viernes, 30 de noviembre de 2012
Los salafitas.
Salafismo, ¿un peligro nuevo?
Cuarto Poder
Dos años después del comienzo de la llamada “primavera árabe”, los medios occidentales vuelven a centrar la mirada en la “irresistible” amenaza del islam para los frágiles procesos “democratizadores” abiertos en Túnez o Egipto. Para algunos, ésa es la prueba de que nada ha cambiado en lo esencial; para otros, el retorno más bien de una islamofobia instrumentalizada, desde dentro y desde fuera, para impedir precisamente que esos cambios se produzcan.
Fuente original: http://www.cuartopoder.es/tribuna/salafismo-un-peligro-nuevo/3653
A los que sostienen que nada ha cambiado podríamos señalarles de entrada un cambio en la terminología periodística. ¿De dónde han salido todos estos salafistas de los que nadie había oído hablar antes? ¿Son una “fuerza nueva” en el mundo islámico sunní? Nada de eso. Los “seguidores de los ancestros” (salaf) constituyen desde hace décadas una vaga nebulosa de organizaciones bastante dispares, pero coincidentes en el rechazo puritano de toda “innovación”, la defensa a ultranza del “tauhid” (la unicidad divina) y la “imitación” cotidiana de las costumbres del profeta y sus compañeros. Aunque muchos de estos grupos descartan la intervención política para ceñirse al ámbito de la “dawa” (predicación), su intolerancia al mismo tiempo frente al ateísmo y el chiismo los sitúa en un horizonte doctrinal muy próximo al del wahabismo radical, cuya expresión más violenta ha sido siempre la franquicia Al-Qaeda. En todo caso, que un término reservado hasta ahora a los “especialistas” se haya generalizado y casi banalizado revela dos novedades subordinadas entre sí: (1) se reconoce por primera vez la pluralidad del espectro político islamista, hasta ahora englobado y condenado en la etiqueta “integrismo”, y (2) ello se hace para legitimar y rehabilitar su versión “moderada”, esos Hermanos Musulmanes que, con un nombre u otro, gobiernan o están a punto de gobernar en gran parte del mundo árabe y con los que las mismas potencias occidentales que los rechazaban tienen ahora que negociar.
Pero a los que tratan de reducir el salafismo a un mero fantasma al servicio de la islamofobia interesada, hay que recordarles a su vez que, mientras escribo estas líneas, un centenar de detenidos vinculados al partido Ansar-a-Charia se mantiene en huelga de hambre en Túnez tras la muerte hace unos días de Mohamed Bakhti y Bechir Gholli, dos jóvenes presuntamente implicados en el asalto a la embajada de EEUU y que llevaron su protesta hasta las últimas consecuencias. Ansar-a-Charia, “los partidarios de la ley islámica”, nació en la primavera de 2011, tras el derrocamiento de Ben Alí, cuando Abu Iyadh, su máximo dirigente, formado en los medios talibanes de Afganistán, salió de la cárcel junto a otros presos políticos. Desde entonces su ascendiente entre los jóvenes tunecinos no ha dejado de aumentar en la misma medida en que el partido Nahda en el poder se vuelve políticamente más pragmático e ideológicamente menos radical. Sin duda utilizado en el marco de una estrategia de la tensión bien estudiada, sin duda minoritario, lo que no puede negarse es la existencia del salafismo ni su rampante influencia social.
¿Por qué esta “islamización” al calor de unas revoluciones que se hicieron al margen de todas las ideologías en nombre de la justicia y la dignidad? A veces conviene no tratar de ser originales. Digamos que las razones son tan banales como irresistibles. La primera tiene que ver con la propia libertad conquistada que permite hoy la expresión -indumentaria y en general identitaria- de convicciones hasta ahora prohibidas o perseguidas; si aceptamos la profundidad antropológica de estos impulsos “superficiales”, muchos jóvenes utilizan su fe religiosa como pretexto para cambiar su “look” y afirmar públicamente su rebeldía. La segunda razón tiene que ver con la pobreza y, en general, la exclusión social, inalteradas o agravadas tras la caída de la dictadura, combustible poderosísimo de un malestar que, a falta de otros referentes, busca soluciones en la propia tradición y en la propia historia. La tercera razón está relacionada, en cambio, con la riqueza: con el hecho -es decir- de que las organizaciones salafistas cuentan con recursos económicos superiores a los de otros grupos y ofrecen a estos jóvenes inconformistas y sin futuro algo más que orientación espiritual y disciplina vital.
En cuanto a la cuarta y última de estas razones, recuerdo sin el menor ánimo provocativo que los salafistas son mayoritariamente hombres, jóvenes, desempleados, marginados y… solteros. Siempre he dicho que el mundo árabe tiene dos revoluciones pendientes: la lingüística -reconocimiento de las lenguas minoritarias, dignificación de los “dialectos” nacionales- y la sexual. Asociada a la dificultad para acceder a bienes de consumo y autoestima social, la dificultad para acceder a una vida sexual libre y satisfactoria alimenta sin duda las versiones más patriarcales, puritanas, represivas y violentas de la religión. Es difícil creer en un Dios macho, celoso, proscriptivo, imperativo, punitivo, allí donde los cuerpos -el propio y los ajenos- se yerguen como amigos y no como adversarios. La libertad sexual es la condición mínima, aunque no suficiente, de todas las liberaciones sociales. Para estos jóvenes provistos de un cuerpo social y económicamente excedentario, el Dios salafista es un obstáculo sexual, pero es también una racionalización y un refugio de su sexualidad mutilada.
(*) Santiago Alba Rico (Madrid, 1960) es escritor y filósofo. Entre sus obras cabe destacar Dejar de pensar (Akal, 1986), Volver a pensar (Akal, 1989), ambas en colaboración con Carlos Fernández Liria, o Las reglas del caos (finalista del Premio Anagrama de Ensayo en 1995). Recientemente ha publicado Noticias (Caballo de Troya, 2010), Túnez, la revolución (Hiru, 2011) y la obra de teatro B-52 (Hiru, 2012).Fuente original: http://www.cuartopoder.es/tribuna/salafismo-un-peligro-nuevo/3653
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La "guerra contra las drogas"
El Capitalismo narco
dawnpaley.ca
| Dawn Paley sondea por debajo de la superficie de la guerra contra las drogas en Colombia y México. Explora los mecanismos empleados, cuantifica la devastación humana y económica, analiza las posibles razones por las que la guerra continúa además de sugerir otras áreas de investigación. |
Gracias a los editores y voluntarios asociados al proyecto Upside Down World, mi articulo “Drug War Capitalism” ya esta disponible en castellano. Aquí esta la version publicada en Upside Down World en Español, aquí la version publicada por Agencia SubVersiones en México DF, y aquí la version publicada por ALAI desde Quito, Ecuador.
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Tanto en los Estados Unidos como en Canadá ha habido esfuerzos sostenidos de grupos de base para destacar las injustas encarcelaciones en masa y la criminalización de la gente pobre, sobretodo la gente pobre de color, en cuanto a detenciones relacionadas con drogas. Pero se ha encontrado muy poco análisis sobre las razones detrás de los mecanismos de esta guerra y el impacto económico que tiene sobre México y más allá.
Incluso antes de que la retirada de Irak o Afganistán se hubiera alcanzado, los Estados Unidos ya estaban involucrados en una serie de conflictos desde la frontera norte de México hasta Perú. Tanto los gobiernos como los medios de comunicación la han catalogada como la “Guerra contra las drogas.” Es importante examinar como la creciente “Guerra contra las drogas” se conecta con la expansión de empresas transnacionales que toman control de mercados, obreros y recursos naturales.
