El congreso decidió un plazo de cinco años al menos para desplegar en toda su complejidad el nuevo modelo económico y social, “sin caer en la improvisación ni el apresuramiento”, pero sin pausa. Resalta la descentralización de facultades, prerrogativas y decisiones hoy correspondientes a los órganos de gobierno nacionales que se trasferirán a las empresas estatales y administraciones locales. De la misma manera, la elevación del trabajo y su justa remuneración a la mayor jerarquía en la sociedad y, a la vez que una nueva y reforzada política tributaria, instrumentos centrales en la distribución de la riqueza social. Prevalecerá la planificación sobre el mercado pero sin dejar de poner atención a las tendencias de este. Todo ello debe contribuir al desarrollo de la iniciativa y la responsabilidad personal como condición indispensable para romper los nudos que impiden el desarrollo de las fuerzas productivas.
Los medios fundamentales de producción continuarán como propiedad estatal de todo el pueblo pero se ampliará considerablemente el campo a las formas de propiedad o gestión no estatales en numerosas producciones y servicios mediante un gran impulso al autoempleo y la microempresa; se elevará el límite de tierras ociosas que está permitido entregar en usufructo a particulares y cooperativas. La ampliación de actividades económicas fuera del ámbito estatal permitirá que el Estado deje de realizar funciones que hoy desvían su atención, concentrarse en elevar la eficiencia de la producción y los servicios básicos y crear un espacio para la reubicación de cientos de miles de trabajadores del sector público. La educación y la salud gratuitas y universales, la seguridad y la asistencia social, conquistas históricas de la Revolución, continuarán dentro de la esfera estatal, que estará en mejores condiciones de elevar su calidad y continuo perfeccionamiento, logrando mejor servicio con menos gasto. Es el pueblo, la elevación de su nivel de vida, de sus valores éticos y políticos lo que anima este proceso.
La autonomía de las empresas y la descentralización del Estado son indispensables para potenciar la participación de los trabajadores en la gestión económica, comunitaria y estatal, logrando el nivel superior de democracia socialista requerido por este complejísimo programa de cambios. El alto nivel cultural y técnico de los cubanos podrá rendir ahora más y mejores frutos.
Igualmente, el éxito de este proceso depende de una elevación del papel dirigente del Partido Comunista, de un cambio en sus métodos y estilo de trabajo que exige deslindarlo de funciones gubernamentales. El poder del partido, señaló Raúl Castro, descansa básicamente en su autoridad moral, en la influencia que ejerce en las masas y en la confianza que el pueblo deposita en él. Con ese propósito está convocada para fines de enero próximo la Conferencia Nacional del Partido, mandatada para revisar los Estatutos y elegir nuevos miembros del Comité Central.
La celebración del congreso ha marcado un hito pero por sí misma no implica la solución automática de todos los problemas de la sociedad cubana, que exigen, en primer lugar de la escrupulosa aplicación de sus resoluciones, mucho trabajo y creatividad. Con orden, disciplina y exigencia, ha reclamado Raúl. No incumplir los acuerdos de este como se hizo con congresos anteriores
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2011/04/28/index.php?section=opinion&article=030a1mun
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