| Ponencia en la Conferencia de organización sobre la caracterización del Estado en México. Partido Comunista de México: www.partidocomunistademexico.org |
Vivimos la crisis del estado surgido de la revolución mexicana. A pesar de los desacuerdos en torno del momento en que podemos fechar el agotamiento de dicho Estado, la verdad es que nuestra realidad está atravesada por los rasgos derivados de este proceso de descomposición generalizada del cuerpo político que le dio sentido a la dominación burguesa en México a lo largo de todo el siglo XX. Es necesario que los comunistas analicemos con detalle este fenómeno porque de una adecuada resolución del tema depende nuestra efectividad política en los tiempos que corren.
La fuerza avasalladora de la insurrección campesina de 1910 determinó todos los rasgos del estado surgido una vez finalizado el conflicto armado. La clase campesina había mostrado su potencial revolucionario destruyendo por completo las bases de la dictadura porfirista: la hacienda y el ejército federal fueron sus víctimas mayores. El arreglo estatal posterior no podía dejar de tomar en cuenta este hecho. Una vez vencidos todos y cada uno de los intentos de restauración –Madero, Huerta, Venustiano Carranza- la estabilidad sólo podía ser garantizada por la fracción capaz de tomar en cuenta las demandas de los ejércitos campesinos, básicamente la tierra. Por supuesto, los rancheros del norte no tenían contemplado en su programa la propiedad colectiva de la tierra ni la preservación de la comuna rural. Su proyecto era la destrucción de los escollos económicos y políticos que la dictadura representaba para el desarrollo capitalista acelerado. En ese sentido, su revolución puede ser caracterizada como democrático-burguesa. Se habían lanzado a la revolución para darle cauce libre a la modernización capitalista. Pero fueron obligados a tomar en cuenta las reivindicaciones agrarias, llegando a un “compromiso” con la clase social fundamental de la Revolución Mexicana. Todo se hizo por miedo a la fuerza demostrada por la revolución campesina.
Otra amenaza se ceñía sobre la flamante fracción de los rancheros del norte. La clase obrera vivía momentos de agitación. Entre 1915 y 1940 los trabajadores urbanos realizaron huelgas generales, formaron poderosas centrales sindicales y fundaron el Partido Comunista de México. Todo bajo la influencia de la Revolución Rusa. La represión carrancista se manifestaba como insuficiente para detener el empuje revolucionario del movimiento obrero. Los sonorenses y sus sucesores actuaron de manera más inteligente. Establecieron un compromiso que significaba la cesión de derechos laborales básicos a cambio del reconocimiento del naciente Estado. Las primeras deformaciones de la conciencia derivadas de este peculiar acuerdo fueron Morones y Lombardo Toledano.
Algunos estudiosos dicen que todo esto tomó la forma de un “pacto de protección a cambio de lealtad”. El Estado otorgaba la tierra y el trabajo a cambio de la fidelidad política de obreros y campesinos. Por eso a lo largo del siglo XX, las bases de la estabilidad en México estaban fincadas en el apoyo obrero-campesino al régimen. La política popular y de masas parecía dominio exclusivo del Partido Revolucionario Institucional, que logró encuadrar a ambas clases sociales en sus filas. Por supuesto, todo esto funcionaba con una regla de oro: la renuncia a la lucha por el poder de parte de los trabajadores y campesinos. Se trataba de obtener la tierra y el trabajo pero nunca el poder. A la larga este negocio sería desfavorable para ambas clases: como podemos ver hoy en día, hemos perdido la tierra y el trabajo porque ambas cosas no pueden mantener sin el poder. De esa manera las dos clases fundamentales para la transformación revolucionaria fueron transformadas en clases peticionarias, eternamente subalternas. Renunciaron a transformarse en clase dirigentes capaces de construir un estado de nuevo tipo, obrero-campesino, capaz de iniciar la construcción del socialismo.