En Honduras cuatro indígenas fueron asesinados a balazos en mayo, cuando la policía hondureña abrió fuego desde un helicóptero del Departamento de Estado estadounidense, todo bajo la supervisión de agentes uniformados de Estados Unidos. En México con la orientación de Estados Unidos, Canadá, Israel y Colombia, la policía y el ejército han sido transformados.
En Colombia la guerra ha durado ya cuatro décadas y se han gastado billones de dólares estadounidenses, pero ahora se está calificando como lucha contra el crimen. Durante la década de los 1980s el Estado colombiano se convirtió en un estado paramilitarizado, en un proceso que según el historiador German Alfonso Palacio Castañeda”se manifiesta con amenazas, atentados y asesinatos selectivos y masacres colectivas de funcionarios gubernamentales (principalmente pero no exclusivamente de la izquierda), y de líderes políticos populares, obreros, campesinos, profesores, activistas de derechos humanos y miembros de organizaciones no gubernamentales.”
En la forma de financiación para programas antinarcóticos, la asistencia de EE.UU. en Colombia resultó en el fortalecimiento de grupos paramilitares y de policías no oficiales, los cuales según informes patrullaban junto al ejército de Colombia y se vieron involucrados en la gran mayoría de masacres y desplazamientos forzados en el país.
“Decir que la guerra contra las drogas ha fracasado es no entender algo,” comentó Noam Chomsky, en un discurso en el mes de mayo. “Uno tiene que preguntarse qué está en la mente de los planeadores ante tanta evidencia de que no funciona lo que dicen que están intentando lograr. ¿Cuáles son las intenciones probables?”(1)
Los comentarios de Chomsky apuntan hacia un área urgente de investigación para los y las activistas y periodistas que desean entender las guerras actuales contra las drogas. Cada vez es más claro que hay mucho trabajo por hacer para reconstruir juntos los motivos de la militarización liderada por Estados Unidos en las Américas.
Una reconsideración de la llamada guerra contra las drogas requiere entre otras cosas una evaluación de la forma en que ha favorecido la expansión de la inversión extranjera directa y de las industrias extractivas en Colombia, México y Centroamérica.
La guerra, cuando los golpes no bastan
“Así es como se sentía el inicio del neoliberalismo,” dijo Raquel Gutiérrez, reflexionando sobre lo que es tratar de entender la guerra en curso en México. Ahora catedrática de la Universidad Autónoma de Puebla, Raquel era militante clandestina en Bolivia a mediados los años 80, cuando las primeras políticas neoliberales tuvieron efecto en aquel país, creando una pauperización de la clase obrera. Han pasado 10 años desde que regresó a México.
Raquel se detiene y da una pitada a su cigarrillo, como si tratara de recordar un idioma que ha olvidado. No viene. Luego me pregunta si he leído el libro de Naomi Klein La doctrina del shock. Asiento con la cabeza. Silencio. “La cosa es que en México, los choques no funcionaron,” dice ella.No es por una escasez de choques. Las políticas económicas neoliberales se introdujeron por primera vez en forma de programas de ajuste estructural. Esto puso fin a un período de crecimiento económico sostenido, la industrialización de sustitución de importaciones, y los altos precios del petróleo conocido como el milagro mexicano.
“De 1980 a 1991, México recibió trece préstamos de ajuste estructural del Banco Mundial, más que cualquier otro país,” escribió Tom Barry en su libro La venganza de Zapata, publicado en el 1995. “También se firmaron seis acuerdos con el FMI, todo lo cual trajo una mayor presión para liberalizar el comercio y la inversión.” (2)
En la década de 1980, a veces llamada la “década perdida,” se derrumbaron los precios del petróleo, junto con el peso. “De más de mil empresas estatales en 1983, el estado mexicano era dueño de 200 en 1993. En 1991, el programa mexicano trajo más dinero a las arcas del gobierno (EE.UU. $ 9.4 mil millones) que todas las ventas de otras empresas públicas en América Latina en conjunto.”(3) A finales de 1994, México había firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y fue testigo del levantamiento Zapatista, además de ser sometido a otra devaluación de la moneda.
Pero a la vuelta del siglo 21, el territorio y la economía de México todavía no estaban totalmente abiertos a los inversionistas extranjeros. “No obstante estas reformas, el desempeño de la economía mexicana en las últimas tres décadas ha sido insatisfactorio,” notaba un informe publicado a principios de este año por el Banco de México (4).
Las comunidades campesinas e indígenas continuaron ejerciendo el título comunal sobre las tierras ricas en recursos. Una gran clase media es propietaria de las pequeñas empresas y las familias más ricas de México han mantenido el control sobre los sectores lucrativos de la economía. De acuerdo con el departamento de Estado de EE.UU. las 10 familias más ricas de México “no son el único obstáculo para la mejora de la competencia en la economía mexicana.” Pemex, la 17ª mayor empresa petrolera del mundo, sigue en manos del Estado. (5)
Algo más que un choque económico estaba a la orden: una estrategia integral que ya está probada que aumente la inversión extranjera directa. Tenía que asegurarse de que la policía local, el ejército, y todo el sistema jurídico funcionara de acuerdo a las normas estadounidenses. Esta es la estrategia que coloquialmente se conoce como la guerra contra las drogas.
Desde la presidencia de Nixon, el gobierno de EE.UU. ha invertido casi un billón de dólares (6) en la “guerra contra las drogas” en países como Colombia y Afganistán. Los vínculos directos entre las políticas de combate a las drogas y el clima de mejora de la inversión se revelan a través de un examen cuidadoso de la participación de EE.UU. en Colombia desde 2000 hasta 2006. La estrategia se ha perfeccionado y ampliado en las últimas dos décadas a través de la experimentación a nivel nacional e internacional.
El modelo económico de Colombia
El Plan Colombia fue un programa de seis años de lucha antinarcótico financiado conjuntamente por los Estados Unidos y Colombia. Diplomáticos no estadounidenses afirman que el primer borrador del Plan Colombia fue escrito en inglés, y luego traducido al español. (7)
En los 11 años desde que se puso en marcha el Plan Colombia, el gobierno de EE.UU. ha gastado más de 3.6 mil millones de dólares en iniciativas de aplicación de la ley contra los narcóticos. Sin embargo, el gobierno de los EE.UU. informa que “Colombia sigue siendo uno de los mayores productores y exportadores mundiales de la cocaína, así como un país de origen de la heroína y la marihuana.” (8)
En 2008 la Oficina de Contabilidad del Gobierno de los EE.UU. (GAO por sus siglas en inglés) encontró que Plan Colombia no cumplió con los objetivos de reducción de la producción de drogas, ya que el “flujo estimado de cocaína hacia los Estados Unidos desde Sudamérica” aumentó entre 2000 y 2006. (9)
En lugar de que esto fuera una causa para un cambio en la estrategia, el fracaso del Plan Colombia se minimizó en favor de una serie de indicadores emergentes vinculados a la seguridad y a mejorar el entorno empresarial. Bradford Higgins, Subsecretario de Gestión de Recursos de EE.UU., argumentó: “En muchos sentidos, los programas de Colombia y el apoyo de EE.UU. han evolucionado a partir de nuestro enfoque original más estrecho, hacia una estrategia integral que puede servir como modelo para informar esfuerzos en otros estados fallidos o deficientes. “(10)
Esfuerzos previos de Estados Unidos para hacer cumplir las sanciones relacionadas con narcóticos en Colombia impactaron negativamente las inversiones de Estados Unidos. El Consejo de Empresas de América – un consorcio de empresas estadounidenses en Colombia – informó que en 1996 sus empresas afiliadas perdieron 875 millones de dólares estadounidenses debido a las sanciones. (11) Ese mismo año el Departamento de Estado informó sobre las sanciones requeridas por la Overseas Private Investment Corporation y el Banco de Exportación e Importación resultaron en la congelación de cerca de $1.5 mil millones en créditos de inversión y préstamos. Esto incluyó una pérdida de $280 millones para una empresa de EE.UU. activa en la industria petrolera de Colombia (12).
