
Encabezadas por un reducido segmento de juventud universitaria con dirigentes debidamente entrenados en el exterior, las ‘protestas’ gatillaron el bloqueo defensivo de vías de comunicación, las llamadas ‘guarimbas’, en torno a las cuales se iniciaron acciones ofensivas, o ‘motines’ dentro de su entorno, con medios de combate agresivos tales como piedras, bombas molotov, hasta armamento ligero. En la zona andina (Táchira y Mérida) desde el inicio, tales protestas fueron un punto de partida de acciones volantes en otras áreas, con individuos entrenados para llevar a cabo sabotajes a la infraestructura urbana: incendio de locales comerciales, edificios públicos (universidades, ministerios, locales de la red estatal de salud, viviendas y abastecimientos populares), medios de transporte público y privado, residencias de altos funcionarios estatales, plantas de electricidad y de agua potable, ecocidios. La ‘guarimba’ ha contado con un área de protección vecinal que le ha proporcionado ayuda inicial para la obstrucción de calles, núcleos de almacenamiento y construcción de elementos de ataque, coordinación y comunicación, aunque a medida que la violencia anárquica comenzó, tales apoyos activos decayeron. La vecindad pudo mantener la obstrucción de calles secundarias, pero el cierre de vías y puntos estratégicos fueron planificados y mantenidos por personal que recibió entrenamiento específico y que actuó con cobertura de redes clandestinas con algún grado de centralización. En la ciudad de San Cristóbal, desde el 4 de febrero, las ‘protestas’ tuvieron el objetivo táctico inmediato de controlar población y territorio, generar la parálisis económica de la región, y mantener una situación de caos, ingobernabilidad, en lo cual tuvieron un éxito relativo. En su oportunidad, el alcalde de la ciudad y principal representante de la Oposición, planteó públicamente y sin arrogancia alguna que, ‘controlamos la ciudad y toda la región’.
Desde este ángulo, las declaraciones oficiales a fines de la segunda semana de marzo, en el sentido de que “Las guarimbas han pasado de grupos armados de la derecha a delincuencia organizada que está azotando a las comunidades” en las urbanizaciones de clase media y media alta en Valencia y Caracas, desconoció el carácter insurreccional del proceso en su conjunto al asumir un margen de ‘protesta’ democrática ‘coexistente’ con la acción de grupos armados, Las ‘guarimbas’ han arrastrado desde su inicio a un sub mundo urbano de bajos ingresos, al reclutamiento de mercenarios (en la zona andina de paramilitares colombianos), evidenciando la naturaleza político-militar del proyecto de ‘levantamiento urbano’.
La caracterización de las ‘protestas’ proporcionada por el gobierno explica el modo de enfrentamiento de ellas: mediante una ‘estrategia global de contención’, y no ‘de represión’, puesta en práctica con un ‘enfoque táctico policial’. Ella resultó exitosa en sus dos planos: imposibilitó la generación de condiciones que permitieran el surgimiento de un ‘golpe de estado’ en el corto plazo y, en su contrapartida política, la ‘estrategia de visibilidad’ de los efectos de la insurrección, que tuvo efectos positivos para el Gobierno en la percepción colectiva interna, en la cual se ha advertido hasta ahora un rechazo mayoritario a las acciones violentas. Sin embargo, el gobierno no sólo no logró abortar el plan cuando estaba en su fase de preparación, lo que ha significado un enorme costo social por la rigidez táctica, al permitir su prolongación en el tiempo. Este costo se ha reflejado políticamente al tener que entrar a ‘dialogar’ con la derecha económica, asunto rechazado por la derecha política, y luego en el costo económico, que se ha calculado en torno a los 10 mil millones de dólares. La Oposición ‘democrática’ ha gravado la economía del país en alrededor de 30 mil millones de dólares en acciones desestabilizadoras desde 1998, si se considera el costo del Paro petrolero del 2002. Se desconoce la importancia que pudo haber tenido la prolongación del proceso insurreccional en el surgimiento de un conato de coordinación golpista en la Aviación –como se sabe fueron apresados tres generales- y tampoco el alcance de éste.