Una consecuencia práctica de esta regla de oro de la política mexicana era el descabezamiento del movimiento obrero y campesino. Era necesario destruir cualquier posibilidad de que las clases populares actuaran con independencia, pensando con cabeza propia y teniendo su propio programa histórico. La función medular del Estado era la destrucción –por represión o cooptación- de cualquier intento de formar un estado mayor para los obreros y campesinos. El asesinato sistemático de dirigentes y la guerra sin cuartel a las organizaciones que podían cumplir con ese papel, era una política de Estado. Las clases populares podían aspirar a la tierra y al trabajo pero en los cauces establecidos por el régimen: no estaba permitido “irse por la libre”. Esto hizo que, como en todos los casos, la conformación y desarrollo del Estado en México fuera un proceso asentado sobre la violencia. El descabezamiento de una clase no es un evento pacífico y su subordinación a la ideología burguesa no es únicamente un fenómeno cultural. Para lograr la dirección moral y espiritual de una nación es necesaria la destrucción física de los competidores, de las vanguardias obreras y campesinas.
La consolidación política e ideológica del régimen no flotaba en los aires, no era producto de la pericia de políticos excepcionales: tenía sólidas bases materiales. El asentamiento del Estado en el siglo XX mexicano fue posible por el enorme campo de operaciones que encontró a su disposición el capitalismo una vez destruido los escollos generados por la dictadura porfirista. La industrialización tomó un nuevo impulso, nunca antes visto. La economía entró en un ciclo de crecimiento sostenido que, aún con periódicas crisis, se mantuvo sin sobresaltos hasta 1976. Lo mismo sucedió con los salarios, por lo menos de la aristocracia obrera agrupada en la industria minera, petrolera y de la transformación. El país se urbanizó. Nació y se consolidó la industria petrolera cuyo control a manos del Estado a partir de 1938 dejó abundantes recursos a disposición del régimen. Los optimistas le llamaron a todo esto “el milagro mexicano”, aunque no era precisamente lo que había soñado el “nacionalismo revolucionario” porque todo estaba fincado alrededor del capital extranjero, cuyo predominio era ya evidente a mediados de los años sesenta. Sobre esta base material se asentó la inclusión subordinada de la clase obrera y la generalización de una conciencia obrera centrada en la obtención de prebendas, sobre todo destinadas a sus dirigentes. La contraparte rural fue el reparto agrario: la esperanza en la propiedad de la tierra se alimentó de hechos contundentes que quedaron permanentemente marcados en la imaginación campesina. La cúspide del proceso se alcanzó con Lázaro Cárdenas que repartió 18,786,131 hectáreas, beneficiando a 728,847 campesinos que conformaron el núcleo fuerte de su base social de apoyo en el ámbito rural. En este reparto y en la promesa de mantener a la tierra fuera de los circuitos del capital se fundó la fuerza de una conciencia popular que concibe al Estado como “dador” y “protector”.
Pero todo estaba hecho apuntalar el desarrollo acelerado del capitalismo. El orden de cosas no se movió en el sentido de generar una vía distinta hacia el socialismo ni una pretendida tercera opción que no fuera ni capitalista ni socialista. El resultado final es lo que estamos viviendo: capitalismo simple y llanamente, con un predominio absoluto del capital monopolista, con una burguesía conformada por la asociación de los empresarios mexicanos con los extranjeros. La ruta seguida por la fracción ganadora de la Revolución Mexicana contenía en su seno contradicciones insalvables. Tarde que temprano era inevitable el choque entre la modernización capitalista y el mantenimiento de un régimen político con bases campesinas y obreras. El momento llegó con la inversión de los ciclos de la economía mundial. Hacia 1976 el capitalismo entró en una crisis de larga duración para cuya salida se estableció el programa de reformas estructurales que todavía padecemos, orientadas a incrementar la tasa de explotación del trabajo y hacerse con nuevos recursos vía la reactualización de la acumulación originaria. Por un tiempo, de 1976 a 1982, gracias a los recurso petroleros, el régimen mexicano pudo aplazar los cambios exigidos por el capital a escala planetaria. Pero hacia 1982 se sumó al programa de ajuste estructural. Y con ello tocó a su fin la forma de dominación surgida de la Revolución Mexicana, como primera víctima del llamado “neoliberalismo”.