De acuerdo con un informe elaborado por el gobierno colombiano, los objetivos del Plan Colombia son “promover las condiciones para la generación de empleo y la estabilidad social” y la ampliación de “las preferencias arancelarias en compensación por los efectos negativos del tráfico de drogas para favorecer un acuerdo de libre comercio que amplíe las oportunidades de empleo. “(13)
Al comienzo del Plan Colombia, el total de la Inversión Extranjera Directa (IED) fue calculado en $2.4 mil millones. (14) En 2011, la IED en Colombia sumó $14.4 mil millones, la tasa de crecimiento más rápida en América Latina. (15) El petróleo y el gas constituyen una parte cada vez más importante de la IED, al sobrepasar alrededor de una décima a mediados de los 90 a casi un tercio en 2010, cuando alcanzó los $ 4.3 mil millones (16).
Un decreto aprobado en 2003 permitió a la inversión privada en el sector petrolero de Colombia a través de la privatización parcial de la ex empresa estatal Ecopetrol. (17) A partir de 2010 la IED en el sector minero (incluyendo la minería de carbón) se situó con más de $2 mil millones, lo que representa más de la mitad de la inversión no petrolera. (18)
En 2008, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se jactó de que “el despegue económico de Colombia después de 2003 no ocurrió por casualidad.” Cincuenta y dos áreas del sistema económico de Colombia fueron objeto de reforma, y bajo el Plan Colombia, “USAID proporcionó asistencia técnica para ayudar a diseñar e implementar políticas que van desde la reforma fiscal hasta el fortalecimiento del sector financiero y mejorar el entorno para las pequeñas empresas, y muchos otros.”(19)
Esto se logró mediante una combinación de reformas legales e incentivos fiscales, la firma de nuevos acuerdos de libre comercio (entre Colombia y los Estados Unidos, así como entre Colombia y Canadá) y la militarización de la industria extractiva. EE.UU. entrenó “batallones de energía” para proteger oleoductos, carreteras y otros proyectos de infraestructura.
Un informe preparado en 2007 por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (20) afirmó que Colombia “tuvo una recuperación fuerte… con impresionantes tasas de crecimiento, reducción del desempleo, aumento de los niveles de inversión, expansión del comercio, reducción de la inflación y un aumento de la confianza de los inversores.” Estos beneficios, según informa, “están estrechamente vinculados a mejoras en cuanto a la seguridad y, a su vez, ayudarán a crear más empleos en la economía legítima, como una alternativa a las actividades ilegales.”
Desde la perspectiva del Departamento de Estado de EE.UU., el Plan Colombia no es un fracaso. Todo lo contrario: se ha permitido la creación de un nuevo modelo eficaz para la intervención de EE.UU.. En 2010 los inversionistas extranjeros más grandes de Colombia eran Panamá y Anguila (un territorio británico de ultramar), ambos paraísos fiscales, seguidos por Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Bermuda y España (21).
El lenguaje de la “estrategia integral,” utilizado para resaltar el Plan Colombia, refleja el lenguaje oficial de la guerra de contrainsurgencia. “[La contrainsurgencia] es una forma muy compleja de la guerra… El logro de estos objetivos requiere la sincronización de esfuerzos de muchas agencias no militares y agencias [de la Nación Anfitriona] en un enfoque integral,” se lee en un manual de contrainsurgencia del ejército estadounidense, publicado en 2006. (22)
Incluso el director de asuntos internacionales y comercio de la GAO, en su testimonio ante la Cámara de Representantes, afirmó que “los programas internacionales se enfrentan a retos importantes en la reducción de la oferta de drogas ilegales, pero apoyan a los objetivos generales de la política exterior estadounidense.” (23)
Pero como han señalado Gian Carlo Delgado-Ramos y María Silvina Romano, en la guerra contra las drogas “la estrategia es compleja y peligrosa, ya que vincula una multiplicidad de actores aparentemente opuestos, legales e ilegales que, sin embargo reciben beneficios en forma de aumento de potencia o riqueza.” Al mismo tiempo, está claro que “la explotación de las personas, las naciones y los recursos se profundiza en la región. “(24)
Con estos antecedentes, vamos a examinar el tema de México.
Aplicación del modelo en México
Un viernes en septiembre de 2006, justo después de su disputada elección como presidente, Felipe Calderón y su esposa invitaron a cenar a Antonio Garza, entonces embajador de EE.UU. y su esposa. En algún momento, Calderón le dijo al embajador que la mejora de la seguridad sería una parte clave de su administración.
Cuando Garza presentó su resumen por escrito de la noche a sus jefes del Departamento de Estado, incluyó comentarios de Calderón. De acuerdo con sus propias notas, el embajador respondió: “Las ganancias en la competitividad, la educación y el empleo podrían ser rápidamente eclipsadas por cuadrillas del crimen organizado relacionadas con narcóticos.” (25) Para poner en marcha la economía de México, “los extranjeros y mexicanos por igual merecen que se les asegure que la ley prevalecerá.”(26)
Apenas dos meses más tarde, Calderón lanzó la guerra contra las drogas en México. Al año siguiente, los gobiernos de Estados Unidos y México anunciaron la Iniciativa Mérida, que se describe como “un paquete de los EE.UU. contra las drogas y la asistencia contra el crimen en México y Centroamérica.” (27) En el momento en que fue firmada por George W. Bush en 2008, lo que dijo Garza de pelear contra los narcos con el fin de impulsar el negocio quedó en el olvido. En cambio, la principal justificación para que los legisladores apoyaran el proyecto de ley era detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos. (28)
Tanto el gobierno de los EE.UU. como los críticos coinciden en que la Iniciativa Mérida en México y Centroamérica es una iteración refinada del Plan Colombia. “Sabemos que Estados Unidos ha apoyado a Colombia y ahora a México para que con un buen liderazgo, la inversión proactiva y asociaciones comprometidas se cambie el rumbo,” dijo Hillary Clinton a los delegados a la Conferencia de Seguridad de Centroamérica en la ciudad de Guatemala el pasado verano. (29)
El financiamiento de EE.UU. para la Iniciativa Mérida entre 2008 y 2010 sumó $1.3 mil millones para México, cuyo gobierno contribuyó fondos con una proporción de 13 a 1. (30) Los fondos de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central que fluyen hacia Centroamérica durante el mismo período se situaron en $248 millones, mientras que de los fondos de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe, $42 millones se destinaron a Haití y la República Dominicana (31).
La “estrategia integral” de Mérida incluye fondos para el entrenamiento de policías y soldados para proteger la infraestructura crítica, la militarización de la policía y equipamiento de las fuerzas de seguridad locales con el equipo de EE.UU., la transformación del sistema judicial mexicano a un sistema de estilo juicios orales, la modernización de la frontera México-Estados Unidos y la promoción de fortalecimiento institucional y la reforma económica.
