| Traducción para Rebelión de Loles Oliván. |
Ali Issa (AI): Usted ha sacado a la luz centenares de documentos de Estados Unidos y Reino Unido, ¿cuáles han sido sus conclusiones sobre el papel que jugó el petróleo en la guerra contra Iraq?
Greg Muttitt (GM): Como era de esperar, el registro documental demuestra que el petróleo fue una parte esencial del pensamiento estratégico que subyacía en torno a la guerra, y en consecuencia dio forma a la conducta de la ocupación. Mi libro trata principalmente de lo que sucedió durante la ocupación. Estados Unidos, Gran Bretaña, y la “comunidad internacional” ansiaban ver [la industria de] el petróleo iraquí desarrollándose a través de la inversión extranjera. No se trataba tanto de ayudar a sus propias corporaciones; eso era una preocupación secundaria para ellos. Lo que querían era ver la inversión extranjera en Iraq como punto de partida para que se abrieran las otras industrias nacionalizadas, especialmente de la región, para conseguir que el petróleo fluya más rápidamente. El sector del petróleo iraquí había sido nacionalizado en los años 70. La nacionalización se llevó a cabo sobre todo en 1972 y las fases finales de la misma se mantuvieron hasta 1975. En esencia, lo que querían era revertir esto: situar nuevamente a las empresas multinacionales del petróleo en el papel dominante del sector petrolero iraquí.
AI: Usted sitúa la lucha por la “Ley del Petróleo” iraquí en el centro de la historia reciente de Iraq. ¿Qué es la Ley del Petróleo?, ¿cómo ha evolucionado?, ¿cuál es su situación actual?
GM: La Ley del Petróleo se redactó en 2006 una vez que se formó el primer gobierno permanente post Sadam. Desde ese momento, el gobierno de Bush presionó con especial dureza hasta 2007.
La Ley tenía tres propósitos. El primero era crear un marco en el que las multinacionales tuvieran el papel primordial en el desarrollo de la industria petrolera iraquí, y determinar exactamente el alcance de tal papel, los derechos que adquirirían y la extensión de sus poderes. El segundo elemento consistía en clarificar la forma en que ello funcionaría en un nuevo sistema federal en Iraq. En pocas palabras: con quién se firmarían los contratos. ¿Sería con el gobierno central de Bagdad o con los gobiernos regionales, en particular, con el único que existe hasta el momento, el gobierno regional de Kurdistán?
El tercer elemento de la Ley consistía esencialmente en sustraer poderes al Parlamento en relación con las decisiones relativas al petróleo. Desde 1967 Iraq ha tenido una Ley vigente, la número 97, que establece que si el gobierno fuera a firmar contratos para desarrollar campos de petróleo y gestionarlos, el Parlamento tendría que firmar una legislación específica para su aprobación. [En otras palabras,] el Parlamento tendría que decir, “apoyamos y estamos de acuerdo con este contrato y le damos validez legal”. Eso todavía estaba en vigor en 2003, y de hecho en 2006. El gobierno podía legalmente firmar contactos con empresas extranjeras. Pero si lo hiciera, tendría que obtener el visto bueno del Parlamento para que tuvieran validez. Por lo tanto, el papel más importante de la de la Ley del Petróleo de 2006/2007 no era [tanto] permitir que se firmaran contratos con las multinacionales, porque eso ya era posible. Era permitir que se firmaran sin que el Parlamento ejerciera ningún tipo de supervisión.
Dicho sea de paso, la importancia de la fiscalización parlamentaria radica en que el petróleo representa más del 95% de los ingresos públicos. Por lo tanto, resulta bastante razonable que el Parlamento tenga algo que decir sobre cómo funciona.