El ocultamiento conceptual y práctico del carácter insurreccional de las ‘protestas’ ha tenido su correlato también en el tipo de enfoque táctico, esencialmente pasivo, para acometer las tareas de neutralización de las acciones armadas: un ‘enfoque policial’ de reducción de la violencia directa, con la típica actuación de disolución de turbas callejeras. Este enfoque condujo a que se abortaran 500 eventos violentos diarios hasta mediados de marzo, con el empleo de cerca de 21.000 funcionarios, con un saldo de 29 muertos –hasta ese momento un guardia nacional- en los que no se contabilizó a ningún ‘guarimbero’, pero sí a víctimas de éstos. En cambio, no se logró abortar ninguno de los eventos de saqueos, incendios y actividades de destrucción urbana, de sabotaje, inicialmente, y había apenas 105 detenidos con ‘privativa de libertad firme’, es decir, de incursos en actividades delictivas con indicios o pruebas de actuación, entre los cuales había 21 funcionarios de los organismos de orden, según declaraciones del presidente Maduro en El Universal del 15/03/14. Apenas un cabecilla intelectual estaba preso y las redes clandestinas operaban hasta ese momento con toda libertad en el área andina. Evidentemente, la retórica de denuncia y amenaza a la derecha ‘neofascista’ no parecía tener resultados muy espectaculares, si bien era indiscutible el éxito del gobierno al neutralizar la ofensiva internacional en contra de la revolución bolivariana.
4.-Insurreción y levantamiento en el estado Táchira.
Donde dicho enfoque policial táctico defensivo y la estrategia de contención en sus aspectos políticos internos revelaron sus mayores limitaciones fue en la capital del estado Táchira, San Cristóbal, con 800.000 habitantes que constituyen el polo demográfico mayoritario de la región. Como resultado de una larga campaña de organización y reclutamiento de jóvenes universitarios desde el 2010 que contó con apoyo activo de autoridades universitarias autónomas estatales regionales, los brotes de violencia arrojaron un balance inicial de una muerte, decenas de heridos y ataques a la infraestructura estatal, inclusive un intento de incendiar la sede de la Gobernación. Si el 28 de febrero un recuento global de la Fiscalía General contabilizaba a nivel nacional 17 muertos y 261 heridos, sólo en San Cristóbal se habían incendiado siete locales comerciales y dos edificios de gobierno, siendo visible la participación de grupos paramilitares, redes logísticas clandestinas, operaciones coordinadas de sabotaje, y de guerrilla urbana. El apoyo social amplio, visible en las cerca de 40 ‘urbanizaciones’ de la parte alta y media de la ciudad, estuvo compuesto por una gran masa pasiva que aceptó las argumentaciones del alcalde de extrema derecha para justificar estas acciones. Algunos sectores populares apoyaron inicialmente esta movilización, aunque gran parte de ellos, junto con sectores afectados por la prolongada semi paralización económica regional, a comienzos de marzo acusaron ya un fuerte cansancio frente a las acciones violentas, con un claro rechazo también al gobierno.
No es casualidad, por tanto, que al inicio de la tercera semana de ‘protestas’ y cuando los incidentes disminuyeron en cantidad e intensidad en Caracas y similares situaciones se reprodujeron en otros centros urbanos, que ellos se intensificaran en el Táchira. Este desplazamiento del centro de gravedad nacional del intento de ‘levantamiento de masas’ coincidió precisamente con la entrega a la policía en Caracas del principal inductor de los disturbios, Leopoldo López. Tal desplazamiento del eje conflictivo exigió que el Ejecutivo nacional desplazara tropas militares al Táchira y constituyera un Estado Mayor para ejecutar medidas de control del orden regional. De hecho, la extrema derecha controlaba territorialmente la ciudad ya que la actividad comercial y de servicios se mantenía, a mediados de marzo, parcialmente sujeta a un ‘toque de queda’ fáctico, desde la una de la tarde hasta la madrugada. El gobierno regional controlaba desde el inicio corredores viales estratégicos aunque algunos de ellos solo parcialmente, viéndose obligada la Guardia Nacional a intervenir de modo disuasivo diariamente y a ciertas horas para eliminar guarimbas que surgían por la acción de grupos entrenados, para los cuáles ésta era ya una actividad rutinaria. Emergían tácticas propias de una ‘guerra de posiciones’ en la que, desde a lo menos siete ‘urbanizaciones’ de clase media, baja y media alta, en torno a las cuales hay muchos núcleos populares de bajos ingresos, grupos organizados ejecutaban, hasta mediados de marzo, una actividad diaria de incendios y saqueos, hostigando a la Guardia Nacional con piedras y bombas molotov en cantidades. Estas eran ya acciones de ‘guerrilla urbana’ que se complementaban con ‘acciones terroristas’, como las de quemar vehículos de transporte o de particulares, para disuadir a la ciudadanía de reanudar sus actividades normales y acciones nocturnas para generar terror, como hacer disparos de armas cortas en la noche y estallidos de ‘morteros’.