Uno de los objetivos del programa de USAID es que el “Gobierno de México se vuelva más eficaz en la reducción de los monopolios y la eliminación de prácticas anticompetitivas.” (32) Se centra en la legislación relacionada con las telecomunicaciones, la banca y la regulación de la energía. Otro objetivo importante es promover un nuevo régimen regulatorio y la privatización adicional, la desregulación y la inversión extranjera directa en los sectores de transporte, financiero, energético y de telecomunicaciones. (33)
Junto con la Comisión Federal de Electricidad, Pemex es la perla más preciada del esfuerzo de privatización. Muchos mexicanos prominentes han abogado por su privatización, entre ellos Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y candidato favorito en las elecciones presidenciales de 2012. Algunos, como el jefe de la Bolsa Mexicana de Valores, han propuesto utilizar como modelo la reforma de Colombia en el sector petrolero. (34)
En una presentación en marzo de 2012, un representante del Banco de México habló sobre la agenda de reformas pendientes para el banco central del país. Esto incluye la mejora de la facilidad con que las empresas puedan hacer negocios en México, la eliminación de “obstáculos legales,” que impiden la flexibilidad laboral, “fortalecimiento del estado de derecho,” y la consolidación de las políticas macroeconómicas. (35)
En 2008, antes de que la crisis financiera se extendiera a México, la IED alcanzó $23.2 mil millones, pero cayó al año siguiente a $11.4 mil millones de dólares. (36) Sin embargo, la IED se ha recuperado, y en 2011 se situó en $19.43 mil millones, principalmente en el sector manufacturero (44,1%), seguido por servicios financieros (18%) y minería (8%). (37) Anuncios recientes indican que habrá una oleada de nuevas inversiones en automóviles y la fabricación aeroespacial en el centro de México.
El Ministro de Finanzas de México, Bruno Ferrari, dijo a Bloomberg en una entrevista en inglés en agosto de 2011 que “hoy en día lo que estamos viendo es que estamos teniendo una gran lucha contra la delincuencia de manera que, como he dicho, [se] garanticen las inversiones futuras y las inversiones que se tienen en este momento porque lo que estamos viendo es que México está luchando para prevalecer contra la delincuencia.” (38)
Las aseveraciones de Ferrari están respaldadas por las experiencias de la élite empresarial transnacional. De acuerdo con un artículo de portada de Business Week en 2009, (39) los ataques contra personal extranjero y de las fábricas han sido poco frecuentes en Ciudad Juárez y otras ciudades fronterizas a lo largo de las rutas del narcotráfico, incluyendo Reynosa, Nuevo Laredo y Tijuana.
La policía ya ha sido entrenada con instrucciones especiales para atender a las empresas transnacionales. Tras el secuestro de un ejecutivo de una empresa, la policía sugirió a sus administradores que alteraran sus rutinas de trabajo; que dejaran Juárez antes de la puesta del sol, y que se adhirieran a las dos arterias principales. Las patrullas fueron reforzadas a lo largo de estos caminos, “creando corredores relativamente seguros entre la frontera y los parques industriales.” (40)
Aún de mayor importancia es otro tipo de seguridad que necesitan las empresas transnacionales. Como subrayó el director de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “Lo que es importante para un inversionista en cuanto a la seguridad tiene que ver con la seguridad jurídica y el riesgo en el país.” (41)
Esta noción de “seguridad” evoca el modelo de Colombia: la paramilitarización al servicio del capital. Ese modelo incluye la formación de escuadrones de la muerte paramilitares, el desplazamiento de la población civil, y un aumento en la violencia. En el sector comercial, son los y las trabajadores, las pequeñas empresas y un sector de las élites locales, quienes son los más afectados por las políticas de la guerra contra las drogas.
Aunque estos aspectos no oficiales de la guerra contra las drogas se presentan a veces como daño o amenaza a la inversión extranjera directa, de hecho, es la violencia la que controla a los y las trabajadores y desplaza comunidades campesinas de los territorios de interés para la expansión de las empresas transnacionales.
El otro lado del modelo colombiano
Durante generaciones, las comunidades indígenas y campesinas en Colombia habían defendido el título colectivo de sus tierras, sin embargo, los grupos paramilitares los han obligado a huir.
Este fenómeno es descrito brevemente por David Maher y Andrew Thompson: “…las fuerzas paramilitares siguen avanzando en un proceso de acumulación de capital a través del desplazamiento forzado de comunidades en zonas de importancia económica. Una gran parte de los ciudadanos de Colombia siguen abandonando sus tierras ya que son desplazados por la fuerza de sus hogares, satisfaciendo el apetito voraz de corporaciones multinacionales extranjeras (principalmente de Estados Unidos) para el territorio colombiano, a la vez que se arraiga el programa económico neoliberal en la sociedad colombiana.” (42)
En 2001, los paramilitares fueron responsables de la mitad de los desplazamientos forzados en Colombia. Los grupos de guerrilla causaron 20% de los casos, y tanto los paramilitares como la guerrilla, otro 22%. (43) “Los grupos paramilitares no sólo tienen la mayor parte de la responsabilidad, sino que también son más eficaces en la instigación de desplazamiento.” (44)
En Colombia, la paramilitarización es también beneficiosa para las empresas transnacionales que desean disuadir a la organización sindical: “Como parte del prolongado apoyo para la campaña de contrainsurgencia, la violencia paramilitar-estatal mantienen como objetivo sistemático a los grupos civiles, tales como las organizaciones sindicales, que se consideran una amenaza para la política económica y la ‘estabilidad’ que favorezca el desarrollo neoliberal de Colombia. Esto ha convertido a Colombia en un lugar atractivo para la inversión extranjera, pues las malas condiciones laborales y los bajos salarios mantienen altos los índices de ganancia.” (45)
Los bien documentados casos de la bananera Chiquita Brands, la minera Drummond, y el gigante del petróleo BP, han examinado vínculos entre grupos paramilitares y empresas transnacionales de Estados Unidos. (46) En marzo de 2007 en una corte de Washington, DC, representantes de Chiquita Brands se declararon culpables por haber efectuado pagos al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). (47)
“Chiquita realizó más de 100 pagos a las AUC con un valor de más de $ 1.7 millones,” según el Departamento de Justicia de EE.UU. “Chiquita Brands pagó dinero manchado de sangre a los terroristas como Carlos Castaño para proteger sus propios intereses financieros,” según la firma de abogados que representa a las víctimas.
La experiencia (hasta ahora)
La colusión directa entre las transnacionales estadounidenses y los grupos paramilitares es en general difícil de probar, y cuando las pruebas surgen es probable que no se descubran rápidamente.
Pero ya sabemos que a un grupo de compañías de Texas se les acusa de complicidad con los Zetas para importar ilegalmente combustibles robados. (48) (Los Zetas son el brazo armado del Cártel del Golfo, que opera en el noreste de México. Los dos grupos se dividieron en 2010, y desde entonces los Zetas se han convertido esencialmente en un grupo narco-paramilitar, a pesar de que en los medios de comunicación se refiere a ellos como un cártel de drogas.)
“Los Zetas son una fuerza paramilitar,” el Dr. William Robinson, autor de Una teoría del capitalismo global, me dijo en una entrevista realizada el verano pasado. “Básicamente se trata de la creación del paramilitarismo junto con la militarización formal, lo cual es un modelo colombiano.”
