Traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez |
Adelantándose a una reunión secreta que iban a celebrar los representantes del gobierno para planear el ataque, los ciudadanos de Nueva Zelanda organizaron su propia reunión para criticarlo: PublicACTA. Los asistentes hicieron pública la Declaración de Wellington , que instaba a los negociadores del ACTA a no aceptar algunas injusticias que sospechaban que podrían incluirse en el tratado.
El acontecimiento supuso un hito en la lucha contra el ACTA. Pero aun cuando yo mismo apoyaría todas y cada una de las objeciones al ACTA que plantea el documento, hace dos concesiones importantes que no puedo suscribir.
La Declaración de Wellington condena convenientemente el plan del ACTA de prohibir los aparatos capaces de romper las esposas digitales. Luego socava esa actitud proponiendo que se podría aceptar una prohibición limitada, siguiendo la letra del Artículo 11 del Tratado de Internet de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). Esa restricción respaldaría las acciones de los gobiernos con ciertos tipos de esposas digitales. Aceptar ese extremo sin dar batalla siquiera es casi como suplicar a los negociadores del ACTA que intenten llegar más lejos.
Tal vez tomaron esa decisión con el ánimo de minimizar las modificaciones que proponían para el ACTA. El enfoque sería adecuado si la situación fuera otra, pero no para esta.
Cuando pedimos un favor a alguien que no nos debe nada, nos corresponde a nosotros reducirlo y facilitarlo al máximo. Esa actitud también suele aumentar la probabilidad de que se nos conceda. Pero no es el caso. Cuando nos oponemos al ACTA no estamos pidiendo a nuestros gobiernos que nos hagan un favor. Su razón de ser es defender nuestra libertad, y les pedimos que lo hagan porque es su obligación. No deberíamos «transigir» ofreciéndonos voluntariamente a ceder parte de nuestra libertad para facilitarles el trabajo.
El otro aspecto que no puedo aceptar son los elogios que la declaración vierte sobre la OMPI calificándola de un foro «público, incluyente y transparente» para negociar acuerdos sobre copyright y otro tipo de legislación que no guarda ninguna relación con ella. No recuerdo haber visto que la OMPI haya sido una instancia benévola en el mundo.
Es cierto que los procedimientos de la OMPI no son tan pésimos como las negociaciones del ACTA, en su mayoría secretas, pero eso es lo mejor que se puede decir de ella. La utilización que hace del concepto propagandístico de «propiedad intelectual» (3) refleja su tendencia a plantear las cuestiones en el marco de una opinión favorable a aumentar las restricciones sobre las personas. Sus actos desarrollan esa actitud: en las últimas décadas los tratados de la OMPI sobre copyright se han fijado como objetivo específico la libertad de las personas que utilizan obras publicadas. Transferir las negociaciones del ACTA a la OMPI quizá haga menos malo el resultado, pero difícilmente garantizará que sea bueno. No pidamos que nos saquen del fuego para que nos metan en la sartén.
Cada vez que hay una propuesta para empeorar las cosas, el camino obvio para oponerse es defender el statu quo . Hacer campaña en favor del statu quo trasluce el enfoque de cantar sus alabanzas; así pues, elogiar a la OMPI es un recurso natural para subrayar cómo el ACTA es un paso hacia peor.
Sin embargo, donde ya se han producido cambios para empeorar, alabar el statu quo tiende a legitimarlo. Los últimos 20 años han sido testigos de oleadas globales de cambios perniciosos en la legislación sobre el copyright ... algunos promovidos por la OMPI. Afrontar un nuevo asalto presentando el statu quo como una situación ideal significa que dejamos de luchar para revertir la situación. Significa que nuestros adversarios no necesitan más que proponer una nueva afrenta a nuestros derechos para recabar nuestra aceptación de la anterior.
En lugar de convertir el statu quo en nuestro ideal deberíamos exigir cambios positivos que restablezcan las libertades ya perdidas. Por ejemplo, muchos países ya cuentan con legislación restrictiva de ciertos aparatos que pueden romper las esposas digitales; esa legislación debe ser revocada. Los tratados de la OMPI demandan que exista ese tipo de legislación; los países que han firmado los acuerdos deben retirarse de ellos. Impedir que el ACTA exija la promulgación de ese tipo de legislación es solo una de las batallas en la lucha para eliminarla.
Los dos aspectos mencionados más arriba son los únicos sustanciales con los que discrepo, pero son muy importantes.
Al margen de estos aspectos sustanciales, también hay otras cuestiones de redacción. La Declaración de Wellington reproduce parte de los conceptos de la propaganda de la industria del copyright ; llama «protección» a las restricciones, o se refiere a las esposas digitales, por ejemplo, denominándolas «medidas técnicas de protección». Al desarrollar el nombre oficial de las siglas OMPI repite el concepto «propiedad intelectual» sin decir nada que rechace lo que lleva implícito. Estas cuestiones terminológicas no son tan relevantes como las sustanciales, pero influyen en el pensamiento de las personas... y eso es importante.
También afectan al tono de la declaración. El uso de estos términos sirve al modo en que plantean las cuestiones quienes defienden un ACTA represor. El tono general elude oponerse con contundencia a los políticos que tratan de imponer una legislación injusta mediante el ACTA.
Esos políticos sirven a las grandes empresas discográficas y cinematográficas. Pretenden imponer lo que esas compañías desean; primero en unos 40 países, y luego en todo el mundo. No van a prestar atención a las propuestas que se planteen con espíritu cívico y con un ánimo tan razonable que presupone su buena voluntad; su respuesta a la Declaración de Wellington lo demuestra. Tendremos que pararlos. Para construir un movimiento que los detenga debemos decir: «¡Únete a nosotros y lucha!». Por eso he escrito una declaración de oposición firme y clara a los aspectos del ACTA que ponen en peligro nuestra libertad.
Hayas firmado o no la Declaración de Wellington, te invito a firmar esta declaración para reclamar límites firmes y sencillos al ACTA.
Parte del ACTA se propone acometer medidas más contundentes contra el intercambio comercial internacional de bienes que quebranten el copyright o las marcas registradas. No me opongo en general a esa idea. Otras partes del ACTA proponen reprimir a la población. Eso no se puede consentir.
La actual ley del copyright es demasiado restrictiva, y también lo es la ley de patentes en algunos ámbitos. Interfiere o prohíbe actividades que deberían estar permitidas. Debemos aspirar a abolir esas restricciones; pero si el ACTA se aparta de estas cuestiones, podemos tolerarlo.
Así pues, esta declaración reclama que desaparezca del ACTA la represión, o que se rechace por entero.
Pincha aquí para leer y firmar la declaración
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Notas:
(1) El nombre oficial original del ACTA es «Anti-Counterfeiting Trade Agreement» [«Acuerdo Comercial contra la Piratería»], pero en este contexto el término «piratería» es una distorsión de la palabra y una tergiversación de la cuestión. En algunos países se pueden prohibir injustamente las copias de archivos que hacen los usuarios para compartirlos, pero no son «piratería» en ningún sentido. No deberíamos legitimar esa tergiversación aludiendo al ACTA mediante su nombre propagandístico oficial. Por eso yo lo denomino sólo «ACTA».
(2) Sobre la campaña contra la Gestión de Restricciones Digitales, véase DefectiveByDesign.org .
(3) Para ver una explicación del término propagandístico «propiedad intelectual» y por qué deberíamos rechazarlo, véase http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.html .
Fuente: http://www.fsf.org/campaigns/acta/why-acta-declaration/
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