El autor explica cómo la presión del FMI, el Banco Central y la Comisión Europea han suspendido el sistema democrático en Grecia |
La deuda pública de Grecia a finales del 2011 se estima que habría llegado a los 355.000 millones de euros, cifra que ya supone el 165% de su PIB. Casi un 75% del total (unos 260.000 millones) son bonos que se negocian –con cuantiosos márgenes de beneficios– en los mercados secundarios de valores, y que están en manos de agentes privados (fondos, aseguradoras y bancos poseen casi el 70% de los mismos), del BCE (que ostenta otro 20%) y de la seguridad social griega (10% restante).
Por otro lado, poco más del 25% de lo reclamado (95.000 millones) son créditos que le han otorgado –con jugosos intereses– países socios de la misma UE (53.000 millones), con Alemania y Francia a la cabeza; otros países de la comunidad internacional (22.000 millones), y el propio FMI (20.000 millones), a raíz del primer paquete de rescate –ya fallido–, aprobado apenas hace dos años, en mayo de 2010. Siendo así, lo primero que cabe denunciar es el papel que juega la Troika en las negociaciones, ya que a pesar de que se presenta como un negociador neutro para salvar a Grecia de la tragedia del impago, en realidad lo que pretende es asegurarse el pago de las deudas que reclaman para ellos y para el capital privado al que representan.
Alguien dirá que la deuda debe pagarse. En todo caso eso dependerá de cómo y quién la originó y para qué beneficio. En el caso griego, el pueblo está denunciando que la deuda se cuadriplicó con la dictadura de los Coroneles, que luego aumentó vertiginosamente a raíz de los Juegos Olímpicos de 2004, con proyectos megalómanos en los que empresas alemanas como Siemens sacaron cuantiosos beneficios sobornando a políticos; o con la compra sistemática de armamento a Francia, Alemania y EE UU, que hacen que Grecia sea el primer país de la UE en gasto militar en relación a su PIB. En este sentido, es significativo comprobar cómo mientras se recortan pensiones, sueldos y prestaciones sociales, la Troika no exige recortes en el gasto militar.
Por todo ello, la sociedad griega está reclamando la suspensión unilateral de pagos, acompañada de una auditoría de la deuda que permita conocer su origen, repudiar toda la deuda ilegítima y encausar a los responsables, tanto nacionales como extranjeros, que han llevado al país a la bancarrota. Tal y como están las cosas, ésta parece la única salida razonable y realmente democrática; es decir, la única que permitirá al pueblo griego recuperar el poder de su soberanía económica, social y política.
Ahora que un segundo rescate está encima de la mesa se defiende que es necesario ajustar todavía más la economía y profundizar las reformas estructurales para garantizar, dicen, la salud económica de Grecia (que no de su población, claro está). Ello, para poder alcanzar un nivel ‘sostenible’ de deuda del 120% del PIB en el 2020. Si esta cifra es sostenible, ¿por qué no lo fue a finales de 2009, justo antes del primer rescate, cuando la deuda ‘tan sólo’ era del 125%? ¿Todo ese costoso recorrido, en términos sociales, para llegar al mismo lugar de partida? ¿No será que lo interesante para los acreedores no sea tanto el cobro de la deuda, que también, sino lo que su pago conlleva en su propio beneficio: ajustar las condiciones para que la clase trabajadora esté todavía más indefensa? No en balde hay quien afirma que Grecia es el nuevo laboratorio de pruebas del neoliberalismo, como lo fue en su momento América del Sur en los años ‘70.
En Grecia se está jugando más de lo que nos creemos. Lo que está en juego es la correlación de fuerzas entre el pueblo y la clase dominante mundial, que está aprovechando la crisis, que ella misma ha provocado, para hacernos perder los derechos conseguidos durante decenios. Ante ello, ¿nos quedaremos impasibles?
Daniel Gómez-Olivé i Casas es investigador del Observatorio de la Deuda en la GlobalizaciónFuente: http://www.diagonalperiodico.net/En-Grecia-nos-jugamos-el-futuro.html
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