Los Zetas están activos en varias partes de México, particularmente Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz, y también tienen la culpa por las masacres en el estado mexicano de Jalisco y en el Petén, Guatemala. Aunque no son el único grupo paramilitar en México, son el grupo que sin duda recibe la mayoría de la atención por parte de los medios de comunicación.
“Hay que tener en cuenta que Santos, el Presidente colombiano, al igual que [el presidente guatemalteco Otto] Pérez Molina, quiere ampliar el Plan Colombia, que no sólo significa el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico, sino también en realidad significa convertirlo en una forma de paramilitarismo a fin de generar un nuevo tipo de contrainsurgencia, no en contra de los movimientos sociales, sino en contra de las comunidades indígenas,” dijo Máximo Ba Tiul, un analista Maya Poqomchi y profesor radicado en Guatemala.
Si bien existe una vacilación por parte de los periodistas para vincular la cobertura de la “guerra contra las drogas” con las luchas en torno a los recursos naturales, hay una creciente lista de lugares donde este tema – y las lecciones de la guerra de EE.UU. en Colombia – se pueda explorar.
• Los residentes de Ciudad Mier, una pequeña comunidad en Tamaulipas, salieron en masa a causa de la violencia paramilitar. La ciudad se encuentra en lo alto del campo de gas más grande de México, al igual que una gran parte del violento estado.
• En el Valle de Juárez, considerado el lugar más peligroso en México, los asesinatos y las amenazas han obligado a muchos a abandonar el lugar. A la vez, se está construyendo un nuevo cruce fronterizo entre los EE.UU. y México.
• En Santa María Ostula, una pequeña comunidad indígena nahuatl en la costa de México, por lo menos 28 personas han sido asesinados (y otros cuatro han desaparecido) por la violencia paramilitar y estatal desde 2009. Estratégicamente ubicado, su territorio se encuentra en una zona rica en minerales.
• En la Sierra Madre en el norte de México, las empresas mineras canadienses operan en áreas en las que incluso funcionarios del gobierno temen entrar a causa de la presencia de narcotraficantes armados.
• En el Petén, Guatemala, debido a la presencia de los Zetas los funcionarios del gobierno militarizaron la zona y declararon un estado de sitio de ocho meses que concluirá a principios de 2012. Anuncios recientes indican que una nueva fiebre del petróleo está teniendo lugar en la misma región.
La paramilitarización también puede afectar a los capitalistas locales, regionales e incluso nacionales relacionados con la economía nacional, obligándoles a cerrar sus tiendas y negocios. Esto, a su vez, abre el espacio para que las empresas transnacionales y los inversionistas obtengan acceso a los sectores de la economía anteriormente dominada por los capitalistas locales.
“Las empresas mayormente afectadas por la violencia son las más pequeñas y aquellas ubicadas en los estados del norte de México,” escribe Guadalupe Correa Cabrera, un profesor de la Universidad de Texas en Brownsville. “La inseguridad perjudica en mayor medida a pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes debido a que el crimen organizado “tiene más facilidad de penetración con ellos, que con los directivos de empresas grandes los cuales, en muchos casos, operan desde fuera del país” (49).
De acuerdo con la Coparmex, una asociación empresarial mexicana, 160,000 empresas cerraron debido a la inseguridad durante el 2011. (50) “Hay una reconversión de la economía que tiene lugar a nivel nacional que está favoreciendo a [las grandes empresas], y está haciendo que [los mexicanos] sean conviertidos en empleados en lugar de ser empresarios,” dijo Correa Cabrera durante una presentación en Baja California Sur en febrero.
Los precedentes en Colombia y los actuales acontecimientos en otros lugares sugieren posibles áreas para la profundización de la investigación con el fin de determinar mejor en qué medida México y Centroamerica están siendo sometidas a un modelo en el cual, como informan David Maher y Andrew Thomson, el terror paramilitar “…siga teniendo un papel decisivo en la creación y el mantenimiento de las condiciones propicias para la expansión del programa neoliberal, tales como los bajos costos laborales y el acceso a la tierra…”(51)
El aumento de estudio e investigación de las nuevas políticas económicas alentadas por las políticas antinarcóticos de los Estados Unidos podría ayudar a revelar la magnitud de la transformación económica que se ha iniciado en México y Centroamérica.
Las elecciones en México no prometen alivio del horror y la violencia de la guerra, que lo más probable continuará durante al menos otros seis años. “Todos los aspirantes a la presidencia propondrán continuar o intensificar la guerra contra los mafiosos,” según un artículo recién publicado en The Economist (52).
Sin una mejor comprensión, las discusiones sobre la guerra en México podrían permanecer restringidas dentro de la retórica de la prohibición de las drogas frente a su liberalización. Este tipo de debate es totalmente erróneo como medio para denunciar y movilizar resistencia a la “guerra contra las drogas,” que se trata de implementar mayor control social y territorial sobre las tierras y las personas, en el interés de la expansión capitalista.
Dawn Paley es periodista independiente y co-fundadora de la cooperativa de medios de Vancouver, Canadá. Su twitter es @dawn_. Este articulo fue escrito en inglés y publicado en su version original por Against the Current.
Notas
1. La Jornada. “‘Fracaso de Lucha antinarco es intencional”, asegura
Chomsky. “13 mayo 2012. Consultado el 14 de mayo 2012 a partir de: http://www.diario.com.mx/
2. Barry, Tom. Zapata’s Revenge. South End Press, 1995. pp 43.
3. Teichman, Judith. Privatization and political change in Mexico. Pittsburgh: University of Pittsburgh, Biblioteca Digital de Investigación. 12/22/2009. Consultado el 10 de marzo 2012 a partirhttp://digital.library.
4. Sánchez González, Manuel. “Economía Mexicana: Una mirada de Largo Plazo”. Banco de México. 08 de marzo 2012. Consultado el 20 de marzo 2012 a partir de: pág. 24.
5. Petro Strategies Inc. “World’s Largest Oil and Gas Companies.” Consultado el 10 de mayo 2012 a partir de:http://www.petrostrategies.
6. Robert J. Bunker (2011): “Grand strategic overview: epochal change and new realities for the United States.” Small Wars & Insurgencies, 22:05, 736.
7. Chomsky, Noam. “Plan Colombia”. Extraído de Rogue States. Consultado el 17 de marzo 2012 a partir de: http://www.chomsky.info/
8. Just the Facts. “Grant Aid to Colombia through International Narcotics Control and Law Enforcement. Obtenido el 17 de marzo 2012 a partir de: OFICINA de asuntos Internacionales de Narcóticos y Asuntos de Orden Público. “2012 INCSR: Country Reports – Colombia.” 07 de marzo 2012. Consultado el 09 de marzo 2012 a partir de:http://www.state.gov/j/inl/
9. United States Government Accountability Office. “ PLAN COLOMBIA: Drug Reduction Goals Were Not Fully Met, but Security Has Improved; US Agencies Need More Detailed Plans for Reducing Assistance.” Octubre de 2008. Consultado el 09 de marzo 2012 a partir de: http://www.gao.gov/new.
10. United States Government Accountability Office. “PLAN COLOMBIA: Drug Reduction Goals Were Not Fully Met, but Security Has Improved; US Agencies Need More Detailed Plans for Reducing Assistance.” Octubre de 2008. Consultado el 09 de marzo 2012 a partir de: http://www.gao.gov/new.