Así que ésta era la Ley del Petróleo. Estados Unidos, Gran Bretaña, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones financieras querían que se aprobara lo más pronto posible una vez que se formó el gobierno permanente post-Sadam en mayo de 2006. Tan pronto como eso ocurrió, Estados Unidos y Gran Bretaña comenzaron a decir: “vuestra prioridad es que aprobéis la Ley del Petróleo”. Dispongo de documentos de la época que dejan esto muy claro. Se movieron muy rápidamente para redactar una Ley de Petróleo en agosto de 2006 y, básicamente, se pronunciaba sobre esos tres aspectos. Conseguir que esta Ley fuese aprobada por el Parlamento se convirtió en la principal prioridad política de Estados Unidos.
AI: Pero la Ley no fue aprobada. ¿Qué fue lo que impidió su aprobación?
GM: Había dos impedimentos que sortear. Sólo se superó uno de ellos. En primer lugar, hubo disputas entre los políticos iraquíes —sobre todo, entre los políticos kurdos y todos los demás. La disputa tenía que ver con el grado de descentralización. En esencia, se trataba de una disputa entre políticos —que sólo pensaban en sus propios intereses o en sus intereses etno-sectarios de grupo— sobre cuál de ellos obtendría el derecho a firmar contratos y, por lo tanto, a controlar los ingresos. Esta disputa sobre la descentralización retrasó el avance de la Ley, y la gente de ambos lados de este debate lo filtró a sus aliados.
Ello condujo al segundo factor, que era la abrumadora oposición entre la población iraquí a dar a las multinacionales un papel tan central. Creo que esto lo sabían muy bien en el gobierno de Estados Unidos y los del gobierno iraquí. Así que la forma en que se planeó lidiar con ello fue no decirle a nadie que se estaba preparando la Ley de Petróleo. Sin embargo, en octubre de 2006 se filtró.
Una vez que se filtró se comenzó a difundir entre la sociedad civil. En diciembre de 2006 asistí a una reunión de los sindicatos iraquíes en Amán. Debatieron sobre la Ley y decidieron que iban a hacer campaña en su contra. Su estrategia, que comenzó a principios de 2007, era básicamente darla a conocer: hablarle a la gente al respecto. Así que editaron folletos que distribuyeron entre sus miembros y entre el público en general. También organizaron conferencias, encuentros públicos, manifestaciones, etc. Cuanto más hacían, más gente lo sabía, y más ira se producía por el hecho de que secretamente el gobierno —que tenía un mandato muy limitado dadas las circunstancias de una elección bajo ocupación— estuviera operando a favor de algo que las fuerzas de ocupación exigían y que parecía que iba a perjudicar de manera considerable los intereses de Iraq y la economía iraquí. Los iraquíes sienten muy fuertemente que el petróleo debe permanecer en manos de los iraquíes, sobre todo tras su experiencia histórica con las empresas extranjeras. Así que durante el transcurso de 2007, la oposición se extendió. Uno tras otro, nuevos grupos y nuevos sectores de población se involucraron.
AI: ¿Qué hizo el gobierno de Bush al respecto?
GM: Al mismo tiempo que se extendía la oposición a la Ley del Petróleo en la primera mitad de 2007, el gobierno de Bush aumentó gradualmente la presión en el Parlamento iraquí para conseguir su aprobación. Estaban muy frustrados y contrariados porque no se hubiera aprobado a finales de 2006. Afirmaban públicamente durante todo el tiempo que lo que retrasaba la aprobación era el conflicto sobre la descentralización con los kurdos. Luego, afirmaron que se debía al reparto de los ingresos entre los diferentes grupos, lo que no era verdad en absoluto.
El aumento, que se anunció en enero de 2007 enviando otros treinta mil soldados extra a Iraq, era claramente una de las partes de una doble estrategia. Se puede leer en los documentos publicados por el gobierno de Bush en aquel momento. Se denominó “El nuevo camino a seguir” y sus dos partes eran [...] enviar treinta mil soldados para controlar y pacificar el país y utilizar el control propiciado por la fuerza militar adicional para presionar a los políticos iraquíes a que se entregasen a lo que denominaban puntos de referencia —marcadores de progreso político. Con diferencia, el principal era aprobar la Ley del Petróleo. Siempre hablaban de lo mismo. En las reuniones con los miembros del gobierno de Maliki, los representantes del gobierno de Estados Unidos no hacían más que preguntar: “¿Cuándo vais a aprobar la Ley del Petróleo?, ¿dónde está nuestra Ley del Petróleo?”.