Las tácticas policiales de la Guardia Nacional orientadas a disuadir y abortar ‘motines’ –a lo que remiten finalmente las ‘guarimbas’- por medio de la acción disciplinada de grupos de contención, en áreas urbanas de alta concentración espacial como Caracas, con carros lanza aguas y gas lacrimógeno, con prohibición de utilizar armas de fuego, tienen poco efecto en estructuras semiurbanas extensas de concentración demográfica dispersa, en terreno irregular y en pendiente, con localidades de difícil acceso.
La estrategia general de ‘contención’ ordenada desde Caracas no detuvo, por tanto, el curso de la insurrección en el estado Táchira y se mantuvo hasta la última semana de marzo, sólo variando la intensidad de los enfrentamientos. Solamente en la penúltima semana se incendió y saqueó el edificio universitario de la UNEFA, se incendiaron dos carros frente a una de las dos grandes clínicas de la ciudad, se intentó saquear dos establecimientos de las cadenas Makro e Hipergarzón en la periferia imponiendo sujetos armados un tributo a cada uno de los compradores, se intentó incendiar el edificio del Ministerio del Ambiente y oficinas de la estatal PDVSA, atacando dos ambulancias con heridos en una de las principales avenidas. Y dados los altos niveles de inseguridad colectiva, no es posible un recuento de los innumerables atracos a ciudadanos. La casi paralización de la economía regional y de su principal urbe, marcaron el fracaso de la política del gobierno regional hasta esa penúltima semana, que había sido incapaz de asegurar la condición mínima para garantizar un orden urbano: la comunicación vial intraurbana. Tal vez por ello es que ni siquiera la detención de su alcalde, ordenada por el gobierno nacional, detuvo el proceso insurreccional, aunque desde esa semana se iniciaron los ‘operativos’ de erradicación de guarimbas en la parte media de la ciudad, con enfrentamientos de alta intensidad. Éstos culminaron a fines de la última semana, con la erradicación de los focos de conflicto de la parte alta en donde la presencia de grupos armados había sido más evidente. Paradojalmente, en éstos no hubo resistencia vecinal ni armada, lo que permite presumir que las redes de resistencia insurreccional evitaron deliberadamente el enfrentamiento, lo que suscita serias reservas respecto del posible curso del conflicto. El gobierno central podría así en el futuro pagar la pesada factura del abandono histórico de la región, en la cual siempre han estado presentes, de acuerdo con las percepciones colectivas, o representantes políticos regionales para los cuales los cargos son fuente de ‘disfrute del poder’, o representantes del gobierno central de tono menor, para los cuales los cargos máximos del gobierno regional son, al parecer, ‘el mal menor’.
La peligrosidad de tal situación se advierte con claridad a partir de las evidentes singularidades geoestratégicas de este estado fronterizo. Debe considerarse que hasta el 2012, fecha para la cual se cuenta con información confiable, el estado venezolano tenía sólo el control territorial e institucional parcial de la franja limítrofe con Colombia, desde Guasdualito en el Alto Apure, pasando por Rubio y Ureña, hasta Colón en el estado Táchira. En términos del poder real, esta área se encontraba repartida entre el Ejército venezolano, grupos delictivos a cargo del gran tráfico ilegal de gasolina, víveres, narcóticos, y grupos paramilitares colombianos. Parte de la actividad burocrática de las autoridades locales debía contar con la anuencia de tales grupos. La imposición de tributos en las áreas ganaderas y a las actividades urbanas como gremios de transporte, eran y siguen siendo de conocimiento público.