11. United States General Accounting Office. “DRUG CONTROL: US Counternarcotics Efforts in Colombia Face Continuing Challenges.” Febrero de 1998. Consultado el 13 de marzo 2012 a partir de: http://www.gao.gov/
12. United States General Accounting Office. “DRUG CONTROL: US Counternarcotics Efforts in Colombia Face Continuing Challenges.” Febrero de 1998. Consultado el 13 de marzo 2012 a partir de: http://www.gao.gov/
13. Departamento Nacional de Planeación de Colombia, Departamento de Seguridad y Justicia de Colombia. “Plan Colombia Progress Report, 1999-2005.” Septiembre de 2006. Consultado el 07 de abril 2012 a partir de: (Pp 9).
14. Banco de la República. “FLUJO DE Inversión Extranjera Directa (IED) EN COLOMBIA – BALANZA DE PAGOS.” 2011. Consultado el 20 de marzo 2012 a partir de:http://www.banrep.gov.co/
15. Gordon, Julie. “PDAC-Colombia to award mining concessions gradually.” Reuters. 05 de marzo 2012. Consultado el 17 de marzo 2012 a partir de:http://www.reuters.com/
16. Banco de la República. “Flujos Inversión Extranjera DIRECTA EN COLOMBIA SEGUN LA ACTIVIDAD ECONOMICA – BALANZA DE PAGOS.” 2011. Consultado el 20 de marzo 2012 a partir de: http://www.banrep.gov.co/
17. Ecopetrol. “Perspectiva histórica” Obtenido 14 de mayo 2012 a partir de: http://www.ecopetrol.com.
18. Banco de la República. “Flujos Inversión Extranjera DE DIRECTA EN COLOMBIA SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA – BALANZA DE PAGOS.” 2011. Consultado el 20 de marzo 2012 a partir de: http://www.banrep.gov.co/
19. United States Government Accountability Office. “ PLAN COLOMBIA: Drug Reduction Goals Were Not Fully Met, but Security Has Improved; US Agencies Need More Detailed Plans for Reducing Assistance.” Octubre de 2008. Consultado el 09 de marzo 2012 a partir de: http://www.gao.gov/new.
20. DeShazo, Peter et. Al. “Back from the Brink evaluating Progress in Colombia, 1999–2007.” Noviembre, 2007. Consultado el 11 de marzo 2012 a partir de:http://csis.org/files/
21. Banco de la República. “FLUJO DE Inversión Extranjera Directa (IED) EN COLOMBIA – BALANZA DE PAGOS.” 2011. Consultado el 20 de marzo 2012 a partir de:http://www.banrep.gov.co/
22. Department of the Army. “Counterinsurgency.” FM 24.3, MCWP 3-33.5. Diciembre, 2006. Consultado el 11 de mayo 2012 a partir de: http://www.fas.org/irp/
23. Ford, Jess T. “DRUG CONTROL: International programs face significant challenges reducing the supply of illegal drugs but support broad US foreign policy objectives.” Testimony Before the Subcommittee on Domestic Policy, Committee on Oversight and Government Reform, House of Representatives. 21 de julio 2012. Consultado el 11 de marzo 2012 a partir de:http://www.gao.gov/
24. Delgado-Ramos, Gian Carlo, Romano, Silvina María “Political-Economic Factors in U.S. Foreign Policy: The Colombia Plan, the Mérida Initiative, and the Obama Administration” 2011 38: 93 Perspectivas de América Latina. pp 94.
25. Embajada de EE.UU. en México. “Ambassador’s Private Dinner With President-elect Calderon.” 29 de septiembre de 2006. Consultado el 09 de marzo 2012 a partir de:http://cablegatesearch.net/
26. Embajada de EE.UU. en México. “Ambassador’s Private Dinner With President-elect Calderon.” 29 de septiembre de 2006. Consultado el 09 de marzo 2012 a partir de: #http://cablegatesearch.net/
27. Seelke, Clara R. “Mérida Initiative for Mexico and Central America: Funding and Policy Issue.” Congressional Research Service.” Congressional Research Service. 19 de abril 2010. Consultado el 09 de marzo 2012 a partir de: http://fpc.state.gov/
28. “La crisis de la droga hacia los Estados Unidos sigue siendo una amenaza significativa para la seguridad nacional”, reza el primer Congreso en la búsqueda de la Iniciativa Mérida.110th Congress (2007-2008). “Merida Initiative to Combat Illicit Narcotics and Reduce Organized Crime Authorization Act of 2008 (Referred in Senate – RFS).” H.R.6028. SEC. 101. FINDINGS. Consultado el 09 de marzo 2012 a partir de: http://www.gpo.gov/fdsys/
29. Clinton, Hillary R. “Remarks at the Central American Security Conference (SICA).” 22 de junio de 2011. Consultado el 09 de marzo 2012 a partir de: http://www.state.gov/
30. Voz de América. “Merida’s New Direction” 3 de marzo de 2012. Consultado el 09 de marzo 2012 a partir de: http://www.voanews.com/
31. Seelke, Clara R. “Mérida Initiative for Mexico and Central America: Funding and Policy Issue.” Congressional Research Service. 19 de abril 2010. Consultado el 09 de marzo 2012 a partir de: http://fpc.state.gov/
32. Misión de la USAID a México. “Competitiveness program – 2nd quarter FY 2010.” (Enero-marzo 2010). Consultado el 11 de mayo 2012 a partir de:http://pdf.usaid.gov/pdf_
33. Lara Monroy, Magdalena, Ed. “ACCIONES CRUCIALES en Competencia y Regulación”. Centro de Investigación Para El Desarrollo, AC 2011. Consultado el 12 de mayo 2012 a partir de:http://accionescruciales.
34. Férnandez, Diana. “PEMEX can be more competitive.” 2 de abril de 2012. Consultado el 14 de mayo 2012 a partir de: http://eng.fundsamericas.
35. Sánchez González, Manuel. “Economía Mexicana: Una mirada de Largo Plazo”. Banco de México. 08 de marzo 2012. Consultado el 20 de marzo 2012 a partir de: pág. 22.
36. Lange, Jason. “Mexico sees 2010 FDI bouncing back.” Reuters. Consultado el 14 de mayo 2012 a partir de: http://www.reuters.com/
37. COMISIÓN NACIONAL de Inversiones Extranjeras. “Informe Estadístico Sobre el COMPORTAMIENTO de la Inversión Extranjera DIRECTA EN MÉXICO.” (Enero-diciembre de 2011). Consultado el 14 de mayo 2012 a partir de: http://www.economia.gob.
38. Bloomberg. “Mexico’s Ferrari on Foreign Investment, Economy.” 22 de agosto de 2011. Consultado el 13 de marzo 2012 a partir de: http://www.bloomberg.com/
39. Engardio, P. Smith, G. “The Other Mexico: A Wave of Investment.” Businessweek. 09 de abril 2009. Consultado el 19 de marzo 2012 a partir de:http://www.businessweek.
40. Smith, G. “Doing Business in Harm’s Way.” Businessweek. 09 de abril 2009. Consultado el 19 de marzo 2012 a partirhttp://www.businessweek.
41. Citado en: Duff, Devon, Rygler, Jen. “Drug Trafficking, Violence and Mexico’s Economic Future.” Knowledge @ Wharton. 26 de enero 2011. Consultado el 07 de abril 2012 a partir de:http://knowledge.wharton.
42. Maher, David Thomson, Andrew. “The terror that underpins the ‘peace’: the political economy of Colombia’s paramilitary demobilisation process.” Estudios Críticos sobre el terrorismo, 4:1. (2011). pp 96.