Asimismo, durante ese período se produjeron indicios muy relevantes por parte de los militares estadounidenses en el sentido de que si no se aprobaba la Ley del Petróleo el gobierno de Maliki dejaría de contar con el apoyo de Estados Unidos. Maliki entendió bien claramente que ello era una amenaza para destituirlo de su posición. Así que en el transcurso de 2007 las presiones aumentaron por ambas partes. Por un lado estaba la presión de la sociedad civil iraquí iniciada con los sindicatos pero extendiéndose en sectores más amplios de la sociedad civil —religiosos y laicos, y también entre los profesionales que dirigieron la industria petrolera desde la nacionalización— todos ellos se manifestaban diciendo: esta Ley del Petróleo es una mala noticia para Iraq, no la aprobéis. Al mismo tiempo, la Administración Bush presionaba cada vez más para lograr su aprobación.
AI: ¿Cuál fue el resultado?
GM: La oposición popular a la Ley del Petróleo llegó a ser tan grande que comenzó a extenderse al Parlamento. Y los miembros del Parlamento iraquí empezaron a ver una oportunidad política en la oposición a la Ley del Petróleo y una amenaza política si la apoyaban, una amenaza a sus carreras políticas futuras. Alrededor de julio de 2007, la mayoría de los parlamentarios iraquíes estaban en contra. El gobierno de Estados Unidos había establecido una fecha límite para aprobar la Ley, septiembre de 2007, y fue entonces cuando el general Petraeus y el embajador Crocker fueron a informar al Congreso sobre cómo se desarrollaba el aumento de tropas; fueron muy claros cuando dijeron al gobierno iraquí “dadnos los puntos de referencia, dadnos la Ley del Petróleo en septiembre, o de lo contrario os enfrentaréis a todas estas consecuencias de las que os advertimos”. Pero en esa etapa la mayoría parlamentaria estaba en contra de la Ley del Petróleo por lo que no podían conseguir su aprobación por parte del Parlamento. La fecha límite de septiembre llegó y no hubo Ley. Hoy en día todavía no hay una Ley del Petróleo.
Para mí se trata de una historia bastante excepcional, y es una historia no contada. Es sorprendente que la sociedad civil iraquí fuera capaz de evitar que Estados Unidos consiguiera ese objetivo, absolutamente vital y en el que habían invertido tanto capital político, simplemente hablando de ello. Dio en parte la medida de la distancia entre lo que Estados Unidos estaba exigiendo —y quería de manera absolutamente desesperada— y lo que la gran mayoría de los iraquíes consideró de manera muy apasionada que debía suceder. Pero creo que más allá de esto, la consecuencia es que después de haber invertido todo ese capital político y no obtener la Ley del Petróleo, septiembre de 2007, creo, marca el inicio de la decadencia de la influencia de Estados Unidos en Iraq. Eso lo vimos con mucha más nitidez en el transcurso de 2008, en concreto ante la incapacidad de conseguir el tratado para mantener la presencia de las tropas estadounidenses por tiempo indefinido, el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas Armadas tuvo un límite de mandato de tres años. Pero creo que fue entonces, después de haber echado a perder todo ese capital político para conseguir algo y fracasar, lo que marcó el cambio en la política iraquí de estar totalmente dominada por Estados Unidos a tener una voz propia iraquí creciente.
AI: ¿Por qué entonces hay en la actualidad compañías petroleras multinacionales en Iraq?
GM: En la segunda mitad de 2009, el gobierno iraquí adjudicó varios contratos a compañías extranjeras, BP, Shell, Exxon, y así sucesivamente, incluso sin Ley del Petróleo y sin llevarlos ante el Parlamento. Constituyen una especie de contrato híbrido y no los acuerdos de reparto de producción que las empresas realmente querían, y lo más importante es que son técnicamente ilegales, ya que la Ley 97 sigue en vigor y no han sido aprobados por el Parlamento.