La significación de esta economía no formal e ilegal fronteriza es de tal magnitud que los controles recientes sobre la evasión de gasolina y de víveres hacia Colombia ha generado una crisis económica regional en el Norte de Santander. Sólo por concepto de ingresos, la ciudad de Cúcuta ha visto disminuir sus ingresos de 800 mil millones de pesos en el 2008 a 400 mil millones en el 2012 (La Nación, Táchira, 19/03/2014). No menor ha sido su importancia para la economía tachirense que desde el siglo XIX, es eminentemente ganadero agrícola, y para la cual tales flujos son a la vez fuente de ingresos de varios grupos sociales, delitos de ‘cuello blanco’ que coexisten con los del modesto ‘bachaquero’, o pequeño contrabandista de víveres subsidiados. Contrabando de víveres cuya significación puede apreciarse por las estadísticas del Gobierno Nacional, que lo cifran en el orden del 40% del total de importaciones de alimentos. Para los sectores de la alta y mediana burguesía tales actividades no pueden ser apreciadas sino por indicadores hasta el momento no cuantificados, pero es posible que el movimiento de capitales nacionales evadidos a Panamá y Costa Rica encuentre un punto de apoyo en tales sectores sociales.
En verdad, la singularidad de la situación geopolítica y económica del Táchira había alcanzado en sus dimensiones estratégicas un punto de inflexión hacia el 2009, derivado de la nueva política exterior norteamericana y del consiguiente giro internacional del gobierno uribista hacia Venezuela. En esa oportunidad, en un trabajo se llamó la atención sobre la necesidad de situar esas redefiniciones estratégicas nacionales de largo plazo en un contexto regional. Era evidente que esos dos actores habían detectado el punto débil de Venezuela: el abandono histórico de las áreas económicas y sociales fronterizas. Por consiguiente, el espacio de maniobra para hacer políticas fronterizas había cambiado, tanto en los ámbitos económicos como en los de seguridad del estado. El Táchira iba a tender a situarse en el centro de esos conflictos y el problema paramilitar y de narcotráfico iba a requería un drástico cambio de enfoque, pues en esas condiciones el problema ya no era el de la continuidad del gobierno bolivariano. Se trataba de la viabilidad del Estado y de la Nación y, por consiguiente, se requería de un enfoque integral del problema fronterizo a través de medidas de corto, mediano y largo plazo. Se proponía un estatuto institucional especial por medio de una autoridad única, con poderes extraordinarios para incidir en las dimensiones económicas, de inteligencia, de policía y seguridad militar (E. S., www.aporrea.org/tiburon/a90128.html ). No cabe duda de que el curso de los acontecimientos desde el 2009 hasta hoy han confirmado esas apreciaciones, de modo que la situación posterior al agotamiento de la insurrección regional en el mediano plazo abre, en el seno de la sociedad tachirense y en sus relaciones con el país, una verdadera ‘caja de Pandora’.
5.-Insurrección y neofascismo.
