“No saben el problema en el que se están metiendo,
desactívenlas de inmediato, de verdad no saben...”
Mayor de la Policía Nacional de Colombia,
Bogotá, noviembre, 2013
Primera estación: Colombia
El Mayor –en aquél entonces todavía Capitán- de la Policía Nacional de Colombia hablaba viendo el fenómeno de las llamadas “autodefensas” en México a través del cristal colombiano.
En Colombia el concepto autodefensa indica algo diferente -muy diferente- de lo que se entiende en México.
En Colombia se habla de autodefensas para referirse a los grupos que alcanzaron una fama sombría bajo el liderazgo de personajes como Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. El primero cobró una fama siniestra por su costumbre de despedazar campesinos con motosierras mientras que el segundo terminó torturado a muerte, según palabras de su verdugo, por órdenes de su hermano, Vicente Castaño.
En Colombia cuando se habla de autodefensas, se habla principalmente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y cuando se habla de las AUC se habla de grupos paramilitares, no en el sentido sociológico del término –es decir, como un grupo armado paralelo a las fuerzas armadas oficiales- sino en el sentido político clásico de la contrainsurgencia: paramilitares son aquellos entrenados, equipados y protegidos extraoficialmente por el Estado pero en la sombra –como lo llegó a reconocer Mancuso- como parte de una estrategia de Guerra de Baja Intensidad.
En Colombia cuando se habla de autodefensas –aunque tras las “desmovilizaciones” de tiempos de Álvaro Uribe ya es un término en desuso- se habla, básicamente, del grupo responsable –según Amnistía Internacional- de cerca del ochenta por ciento de las atrocidades en la tragedia colombiana: las masacres de El Tomate y la de la Mejor Esquina en 1988; la de La Rochela en 1989; las de Mapiripán y El Aro en 1997; las de El Salado y Macayepó en el año 2000; la de Chengue en 2001; la de Bahía Portete en 2004 y la de San José del Apartadó en 2005 son apenas algunas de las muchas atrocidades atribuidas al paramilitarismo de ultraderecha de las AUC en alianza con grupos de narcotraficantes y en alianza también –como acusan organizaciones de los derechos humanos- con sectores de las fuerzas armadas del Estado.
* * *
Dicho todo lo anterior se hacen comprensibles las palabras del Mayor cuando decía “No saben el problema en el que se están metiendo, desactívenlas de inmediato, de verdad no saben...”
Segunda estación: México
Pero Colombia no es México, y tampoco es claro –como muchos creen tanto en el país norteamericano como en el sudamericano- que sus senderos sean el mismo con algo más de diez años de diferencia.
Hay similitudes, sí, pero sus diferencias son más importantes y en el caso de lo que genéricamente se ha llamado el fenómeno de las “autodefensas” esas diferencias son abismales: sencillamente no hay punto de comparación más allá de que se les cuelgue la misma etiqueta.
Vale la pena destacar tres.
Primero.- Origen y financiamiento
Las Autodefensas Unidas de Colombia fueron financiadas desde sus inicios por algunos de los sectores sociales más fuertes –como el ganadero, el transportista y el político- de las regiones económicas más importantes -como Antioquia- del país, tal como reportó el diario El País de Colombia en una nota cuyo título no deja lugar a dudas: “Masivo mea culpa por apoyo a las AUC” (El País. Dic. 18, 2006).
En el caso de México, los grupos de autodefensa han surgido y se han desarrollado como iniciativas populares en regiones como Michoacán y Guerrero –poniendo de lado iniciativas como la del grupo rudo del ex alcalde Mauricio Fernández en Monterrey, Nuevo León, por ser más la excepción que la regla- que se encuentran entre las de más alta marginación del país. Si bien no es claro todavía su financiamiento, parece evidente que –al menos por el momento- es precario. Juzgando sobre la base de lo que muestra la evidencia fotográfica disponible no cuentan con vehículos ni armamento de última generación que no pueda ser explicado como resultado de la apropiación de los abastecimientos de enemigos derrotados, un fenómeno por demás común en áreas de conflicto violento. ¿Qué tienen fusiles AK-47? Sí, muy parecidos –o hasta iguales- a los que utilizan los grupos de narcotraficantes a los que dicen combatir, lo que, de suyo, confirma los dichos por ejemplo de Arturo Román -coordinador de las autodefensas en Tepalcatepec- en conversación con Javier Solórzano (Ene. 14, 2014). O como lo dijo un día antes, Estanislao Beltrán, vocero de las autodefensas de Michoacán al escuchar el señalamiento que se les hace de quemar vehículos “Nosotros, como autodefensas, jamás vamos a destruir algo que nos sirve.” (La Jornada en línea. Ene. 13, 2014).