AI: El reto a la Ley del Petróleo tuvo éxito, por lo que los contratos podrían ser declarados ilegales en un futuro gobierno iraquí. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para un segundo reto, una segunda oleada para salir en contra de esos contratos que se han firmado?
GM: Después de que se firmaran los primeros contratos en 2009, hubo una miembro del Parlamento iraquí —Shatha al-Musawi— que desafió el primero de los contratos, el firmado con BP, ante el Tribunal Supremo iraquí. Su desafío no tuvo éxito pero no fue debido a los fundamentos jurídicos de fondo. El caso se detuvo más bien por motivos procedimentales. El Tribunal Supremo ha resultado bastante problemático en los últimos años en que el gobierno de Maliki ha tenido cada vez mayor influencia sobre sus decisiones, y ello se ha reflejado en una serie de decisiones que han seguido el camino que Maliki quería en contradicción con el que deberían haber seguido según la ley. Ello se vio especialmente tras las elecciones de 2010, cuando se otorgó a Maliki el derecho a formar gobierno en lugar de a Allawi. Fue decisión del Tribunal Supremo. Existen fuertes indicios de que [Maliki] tiene canales de influencia. En el caso del desafío de Shatha al-Musawi contra el contrato de BP, lo que ocurrió fue que el Tribunal le ordenó pagar una fianza de trescientos millones de dinares iraquíes, unos 225.000 dólares del momento. Se le ordenó pagar esa cantidad que le sería devuelta si ganaba. Ella no disponía de esa cantidad de dinero, por lo que el caso se derrumbó. Así que, para llevar a cabo una acción legal en Iraq, creo que lo que se necesitaría sería algún medio de contener la influencia del gobierno sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Una forma de contenerla podría ser un conjunto de instituciones que apoyen el caso financiera, institucional y políticamente, de tal manera que se haga difícil para el gobierno de Maliki dirigir al Tribunal o que el Tribunal se alinee con el gobierno de Maliki. Pero ese es el mayor inconveniente que existe.
Por otro lado, creo que donde probablemente podría producirse dicha impugnación es en el propio gobierno. Allí es donde se producen tradicionalmente los retos contra los contratos en los países productores de petróleo. Un gobierno declara “esto no es de nuestro interés, vamos a modificar los términos o incluso a cancelarlo”. Ha ocurrido así en muchas ocasiones durante la última década en todo el mundo. En la actualidad, las empresas se sirven de mecanismos legales en los contratos para evitar que los gobiernos hagan eso —conseguir que los contratos queden sometidos a tribunales internacionales de inversión y no a los tribunales del país.
El hecho es que esos contratos no son validos desde el punto de vista de la legislación iraquí. Que la legislación iraquí requiera la aprobación parlamentaria, y que la aprobación del Parlamento no se haya solicitado o dado, significa que si un futuro gobierno iraquí tuviera que cambiar los términos de los contratos o incluso romperlos, y si las empresas afectadas se dirigieran a un tribunal de inversión en Europa o en Estados Unidos, el gobierno podría argumentar, y creo que se trata de un asunto muy importante, que esos contratos no son legales, porque aquí [en Iraq] rige la Ley N º 97 de 1967, todavía en vigor, que dice que hay que obtener la aprobación parlamentaria; no la obtuvieron, por tanto, son nulos. Ahora bien, las condiciones para que eso sucediera pasarían por un gobierno que creyera que había un problema con los contratos; probablemente ello implica que se trataría de un gobierno distinto al actual. Sería políticamente embarazoso, para ser suaves, que el actual gobierno argumentase que son ilegales porque ese mismo gobierno no los llevó ante el Parlamento. Así que un cambio de gobierno podría ser lo que lo impulsara.