43. Ibánez, A., Vélez, C. “Civil Conflict and Forced Migration: The Micro Determinants and Welfare Losses of Displacement in Colombia.”, World Development, vol. 36, N º 4, 2008. pp 661.
44. Ibánez, A., Vélez, C“Civil Conflict and Forced Migration: The Micro Determinants and Welfare Losses of Displacement in Colombia.”, World Development, vol. 36, N º 4, 2008. pp 661.
45. Maher, David Thomson, Andrew. “The terror that underpins the ‘peace’: the political economy of Colombia’s paramilitary demobilisation process.” Estudios Críticos sobre el terrorismo, 4:1. (2011). pp 96.
46. National Security Archive. “The Chiquita Papers.” 7 de abril de 2011. Consultado el 14 de mayo 2012 en: http://www.gwu.edu/ ~ nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB340/
47. U.S. Department of Justice. “Chiquita Brands International Pleads Guilty to Making Payments to a Designated Terrorist Organization And Agrees to Pay $25 Million Fine.” Marzo 19, 2007. Consultado el 04 de junio 2012 a partir de: http://www.justice.gov/
48. Paley, Dawn. “Gulf of Mexico Agreement: Increased Oil Cooperation in a Time of War.” Upside Down World. 25 de febrero 2012. Consultado el 14 de mayo 2012
49. Correa Cabrera, Guadalupe. “Flujos de Inversión, Desarrollo Empresarial y Seguridad en México: Las Empresas Mexicanas y Extranjeras en la ONU Entorno Violento.” 1er Congreso Internacional: Gestión y Administración Empresarial Para El Siglo 21. Febrero de 2012. P. 18-19
50. Desigaud, A. “No Más Retórica: Soluciones concretas un Inseguridad-la.” Señal Coparmex 120. 03 de abril 2012. Consultado el 08 de abril 2012 a partir de:http://www.coparmex.org.mx/
51. Maher, David Thomson, Andrew. “The terror that underpins the ‘peace’: the political economy of Colombia’s paramilitary demobilisation process.” Estudios Críticos sobre el terrorismo, 4:1. (2011). pp 103.
52. The Economist. “Mexico’s Drug War: Storm Clouds with Silver Linings.” The Economist. 19 de mayo 2012. Consultado el 15 de junio 2012 a partir de:http://www.economist.com/
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Los bancos.
El auténtico problema de la banca
Sistema Digital
Después de varios años de crisis, y a pesar de que se trate siempre de ocultar sus responsabilidades, me parece que la inmensa mayoría de la gente sabe que sus causantes más directos han sido los banqueros.
Gracias a su enorme poder político fueron imponiendo en los últimos treinta años condiciones muy favorables para su negocio pero que al mismo tiempo generaban los peligros que traían consigo su autodestrucción.
A lo largo de los años cincuenta, sesenta y setenta se habían acumulado grandes volúmenes de liquidez (por la existencia de dólares "sobrantes" que dejaban de ser tan atractivos como años antes, cuando las demás monedas estaban muy debilitadas; por las enormes ganancias de las multinacionales; o por la gran circulación de petrodólares).
Tanta liquidez en manos de los bancos les llevaba a proporcionar créditos por todo el mundo, aunque para eso tuvieran que corromper a gobiernos y empresarios para hacerlos deudores aunque no los necesitaran. Y así se larvó lo que luego, cuando subieron los tipos de interés, sería una gigantesca explosión de la deuda.
Cuando se generalizaron las nuevas tecnologías de la información la situación cambió: entonces ya se podía mover el dinero de un lugar a otro sin apenas dificultad y obteniendo grandes beneficios. Eso llevó a los banqueros a reclamar y a conseguir que se eliminaran cualquier tipo de barrera a los movimientos de capitales y que cambiaran las leyes que hasta entonces vigilaban el destino de los recursos financieros para evitar el peligro que siempre lleva consigo su volatilidad.
Cuando comenzaron a comprobar que en los nuevos flujos financieros se podía invertir a gran velocidad (hoy día a 250.000 dólares por segundo), la inversión especulativa se incentivó extraordinariamente y los bancos se dedicaron a destinar los recursos de los ahorradores a esos fines, en lugar de aplicarlos a la actividad productiva, mucho menos rentable.
Con una legislación cada vez más laxa, con autoridades que los banqueros conseguían que miraran siempre a otro lado y con un ansia ilimitada de ganar cada vez más dinero, los bancos creaban continuamente nuevos productos financieros cada vez más sofisticados y rentables (aunque también peligrosos), muchos de ellos envueltos en engaños y fraudes de mil tipos (como las hipotecas basura, las preferentes, los swaps, etc., que terminaron arruinando a millones de personas).
Y para ampliar continuamente el negocio multiplicaban la deuda, lo que permitía que la especulación financiera se alimentase a sí misma, a costa, claro está, de un apalancamiento financiero elevadísimo de las empresas y de las familias de mayores ingresos.
Así se fue creando la burbuja que todos conocemos y que descapitalizó prácticamente por completo a la banca internacional, dejándola de facto en situación de máxima insolvencia o de quiebra.
Aunque casi todo el mundo reconoce que esto es lo que ha sucedido, las interpretaciones del por qué ha podido ocurrir algo así son muy diversas. Los liberales afirman que la culpa es lo de los bancos centrales y de los gobiernos que dejaron hacer. Y la verdad es que no les falta algo de razón, aunque olvidan que los estados y gobiernos no son entes abstractos sino que reflejan el poder dominante en la sociedad y que lo que han hecho en realidad ha sido servir de instrumentos a los banqueros. La mayoría de las personas, por el contrario, piensa que han sido los bancos los auténticos culpables de todo ello, pero lo suelen achacar a la avaricia, a su gran irresponsabilidad y a la impunidad con que han podido cometer auténtico crímenes financieros. También es una explicación razonable pero igualmente limitada.
En mi opinión, la causa última de todo lo que ha ocurrido está en otro factor al que apenas se hace referencia: el privilegio que tiene la banca privada para crear dinero gracias al llamado sistema de reservas fraccionarias (Vicenç Navarro y yo hemos explicado claramente la naturaleza y las consecuencias de este sistema en nuestro libro Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero. Espasa, Madrid 2012)
La gente normal y corriente suele creer que el dinero lo crea el Estado pero eso no es así. Hoy día, los estados, a través de los Bancos centrales, no crean sino más o menos un 5% del total del dinero que circula en la economía. Prácticamente todo el resto lo crean los bancos. Y lo crean de la nada, cada vez que dan un crédito.
Y puesto que dar créditos a partir de la nada les proporciona beneficio y poder, es lógico que su interés principal y constante sea el de aumentar sin cesar su volumen, haciendo así que crezca indefinidamente la deuda global de las economías.
Ese privilegio, llevado al extremo en los últimos treinta años y ejercido en un contexto de casi total ausencia de supervisión, con plena libertad de movimientos de capital y con inmenso poder político, es lo que ha llevado a la situación en la que nos encontramos.
Es verdad que la creación de dinero por los bancos viene de lejos. Pero se producía en mucha menor medida y sin estar vinculada la difusión de productos financieros tan peligrosos como los actuales derivados financieros. Cuando comenzó a darse, allá por el siglo XVII y hasta mucho después, los bancos reservaban más o menos la mitad de los depósitos y prestaban con el resto, lo que les permitía crear dinero en dos veces más cantidad que sus depósitos. Pero en los últimos años los grandes bancos globales como Goldman Sach, JP Morgan, Citigroup o Bank of America han venido manteniendo un coeficiente de reservas del 0,5%, lo que permite crear 200 veces más dinero del que se tiene en depósito. E incluso alguno de ellos ha mantenido en los años de plena burbuja un coeficiente del 0,001%, lo que quiere decir que creaban 1.000 millones de dólares por cada millón en depósito.