Ahora bien, se ha caracterizado como un movimiento ‘neofascista’ al proceso insurreccional de la Oposición. Desde un ángulo general, la analogía con el fascismo europeo del siglo XX aparece si se comparan sus bases sociales, constituidas en el caso venezolano por segmentos de la pequeña y mediana burguesía, afectados negativamente por el curso de las transformaciones económicas y los efectos de la actual crisis de coyuntura. Estos segmentos son aquéllos que no forman parte de las capas burocráticas civiles y militares que se han constituido en ‘capa política dirigente’, controlando –no ‘tomando’- el poder del estado. La autonomización del conjunto de la pequeña burguesía y su constitución en una ‘clase políticamente dominante’, ha polarizado a los estratos de las ‘clases medias’, de base pequeño burguesa productivas y de servicios, en un segmento radicalizado hacia la extrema derecha, con el apoyo de la burguesía oligopólica, ‘fracción hegemónica’ de la clase dominante, y un segmento convertido en ‘capa dirigente’ que tiene el control, a través del régimen político, del nuevo tipo de estado en construcción, sobre una base popular amplia. Esta coalición ha construido el tejido social de ‘nación’, proyectando su consolidación en un horizonte ‘socialista a través de un proceso de transición que, de iniciarse, debería reducir directa y drásticamente el poder de la burguesía oligopólica. Aunque esta última tarea no se la planteó el proceso bolivariano bajo el liderazgo de Chávez, es su posibilidad histórica actual lo que confiere el rasgo reactivo más característico al neofascismo venezolano: su carácter ‘contrarrevolucionario preventivo’. Es decir, orientado a alterar por la vía armada la estabilidad estatal y destruir el proceso bolivariano mismo en su componente popular revolucionario, antes de que éste intente iniciar ese tránsito. Desde este ángulo, el neofascismo venezolano tiene mayores analogías con el franquismo que, aunque a través de una guerra civil, se orientó esencialmente a aplastar a la clase obrera y al campesinado español. Método que, por cierto, no parece excluir la extrema derecha venezolana.
Más allá de los aspectos señalados, las analogías con los fascismo europeos del siglo XX parecen poco útiles y, de hecho, los ejercicios de examen político comparativo más fructíferos han sido los intentados con la experiencia de la Unidad Popular. Podría parecer que la extrema derecha venezolana tendría un idéntico propósito ‘refundacional’ al igual que sus similares chilenos, basada esta apreciación implícita en su ideología económica neo-liberal. No obstante, estos últimos enarbolaban un proyecto basado en la apertura económica internacional, para priorizar la exportación de recursos naturales con ventajas comparativas. En la situación venezolana, tal proyecto sólo tendría un carácter ‘restaurador’ de su anterior situación mono-exportadora, a diferencia del fuerte desarrollo industrial sustitutivo que tenía la economía chilena y en cuyo desmontaje tenía interés la oligarquía de ese país.
Pero no menos diferentes son las bases culturales de ambos ‘neofascismos’, pues si los antagonistas a la Unidad Popular enarbolaban un relato tecno-económico muy complejo y una fuerte crítica histórico política, las bases ideológicas de la extrema derecha venezolana son notablemente pobres. Es probable que el discurso de la ‘libertad’ de una de sus líderes, María Machado, sólo sea entendido en su nebulosidad abstracta sólo por sus seguidores con formación educacional norteamericana. Sus alcances sobre los valores ‘democráticos’, en abierta colisión con los objetivos anticonstitucionales del movimiento, es muy poco lo que pueden decir a sus seguidores tachirenses más fieles educados en el seno de una cultura regional esencialmente autoritaria, en una sociedad que ha generado los principales dictadores de la Venezuela del siglo XX. Tampoco debe confundir la xenofobia que ha caracterizado amplios estratos burgueses en la segunda mitad de ese siglo, más por rigidez cultural y carencia de políticas estales de inclusión, y el racismo histórico, que ha permeado desde el siglo XVIII a la alta burguesía central y a la sociedad andina desde el siglo XIX.
En todo caso, desde un ángulo puramente empírico, no cabe duda que en la situación venezolana, el concepto apunta a caracterizar hasta ahora no a un movimiento social sino a un grupo político, cuyo objetivo declarado es el derrocamiento del gobierno constitucional bolivariano por medio de un plan en curso, de sabotajes, actos terroristas, campañas de terror, asesinatos selectivos, huelgas gremiales encubiertas, actividad de guerrilla urbana, acciones todas perfecta y técnicamente distinguibles a lo largo de los dos últimos meses. El objetivo táctico de control de territorio y población les permite generar caos social y económico básico para sostener la ingobernabilidad necesaria que genere las condiciones propicias a un ‘golpe de estado’. La vía para éste es la ‘insurrección’, bajo la forma de ‘motines’ capaces de expandirse como ‘levantamientos urbanos’. Sin embargo, con financiamiento externo e interno ilimitado, la representación política de la extrema derecha no ha sido capaz de aislar internacionalmente al gobierno bolivariano, menos que por la acción gubernamental, como por el aislamiento político de Estados Unidos, plataforma básica para el financiamiento, apoyo político y asesoría a los grupos armados.