Segundo .- Objetivos tácticos y estratégicos
Las AUC en Colombia tenían un fin no sólo instrumental –el combate a la guerrilla- sino también una meta más general -“el combate a las guerrillas comunistas”- que permitió y en un cierto sentido “legitimó” –así haya sido sólo de forma discursiva aprovechando las inercias de la guerra fría- su crecimiento y consolidación. Tácticamente la tarea –al menos nominalmente y de acuerdo con sus propios dichos- era detener los abusos de la guerrilla mientras que estratégicamente amparaban sus acciones en el marco del gastado argumento de la defensa del “mundo libre” contra la “penetración comunista” -argumentos dicho sea de paso, no muy distantes de los utilizados por prácticamente todas las dictaduras de los años sesentas, setentas y ochentas en el cono sur.
El caso de México, una vez más, es diferente. Las metas tácticas son elocuentes, transparentes y en más de un sentido, irrefutables: “Nosotros no queremos pagar cuotas, no queremos extorsiones, no queremos robo, no queremos [andar] con la cabeza agachada todo el tiempo, queremos levantar nuestra cabeza.” Así explicó un integrante de las autodefensas de Tepalcatepec al diario El Universal las metas tácticas del movimiento (El Universal. Ene. 14, 2014). Y sus palabras son respaldadas también en su dimensión estratégica por lo dicho por el vocero de las autodefensas en la conversación con el diario La Jornada que hemos referido cuando señala, “Nosotros no queremos ser policías, no queremos ser comandantes. Nuestro interés no es agarrar un puesto. Nuestro interés es tener a nuestras familias protegidas.”
Tercero.- El papel gubernamental
Dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su Sentencia en el Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia:
“Por unanimidad, la Corte declaró que el Estado de Colombia es internacionalmente responsable por haber incumplido con su obligación de garantizar los derechos a la integridad personal y a no ser desplazado forzadamente, en perjuicio de los miembros de las Comunidades del Cacarica, en Riosucio, Departamento del Chocó, desplazados por acción de grupos paramilitares en colaboración con integrantes de las Fuerzas Armadas Colombianas…”
El subrayado es nuestro, aunque por si quedara alguna duda -y para evitar confusiones- detalla:
“Los hechos del caso también se refieren a la desposesión ilegal de los territorios ancestrales pertenecientes a las comunidades afrodescendientes de la cuenta del rio Cacarica. Del mismo modo, la Corte declaró que los actos crueles, inhumanos y degradantes a que fue sometido el señor Marino López en el poblado de Bijao, así como la privación de su vida, cometidos por miembros de grupos paramilitares, son atribuibles al Estado por la aquiescencia o colaboración que prestaron agentes de la fuerza pública para las operaciones de esos grupos, lo cual les facilitó las incursiones a las comunidades del Cacarica y propició o permitió la comisión de este tipo de actos.”
Para decirlo en pocas palabras: contra lo que el gobierno colombiano está dispuesto a reconocer –por razones obvias- instancias autorizadas como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han determinado que las operaciones de las AUC han sido respaldadas por elementos de la fuerza pública civil y militar. En qué medida se dio este respaldo puede ser ilustrado por la vida y muerte de la Unión Patriótica (UP), partido político que fue ahogado en sangre por el paramilitarismo y que incluso diarios oficialistas como El Tiempo –del que incluso la familia presidencial era co-propietaria hasta hace poco- describe en los siguientes términos:
“…conviene recordar que en ese entonces la UP, que surgió en 1985, durante el proceso de paz que sostuvo el gobierno de Belisario Betanur con las FARC, ya se encontraba bastante diezmada por la atroz campaña de exterminio de la que fue objeto y en la cual, según lo han determinado numerosos fallos, participaron agentes estatales, además de narcotraficantes y organizaciones paramilitares.
Y ofrece un recuento de los daños:
“Es importante rememorar el saldo que dejó tal persecución, que se hizo más intensa a finales de los 80 y comienzos de los 90. Alrededor de 5,000 de sus militantes murieron, entre ellos, dos candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal, en 1987, y Bernardo Jaramillo Ossa, en 1990; además de 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes.” (El Tiempo. Jul. 10, 2013)
Así, no es extraño que sectores críticos en Colombia se refieran la tragedia descrita como el genocidio de la UP.
