La
sociedad norteamericana está enferma, en un sentido metafórico, por
muchas razones. Hace más de tres décadas que paso algunos meses por año
en los Estados Unidos y he podido observar una progresiva acumulación
de “enfermedades”, pero no es sobre ellas que quiero escribir hoy.
Quiero escribir sobre la enfermedad en un sentido literal, a propósito
de la reforma del sistema de salud que acaba de ser aprobada por el
Congreso norteamericano. Las lecciones de esta reforma para otros
países son evidentes. Los EE.UU. son el único país del mundo
desarrollado en que la salud fue transformada en una mercancía y su
provisión entregada al mercado privado de las aseguradoras y las
empresas de servicios médicos. Los resultados son escalofriantes. En
salud gastan anualmente dos veces más que cualquier otro país
desarrollado y, pese a eso, 49 millones de ciudadanos no tienen ningún
seguro de salud y, por esa carencia, 45 mil personas mueren cada año.
Además, a cada paso surgen noticias aterradoras de personas con graves
enfermedades a quienes las aseguradoras les cancelan sus coberturas,
les rechazan el pago de tratamientos que podrían salvar sus vidas o les
niegan la cobertura al conocer sus “condiciones preexistentes”, es
decir, sus enfermedades crónicas o la probabilidad de que en el futuro
necesiten tratamientos muy costosos.
La perversidad del
sistema radica en que las ganancias de las aseguradoras de salud son
tanto mayores cuanta más gente de clase media-baja o trabajadores de
pequeñas y medianas empresas son excluidos, es decir, sectores sociales
que no pueden soportar los constantes aumentos de las cuotas, que no
tienen nada que ver con la inflación. En medio de una grave crisis
económica y con altas tasas de desempleo, la aseguradora Anthem Blue
Cross –que el año pasado declaró un aumento del 56 por ciento en sus
ganancias– anunció hace semanas un incremento del 39 por ciento de las
cuotas en California, lo que provocaría la pérdida de cobertura para
800 mil personas. La medida fue considerada criminal y escandalosa por
algunos miembros del Congreso norteamericano.
Por todas estas
razones, hay consenso en los EE.UU. de que es necesario reformar el
sistema de salud, y ésa fue una de las promesas centrales de la campaña
de Barack Obama. Su propuesta se basaba en dos medidas principales:
crear un sistema público, financiado por el Estado, que, aunque
residual, diera una opción a quienes no pueden pagar las coberturas
privadas; y regular el sector de modo que los aumentos de las cuotas no
pudieran ser decididos unilateralmente por las aseguradoras. El
proyecto de ley se tramitó en el Congreso durante un año y acaba de ser
aprobado. Pero no contiene ninguna de las propuestas iniciales de
Obama. Por la simple razón de que el lobby de las aseguradoras gastó
300 millones de euros para pagar a los legisladores encargados de
elaborar la ley (para sus campañas, para sus iniciativas públicas y,
finalmente, para sus bolsillos). Hay seis lobbistas del área de salud
registrados por cada miembro del Congreso. Lobby es la forma legal de
lo que en el resto del mundo se llama corrupción. El proyecto quedó tan
desfigurado que muchos sectores progresistas (es decir, sectores un
poco menos conservadores) piensan que hubiera sido mejor no promulgar
la ley. Entre otras cosas, la ley “entrega” a las aseguradoras cerca de
30 millones de nuevos clientes sin ningún control sobre el monto de las
cuotas. La razón por la que el Partido Demócrata quiso promulgar la ley
no es una razón de política pública de salud. Es una razón política
tout court: crear en la opinión pública la idea de que la promulgación
de la ley es una victoria del presidente Obama y que eso ayudará a su
reelección en 2012. Los EE.UU. están enfermos porque la democracia
norteamericana está enferma.
¿Cuáles son las lecciones para
otros países? Primero, es un crimen social transformar la salud en
mercancía. Segundo, una vez que dominan el mercado, las aseguradoras
muestran una irresponsabilidad social aterradora. Son responsables ante
sus accionistas, no ante los ciudadanos. Tercero, tienen armas
poderosas para dominar a los gobiernos y la opinión pública.
Dependiendo de los países, o impiden la creación de un sistema público
de salud por temor a que les haga competencia u organizan campañas
contra el sistema público existente hasta quitarle lo que queda de las
clases medias, más sensibles a la falta de calidad. Nunca llegan al
punto de eliminarlo pues, de otro modo, dejarían de tener el “tacho de
basura” donde tirar a los enfermos que rechazan (porque no pueden pagar
los aumentos de las cuotas, porque necesitan cuidados continuos o
dispendiosos). En los casos en que hay sistemas públicos confiables,
una de las tácticas es contraponer la eficiencia privada a la
ineficiencia pública, las pérdidas de los hospitales públicos contra
las ganancias de los privados. Parten de la suposición de que la
opinión pública no se dará cuenta de sus criterios de selección de los
enfermos y de que, por lo tanto, las pérdidas de los hospitales
públicos, por más eficientes que sean, serán cada vez más la causa de
las ganancias de los hospitales privados.
* Doctor en Sociología del Derecho.
Traducción: Javier Lorca.
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