Por tanto, es posible concluir que, hacia la última semana de marzo, el intento de ‘levantamiento urbano’ planeado por el segmento político ‘neofascista’ de la Oposición había sido bloqueado a nivel nacional, y de 18 municipios donde las movilizaciones violentas fueron mayores, sólo en tres o cuatro se mantenía la violencia, de acuerdo con las informaciones generales. Pero si en éstos la Oposición se situaba en un “plan de protesta insurreccional”, según el gobierno bolivariano, no es menos cierto que estos últimos municipios, en los estados Táchira, Mérida y Bolívar, tenían el suficiente peso como para comprometer las respectivas sociedades regionales. En los estados andinos el proceso insurreccional ha seguido su curso hasta esa fecha, con el evidente objetivo táctico de mantener el mayor tiempo posible la situación de caos, generando una imagen internacional que, debidamente manipulada, pudiere sostener la ofensiva mediática internacional norteamericana sobre Venezuela. En el estado Bolívar, en particular, el enfoque táctico policial dio lugar a un ‘enfoque político-militar’, pues las autoridades debieron iniciar –según declaraciones oficiales- un operativo contra ‘guerrilla urbana’ y ‘terrorismo’, con allanamientos masivos contra urbanizaciones de alta agresividad y grupos con armamento ligero, por medio de helicópteros de apoyo, carros blindados y contingentes masivos. En el resto del país, continuaron las actuaciones de grupos armados, no sólo interfiriendo el movimiento urbano, sino que realizando actos de sabotaje contra plantas eléctricas, plantas de agua potable e incendios intencionales en la infraestructura pública. Evidentemente, los costos del primer enfoque parecían ya ser mayores que sus beneficios. Un indicio de que en el Táchira, el principal foco de apoyo al neofascismo, la situación de ‘autismo’ político -desconexión con el mundo real- parecía estar cambiando, lo indicaba el que desde la penúltima semana de marzo se iniciaran operativos de despeje de vías, en urbanizaciones conflictivas de la zona media. Ello culminó en la madrugada del sábado 28, cuando se iniciaron acciones tendentes a eliminar los obstáculos instalados en los puntos estratégicos de la zona alta de la ciudad, aunque sus urbanizaciones nucleares en las acciones armadas, no fueran allanadas.
Del análisis anterior se puede concluir que, la insurrección burguesa opone a las fracciones democráticas y revolucionarias de la pequeña burguesía, a la fracción política neofascista, pero que si esta última se presenta políticamente desvinculada de la fracción oligopólica de la burguesía, ello responde tan solo a la relativa autonomía de aquélla. Nada autoriza a pensar que el capital oligopólico no pueda pasar a una fase de apoyo abierto a una salida política violenta de sus representantes políticos radicalizados de conjunto con un lock-out empresarial. Ello quiere decir que el neofascismo es sólo una de las opciones que históricamente juega la burguesía venezolana, frente a la posibilidad de que la acción estatal dé lugar a un desarrollo revolucionario, concebido éste dentro de los lineamientos del pensamiento del último Chávez. No es descartable tampoco una salida bonapartista ‘de masas’, como ya se ha señalado, lo que involucraría el agotamiento de la fuerzas revolucionarias, tal como éste se concibe en el imaginario del ‘chavismo popular’.