¿Y en México? En México algunos medios deslizaron la posibilidad de que la formación y crecimiento de las autodefensas fuesen una estrategia política oficial. Sin embargo, ante la incompetencia e inoperancia de los poderes locales, el gobierno federal, por vía de sus voces más autorizadas –Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa y Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República y básicamente todo el gabinete de seguridad- ordenó el desarme de las autodefensas y su integración formal –a modo de policías o, lo que a nivel local se conoce como guardias comunitarias- a las tareas de seguridad pública.
¿Está el gobierno a favor de una estrategia de proinsurgencia –en el sentido que da al mismo la obra clásica sobre la materia de Peter Kornbluh y Michael T. Klare Contrainsurgencia, Proinsurgencia y Antiterrorismo en los 80: El arte de la guerra de baja intensidad (Grijalbo. México, 1990)? Lo lo parece.
En primer lugar las estrategias de proinsurgencia se utilizan para desestabilizar al gobierno en turno: los Estados Unidos articularon la proinsurgencia mujaidin en Afganistán durante la invasión soviética de 1979, del mismo modo en que los soviéticos hicieron lo propio –aunque de un modo diferente- en la Nicaragua bajo el régimen de Somoza, régimen que fue derrocad ese mismo año por el movimiento revolucionario.
¿Qué ocurre en México? En este caso lo que se tiene es que tanto el gobierno local como el federal pertenecen al mismo partido político. ¿Qué ganaría la federación o la autoridad local con socavar su único –y último- patrimonio político que es aquello que incluso las teorías políticas más conservadoras identifican como la característica distintiva del Estado (“el monopolio de la violencia legítima”)?
El surgimiento de grupos civiles armados –independientemente de si uno está de acuerdo o no con ellos- apunta a una conclusión incontrovertible –tal vez la única con que podría ser calificada así: que la autoridad formalmente establecida es incapaz de cumplir con su función, es incompetente en la tarea de proporcionar seguridad, es inútil como órgano regulador de la vida social y es impotente cuando se trata de hacer valer el estado de derecho.
Eso es lo que hace evidente la gestación, crecimiento y consolidación de las autodefensas. Qué ganaría con esto el gobierno federal –o para lo que todavía pueda contar, el gobierno local- más allá del desprestigio y la exhibición de su inoperancia total -e incluso de su inexistencia de facto- es algo que escapa a la lógica. De tal suerte que la idea de las autodefensas como una estrategia proinsurgente del gobierno –federal o estatal- no tiene sentido, ¿por qué? porque no tiene asidero.
Al menos por el momento.
Aunque la hipótesis contraria, si las acusaciones que se han hecho contra la autoridad estatal -de haber llegado al poder con el apoyo del grupo del narcotráfico contra el que combaten las autodefensas- son reales, parece tener sentido. Y en ese caso, que el gobierno local decida despachar, justo ahora y no antes, en el corazón mismo en el que opera el grupo conocido como “los Caballeros Templarios” –Apatzingán- puede leerse no tanto como un compromiso del gobernador de atender la crisis en su epicentro, sino como un esfuerzo para proteger a sus financiadores de campaña del avance de las autodefensas.
Pero una vez más, esa lectura sería válida sólo si las acusaciones de vínculos entre el gobierno local con los traficantes de drogas –como acusa, entre otros el reportero Álvaro Delgado en su artículo “Michoacán al fracaso: Complicidades intactas” (Proceso. Ene. 14, 2014) resultan ciertas.
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Las autodefensas en México no son las autodefensas de Colombia del mismo modo en que el sendero que camina México no es el mismo que recorrió Colombia.
Y sólo para sumar otro elemento: allá el desarme de las autodefensas fue lo último que hicieron, aquí, lo primero.
Tercera estación.- Una cuestión conceptual
En Colombia, los conceptos son importantes. El paramilitarismo de las Autodefensas Unidas de Colombia denominaba eufemísticamente a las masacres que cometían como “hechos militares” –del mismo modo en que, supongo, denominarían a los despojos de tierra, a la extorsión, el robo y el secuestro “hechos económicos.
Pero no son los únicos que juegan con las palabras.
El gobierno colombiano dice que ya las autodefensas no existen, que lo que vino a ocupar su lugar ahora son las bacrims (abreviación de “Bandas Criminales”) de entre las que destaca una, la de las Águilas Negras. Eso dice y tal vez tenga la razón, sin embargo, más allá de los cambios bautismales, al día de hoy, los matones del pasado no parecen muy diferentes de los asesinos del presente.