La restructuración económica destruyó las bases de legitimidad del estado surgido de la Revolución Mexicana y melló su política de masas. Es cierto que continúa controlando, al viejo estilo, amplios contingentes de trabajadores y campesinos. Pero su margen de operaciones se estrechó con la reforma al Artículo 27, la reciente reforma laboral y el desmantelamiento del sistema de educación pública. Y la legitimidad que se articulaba en la concesión de derechos no ha podido ser efectivamente suplida con la abstracta legitimidad surgida de las urnas, sobre todo por los recurrentes fraudes electorales. Adicionalmente, la modernización capitalista no generó las bases sociales necesarias para una “república de ciudadanos”, de “propietarios”, como soñaba el PAN y la camada de modernizadores del PRI. Por el contrario, el cuadro de las clases sociales derivado de la recomposición capitalista no es compatible con la resolución del conflicto mediante el voto. Más bien, nuestra política se parece mucho a la de la antigua Roma donde los demagógicos Tribunos del Pueblo mantenía la ilusión de la república mediante la compra del voto de los más pobres, con el miedo permanente del estallido social. Una forma de administración o contención de las muchedumbres urbanas empobrecidas.
Quebradas las antiguas bases de legitimidad y con las nuevas ya desgastadas, el estado mexicano vive un momento de involución a su momento de fuerza, que es el reducto último de la dominación. Sin consenso, sin hegemonía, lo único que queda para garantizar la continuidad de la dominación burguesa es la fuerza pura, sin ropajes. El Estado en nuestros días exhibe así su verdadera naturaleza, su esencia se presenta directamente: se trata de “destacamentos de hombres armados, básicamente el Ejército y la policía”, que es la única presencia estatal que muchos mexicanos conocen. El Ejército fue sacado a las calles para recordarnos que el Estado existe y que su núcleo permanece sin necesidad de consenso, pacto o compromiso alguno y que manda el que tiene la fuerza de las armas y el derecho a decidir el momento de su uso. No se trata del “fascismo” o de las consecuencias de tener un gobierno de “derecha”. Se trata de que la gestión de las consecuencias de la restructuración hicieron necesaria la actualización de las medidas dictatoriales contempladas en toda constitución burguesa: suspensión de derechos, declaración del estado de guerra, movilización de tropas. Cosa curiosa: la democracia burguesa tiene en su seno la posibilidad constitucional de convertirse en dictadura ante un peligro, real o inventado, que amenace su existencia. En México, estos procedimientos jurídicos tienen la ventaja de la concentración tradicional del poder en manos del Ejecutivo que actúa como “comandante supremo de las fuerzas armadas”. En todo caso, lo único que se intenta es eliminar el molesto paso de la autorización del Congreso para la declaración del Estado de emergencia que haga legal la utilización del Ejército en tareas de seguridad pública. Calderón impulsó la idea de que esta decisión la tome no el Congreso sino un número más reducido de funcionarios: el Consejo de Seguridad Nacional. Y también impulsó que este recurso se pueda utilizar no sólo ante una amenaza en curso sino ante un peligro potencial, futuro, tomando la medida un cariz preventivo.
Con la dictadura constitucional el estado mexicano se preserva de su disolución, en un momento de debilitamiento de su legitimidad y de desacuerdo generalizado con el programa de modernización capitalista. En la demostración de su fuerza está evidenciando su debilidad. Los comunistas debemos situarnos ante este fenómeno sin confusiones para aprovechar al máximo el momento y tomar las medidas necesarias para movernos con seguridad en este escenario. No se trata del fascismo ni de la derecha: se trata de la democracia. Esta es la democracia de los capitalistas, esta es la “República parlamentaria”. No es una anomalía: es la normalidad capitalista. Y ésta es el resultado final del Régimen surgido de la Revolución Mexicana, dada la derrota histórica de la guerra campesina. En este escenario es que debemos construir una opción para recuperar la tierra y el trabajo y buscar el poder. ¡Queremos la tierra, el trabajo y también el poder! Cualquier intento de divorciar algunas de las partes de este programa terminará mal. Esa es la enseñanza del siglo XX mexicano. Por eso, debemos construir un Partido Comunista con aspiración mayoritaria y vocación de poder.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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