Simplificar la anterior situación caracterizándola ya como un enfrentamiento intraburgués, o al ‘chavismo’ como movimiento de apoyo a un ‘bonapartismo’ que estaría en trance de disolución al morir su líder, desconoce un complejo proceso histórico, reduciéndolo a un simple movimiento político electoralista exitoso. En todo caso, aún cuando el movimiento insurreccional fracasare completamente, deja establecidos ciertos hitos fácticos: la burguesía venezolana no descarta la ‘toma del poder’ por la vía violenta, independientemente de los costos que ésta implique. El enorme desperdicio de vidas humanas y destrucción material, no son ‘actos vandálicos’ atribuibles a ‘grupos infiltrados’, según la Oposición, ni a los ‘pequeños grupos violentos’, según el Gobierno. Son el componente necesario del delirio destructivo de sus fuerzas de ataque, atribuible a su contenido de clase. Como se ha visto, la insurrección se orientó a destruir todo elemento material que tuviera connotaciones populares, abastecimientos estatales de víveres y energía, centros de salud, todo lo asociable al ‘chavismo’ como fenómeno popular. El neofascismo venezolano triunfante supondría un retroceso histórico y un baño de sangre de proporciones desconocidas en América Latina. Si tiene sentido hablar de ‘lecciones de la Historia’, no debe olvidarse que la guerra de la Independencia en Venezuela fue la más cruel de Hispanoamérica y que la violencia signó todo el curso del siglo XIX, coronándose con la bárbara dictadura gomecista. La ‘democracia representativa’ de la segunda mitad del siglo XX continuó ese hilo conductor y frente a este decurso histórico, el humanismo real de un Chávez representa una auténtica ruptura histórica. Por eso, si la lógica subyacente abierta el 12 de febrero ha sido la de que en una ‘guerra’ todo está permitido, desde el asesinato de inocentes por degüello en las guarimbas, hasta el incendio de bosques, pasando por la destrucción urbana, la insurrección implica un cambio en la ‘lucha de clases’, el tránsito a una ‘guerra de clases’. No debe olvidarse que este ‘neofascismo’ tiene como objetivo histórico destruir las bases del proceso revolucionario, todavía nacional popular, y a la forma de ‘estado’ que lo sostiene.
Desde este ángulo, no cabe la menor duda que el otro hecho básico es el de que la insurrección tiene un claro objetivo de clase: es una contrarrevolución que intenta adelantarse a un posible curso socialista real. En este sentido, la fracción oligopólica ha rayado el terreno de juego de la lucha política a través de sus dos representantes más conspicuos: Diego Cisneros y Lorenzo Mendoza. Para ellos, el gobierno bolivariano debería enfrentar la actual crisis económica con medidas drásticas para estimular la acumulación privada, asumiendo que la estructura básica del capital no puede ser modificada en el sistema económico, y que la crisis política debe ser resuelta por una mediación independiente entre Oposición y Gobierno que permita una salida institucional que, evidentemente, dé un espacio de poder a la primera. Que ello pueda ocurrir en el corto y mediano plazo dependerá de la capacidad política del segmento revolucionario de la cúpula bolivariana. A largo plazo, la única garantía de un curso real hacia un horizonte socialista del proyecto bolivariano dependerá del fortalecimiento de las direcciones revolucionarias y de la clase obrera, de la habilidad de éstas para construir un esquema de alianzas de clase que alteren la correlación de fuerzas en su favor.