Pero la política iraquí me parece muy fluida en el momento. No podría predecir cuál será la naturaleza del sistema político iraquí de aquí a un año. Creo que es difícil decir si Maliki seguirá estando ahí, es más probable que siga a que no, pero no apostaría mucho por ello.
AI: Al rechazar la Ley del Petróleo, ¿qué es lo que los sindicatos y la sociedad civil esperan en positivo? ¿Sus posiciones concretas se parecen a la nacionalización del Iraq previo a los 90 o son diferentes?
GM: Cuando usted mira la historia de la industria petrolera iraquí, el período más exitoso del que los iraquíes del sector del petróleo se sienten muy orgullosos, es el período inmediatamente después de la nacionalización. Así, desde 1972 a 1979, por ejemplo, la producción aumentó de 1,5 millones de barriles diarios a 3,5 millones de dólares. Encontraron cada año mayores cantidades de reservas que las halladas en la totalidad del resto del mundo. Lo que escuché, en especial de los altos directivos y técnicos de la industria petrolera, era que si se desea gestionar una industria de petróleo técnicamente exitosa en Iraq —y eso era lo que les interesaba, ya que eran tecnócratas— la manera de hacerlo es mantenerla en el sector público. La única razón para privatizarla y traer empresas extranjeras responde a cuestiones ideológicas.
Creo que el único problema de mantener la industria del petróleo en el sector público era que Iraq se había quedado retrasado tecnológicamente como resultado del período de sanciones. Sin embargo, mucha gente reconoce que la tecnología es algo que se puede comprar. Se puede contratar a una compañía como Schlumberger para que venga a instalar, digamos, sus nuevos separadores, o bombas, o lo que sea. Los puede instalar, puede formar a los iraquíes sobre cómo usarlos, e incluso puede encargarse de su funcionamiento durante un par de años hasta que los iraquíes se hagan con el manejo; es muy sencillo. Pero eso es muy diferente de firmar un contrato de veinte años que ofrece a una compañía como BP o Exxon el control sobre el campo de petróleo, su gestión.
Creo que donde hubo cierto debate fue exactamente en hasta qué punto se puede permitir la intervención de empresas extranjeras. Hubo diversos grados de pragmatismo en esa dirección. Unos decían: bueno, tal vez sea bueno tener a BP durante cinco años. O tal vez sea bueno tener a BP, siempre y cuando ocupe un papel menor. La objeción absoluta era contra la idea de poner en el control a una empresa como BP, darle la administración principal y el papel de la toma de decisiones durante un período largo, unos veinte años. Sobre todo contando con expertos iraquíes. Eso era de lo que se hablaba...
AI: Usted ha escrito que el diezmo que causaron las sanciones produjo una reconstrucción lenta de la industria petrolera por parte de muchos de los técnicos que quedaban, y que ello ha generado un importante sentido de propiedad sobre la reconstrucción. Así que la otra vertiente de las sanciones parece haber sido el mantenimiento e incluso el fortalecimiento de la conciencia nacional, que jugó después un papel importante en la respuesta de la sociedad civil iraquí contra la Ley del Petróleo.
GM: La forma en que uno de los trabajadores del petróleo de Basora me lo explicó fue así: “Mira, los iraquíes hemos reconstruido nuestra industria petrolera en tres ocasiones. La reconstruimos en los años 80 después de la guerra contra Irán. La reconstruimos después de la Guerra del Golfo [1990], y así lo hicimos igualmente bajo las sanciones, cuando era especialmente difícil. Y la reconstruimos después de 2003. Bueno le pagaron a Halliburton por hacerlo pero realmente no hizo nada. Hemos reconstruido nuestra industria petrolera en tres ocasiones, y eso nos da un sentido de propiedad sobre ella además de un sentimiento de que creemos en ella. Es algo que hemos reconstruido. Es muy diferente de cuando se le paga a alguien para que venga y lo reconstruya. Y eso no es algo a lo que vayamos a renunciar voluntariamente”.
Fuente original: http://www.jadaliyya.com/pages/index/6590/the-unfinished-story-of-iraqs-oil-law_an-interview
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