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En México los conceptos también son importantes. Autodefensas no es lo mismo que guardias comunitarias y éstas no son lo mismo que guardias blancas. Ciertamente hay también un mundo de diferencia entre autodefensa –como se entiende hoy en México- y guerrilla del mismo modo en que no es sin controversias acaloradas –como es debido- que se busque criminalizar a los integrantes éstas últimas asimilándolas como delincuentes a rajatabla, o peor aún, como algo todavía más torcido mediante el uso de concepto engañosos, imprecisos sociológicamente y manipulables políticamente como el de terroristas.
Todas son formaciones armadas y todas son diferentes, no sólo entre sí, sino también, dentro de sí (no es lo mismo el EPR que el EZLN en el caso de las guerrillas), y reconocer y hacer justicia a esta complejidad –que no se limita al ámbito semántico- puede ser un buen comienzo.
No hacerlo puede abrir una puerta que tal vez no podamos cerrar más tarde.
Última estación.- Última oportunidad
Pedir el desarme de las de las autodefensas parece algo lógico desde la óptica del Estado, pero sería imprudente –y hasta insensato- para un padre de familia cuya hija ha sido violada, como otras tantas en el pueblo, por delincuentes a quienes la autoridad no sólo no ha castigado y con quienes –una vez, más si la acusación resulta cierta- tiene connivencia.
Solicitar confianza a las personas que integran las autodefensas con promesas de que ahora sí se hará el trabajo que se tenía que hacer y que por alguna razón no se hizo sin ninguna garantía más que una palabra que ya de por sí estaba empeñada es pedir todo –porque la confianza de la ciudadanía en la autoridad en materia de gobernabilidad lo es todo- sin dar nada a cambio. Una solicitud aquí, ahora y así, es, por decir lo menos, una tontería.
Exigir a las autodefensas que respeten a las instituciones parece natural desde la óptica de la normalidad democrática, en la que -según el contrato social- la autoridad velará por la protección de los gobernados. Sin embargo aquí eso es precisamente lo que no existe, normalidad democrática: para comunidades enteras que desde hace años sólo han visto la autoridad de la delincuencia organizada como eje articulador de la vida y la muerte social, la demanda es sencillamente ridícula.
* * *
¿Más armas –así sean las del ejército y la policía- van a resolver la crisis? Las primeras que llegaron mataron al menos a tres personas inocentes, civiles desarmados –y cuentan las crónicas que entre los que perdieron la vida había una niña de apenas 10 años.
¿Menos armas entonces –así sean las de las autodefensas? Las primeras que se fueron sólo sirvieron para ahondar la desconfianza: “¡Regresen las armas que nos quitaron! ¡Por qué nos desarman a nosotros y no a Los Caballeros Templarios! Si no nos devuelven nuestras armas ¡les vamos a quitar las suyas!” (Montes, Rodolfo. “Chocan militares y pobladores por desarme de autodefensas.” Milenio, Ene. 14, 2014).
Aunque es uno de los aspectos más visibles del conflicto, las armas aquí –como en cualquier otro lugar- no son un factor absoluto: Suiza es tal vez la sociedad más armada per capita del mundo y no es necesariamente la más violenta. ¿Se ven mucho? Sí, ¿son importantes? también. ¿hay que hacer algo con ellas? sin duda. Pero no son un factor absoluto y mucho se esconde debajo de su fulgor y su estruendo.
Más importante es atender las causas que provocaron la crisis –y la crisis no es que las autodefensas se organizaran, crecieran y emprendieran la toma de la comunidad de Nueva Italia y otras. No, la crisis cuyas causas hay que atender es la de la ausencia del Estado y la subsecuente instauración de la delincuencia organizada gobierno de facto. Las autodefensas son apenas el síntoma superficial de problemas más profundos: la corrupción, el desdén y la opacidad..
Pero ni en México ni en Colombia se atienden estos fenómenos endureciendo la política de seguridad, cosa que por cierto lo único que consigue es hacerla más brutal, pero no más efectiva.
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En Colombia la vinculación entre paramilitares de las AUC, narcotraficantes y políticos involucró a casi 1 de cada 4 congresistas (68 –a 2008- de un total 268) en lo que se conoció como el Escándalo de la parapolítica que llevó al arresto de más de 30 congresistas –equivalente a encarcelar en México a 55 de 500 legisladores), que produjo también la renuncia de la Canciller y que puso bajo sospecha a decenas de gobernadores, concejales y otros funcionarios públicos.
El nivel de podredumbre del sistema político colombiano quedó al descubierto. Internacionalmente fue una vergüenza, sí, pero también fue importante y más aún: fue necesario para comenzar a enderezar el camino.
Pero eso ocurrió en Colombia.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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