La salida violenta buscada por la extrema derecha ha planteado también el problema del modo de enfrentamiento al ‘enemigo’ de un estado nacional, apoyado por fuerzas políticas externas y apunta a otra situación fáctica. En el caso de las democracias convencionales es más que probable que la fuerza coactiva del estado se habría desencadenado a la semana de iniciadas las ‘protestas’: la dirección política de la insurrección habría sido encarcelada y la acción violenta desatada por las ‘guarimbas’ habría sido reprimida por medio de la actuación armada. Sólo una democracia avanzada como la venezolana actual, tuvo que atenerse a principios de actuación coercitiva estatal sujeta a exigencias constitucionales distintas. Una estrategia de contención, y no de represión, puede ser la más acorde con una forma estatal nacional-popular. Pero lo que es discutible es la forma de aplicación, los enfoques tácticos a que dan lugar las distintas situaciones urbanas y regionales. Si la poca efectividad de la actuación policial puede medirse por la magnitud y variedad de las acciones insurreccionales puestas en acción y podían aceptarse por la difícil situación en el frente internacional del conflicto, la correlación de fuerzas real comenzó a desplazarse a favor del gobierno bolivariano ya a fines de la primera semana de marzo. La votación favorable a la no intervención de la OEA el siete de marzo y el aislamiento de Estados Unidos, pudo haber marcado un giro táctico en el frente interno. Ello no sucedió y permitió un curso insurreccional con mayor virulencia en las áreas de frontera, en el estado Bolívar, Táchira y Mérida. En el primero, lo focos violentos tuvieron que ser enfrentados con el abandono de enfoques policiales defensivos, y en los segundos, sólo en la penúltima semana de ese mes, como se ha visto, se despejaron enérgicamente las vías urbanas. Hay fuertes indicios de que la organización clandestina que operó en éstas subsiste y se prepara para una ‘segunda etapa’, en otros términos, para los liderazgos de mayor nivel, los entrenados para actuar conforme a sus planes todavía vigentes, sólo ha cambiado la situación política y no han sido derrotados militarmente. Los liderazgos locales, algunos surgidos y otros fortalecidos en la lucha de las ‘guarimbas’, mantienen sus redes vecinales de apoyo –“aquí los tenemos a todos fichados”- y sus conexiones con la institucionalidad regional. En la zona andina, la insurrección ha contado con apoyos mayoritarios y, particularmente, en los sectores que con mayor agudeza han experimentado el impacto de la crisis a nivel regional, la pequeña burguesía, clases medias bajas, que viven de la actividad de servicios.
Más allá de tales situaciones, sin embargo, la enorme duración del conflicto puede también atribuirse, menos que a una debilidad del gobierno bolivariano, a una característica cultural de la temporalidad de la política en una ‘sociedad rentista’. Se han aceptado los costos económicos enormes de la insurrección prolongada, debido a que el excedente económico es en buena medida ‘renta’: en la premodernidad gozosa de una sociedad rentista, el gobierno bolivariano todavía disfruta del ‘time is not money’.
Aunque la dialéctica histórica entre acción estatal y acción revolucionaria es compleja, no obsta para que pueda apreciarse también otro hito básico: la insurrección burguesa llevó al estado bolivariano a privilegiar su estabilidad en detrimento de su accionar revolucionario. De hecho, las masas populares permanecieron al margen del conflicto, expectantes, ya sea porque estaban desmovilizadas o ya sea porque acataron disciplinadamente la orden de ‘no ceder a provocaciones’. Sólo la investigación y la discusión en el seno del movimiento obrero y popular permitirá dilucidar este problema. No obstante, la estrategia de enfrentar la violencia burguesa con la ‘paz’, el ‘amor’ y la ‘dulzura’ comportó también frenar la capacidad combativa y la organización de auto-defensa, aún de lugares emblemáticos. El asalto, incendio y saqueo de la UNEFA, en San Cristóbal, ocurrió en un territorio nuclear en el conflicto, cuyo acceso era bloqueado por un ‘container’ de acero empotrado en el pavimento y que, según observadores, estaba coronado por un cartelón que decía “Bienvenidos a territorio guarimba”. Y, como sucedió en casi todos los edificios gubernamentales incendiados, estaba sin resguardo alguno, ni de brigadas de alumnos, ni de policías, pudiendo sus atacantes rechazar durante horas a la Guardia Nacional e incluso matar a uno de sus integrantes.
La responsabilidad de la cúpula bolivariana frente a la historia es, por tanto, enorme: o entregar a las fuerzas populares con las ‘manos atadas’ al neofascismo, al modo como lo hizo izquierda en el Chile de la Unidad Popular, derivar hacia una coexistencia no conflictiva con la burguesía oligopólica –que sólo podrá ser transitoria- en el nuevo ciclo histórico en desarrollo, o continuar la línea de impulso revolucionario en la mejor tradición del pensamiento de Chávez, frente a una lógica estatal lastrada por el chantaje armado de una burguesía parasitaria. Sin embargo, el potencial de cambio generado hasta ahora por las masas populares venezolanas autoriza a pensar que, como dijo José Antonio Félix Ribas:”No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer”.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Compartir esta noticia:
No hay comentarios:
Publicar un comentario