Este sistema de reservas fraccionarias es lo que genera el combustible con el que periódicamente arde el sistema financiero en crisis cíclicas y el que alimenta las burbujas y la destrucción de actividad productiva, el que ha convertido a la economía mundial en un gran casino, donde los productos derivados que crean los bancos a base de deuda tienen ya un valor casi 70 veces mayor que el del PIB mundial. Una barbaridad que amenaza que puede destruir el orden económico y social del planeta.
Tanto es así, que incluso el propio Fondo Monetario Internacional está dando alas a la difusión de análisis y propuestas alternativas orientadas a poner fin o a limitar este privilegio. La mayoría de ellas tiene ya un largo recorrido en la literatura económica pero han sido convenientemente sepultadas por los economistas del establishment.
Una de las más recientes es la que han hecho Jaromir Benes y Michael Kumhof en su texto The Chicago Plan Revisited (IMF Working Paper. Research Departmen. versión pdf en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12202.pdf ). En su trabajo retoman las propuestas que se hicieron en los años treinta del pasado siglo para lograr que los bancos actuaran manteniendo un 100% de sus depósitos. Un procedimiento que, en opinión Irving Fisher, permitiría cuatro cosas principales: evitar las quiebras bancarias, tener un mayor control del ciclo del crédito y, por tanto, también del económico general; que la creación de dinero no estuviese vinculada a la generación de deuda privada; y, por último, que los gobiernos se pudiesen financiar a coste cero, lo que disminuiría extraordinariamente el peso de las deuda pública.
No hay que ser un lince para darse cuenta de que, con estas propuestas y otras similares, tenemos a nuestro alcance acabar con la esclavitud y sinrazón que nos obliga a soportar crisis continuas y cada vez más deuda sin necesidad.
A muchas personas, e incluso a economistas inteligentes, les asusta ponerlas sobre la mesa porque no se hacen a la idea de que pueda haber una sociedad sin los bancos tal y como hoy los conocemos. Los sorprendente es que no se planteen que mantener mucho tiempo a los bancos actuales implica que desaparezcan empresas, escuelas, universidades, centros de investigación u hospitales. A mí me resulta muy claro qué es lo peor.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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jueves, 29 de noviembre de 2012
miércoles, 28 de noviembre de 2012
Denunciando al TPP.
El Acuerdo Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP) como golpe global
¿Por qué tanto secreto?
Occupy.com/Truth-out
| Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens |
En la cumbre de dirigentes de los Estados miembros del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP) en noviembre de 2010 participaron: Japón, Vietnam, Australia, Chile, Singapur, EE.UU., Nueva Zelanda, Brunei, Perú y Malasia.
El Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP) es la negociación comercial más secreta y “menos transparente” de la historia.
Afortunadamente para las poblaciones y sociedades a las que afectará, hay organizaciones de investigación pública y medios alternativos que hacen campaña contra el Acuerdo e incluso han publicado diversas filtraciones de capítulos del borrador. De esas filtraciones, que han sido cubiertas por medios noticiosos dominantes controlados por las corporaciones, podemos llegar a un mejor entendimiento de lo que realmente abarca el Acuerdo Trans-Pacífico.
Por ejemplo, algunos grupos de interés público advierten de que el TPP podría llevar a la pérdida de millones de puestos de trabajo. Como señaló una carta del Congreso al Representante Comercial de EE.UU., Ron Kirk, el TPP “creará políticas vinculantes de futuros congresos en numerosas áreas”, incluyendo “las relacionadas con la mano de obra, patentes y derechos de autor, uso de la tierra, alimentos, agricultura y estándares de productos, recursos naturales, medioambiente, licencias de profesionales, empresas de propiedad estatal y políticas de adquisición de los gobiernos, así como regulaciones financieras, de los sistemas de salud, energía, telecomunicaciones y otras del sector servicios”-
En otras palabras, el TPP va mucho más allá del “comercio”.
Apodado por muchos “NAFTA2 (TLCAN) a lo grande” y “golpe corporativo”, solo dos de los 26 capítulos del TPP tienen realmente algo que ver con comercio. En su mayor parte otorga nuevos derechos y privilegios de largo alcance a las corporaciones, especialmente en lo relacionado con los derechos de propiedad intelectual (leyes de derechos de autor y de patentes), así como limitaciones de las regulaciones gubernamentales.
Los documentos filtrados revelaron que el gobierno de Obama “se propone conceder nuevos poderes políticos radicales a las multinacionales”, ya que Obama y Kirk han emergido como grands propugnadores “de políticas que han sido rechazadas desde hace tiempo por activistas ecológicos, defensores de reformas financieras y sindicatos, porque erosionan protecciones cruciales de las leyes internas”.
En otras palabras, las ya inefectivas y en su mayoría desdentadas regulaciones ecológicas, financieras y laborales existentes son inaceptables para el gobierno de Obama y las 600 corporaciones alineadas con el TPP al que imparten sus órdenes.
El acuerdo estipula que las corporaciones extranjeras que operen en EE.UU. ya no estarán sometidas a leyes internas de EE.UU. respecto a las protecciones del medio ambiente, las finanzas o los derechos laborales, y podrían apelar a un “tribunal internacional” que tendría la potestad de invalidar la ley estadounidense e imponer sanciones a EE.UU. por violar los nuevos “derechos” de las corporaciones.
El “tribunal internacional” que dictaría las leyes de los países estaría compuesto de abogados corporativos que actuarían como “jueces”, asegurando así que los casos presentados tengan un juicio “justo y equilibrado”, equilibrado y justo a favor de los derechos corporativos por sobre todo lo demás.
Una coalición de interés público conocida como Campaña Comercial Ciudadana publicó un borrador del capítulo del TPP sobre “inversión” revelando información sobre el “tribunal internacional” que permitiría que las corporaciones exigieran directamente a los gobiernos que impongan barreras a los “beneficios potenciales”.
Arthur Stamoulis, director ejecutivo de la Campaña Comercial Ciudadana, explicó que los borradores “contienen claramente propuestas diseñadas para dar a las corporaciones transnacionales derechos especiales que van mucho más allá de los que tienen los negocios nacionales y los ciudadanos estadounidenses. Una propuesta que tendría efectos tan amplios en las regulaciones medioambientales, la seguridad del consumidor y otros intereses públicos, merece un escrutinio y un debate público. No se debería elaborar a puerta cerrada”.
Public Citizen’s Global Trade Watch, una organización de interés público, hizo un análisis del documento filtrado sobre inversión y explicó que el tribunal corporativo internacional permitiría que las corporaciones revoquen las leyes y regulaciones nacionales o demanden enormes sumas compensatorias ante el tribunal “empoderado para ordenar el pago de fondos ilimitados del Tesoro del gobierno a inversionistas extranjeros por demandas según el TPP”.
Incluso bajo NAFTA, más de 350 millones de dólares han sido pagados por gobiernos alineados con el NAFTA a corporaciones por “barreras” a los “derechos” de inversión, incluyendo vertederos de desechos tóxicos, reglas de corte de árboles, así como prohibiciones de diversos productos químicos tóxicos.
Porque, seamos claros: para las corporaciones, semejantes regulaciones y preocupaciones por los temas de salud, seguridad y medio ambiente se perciben solo como “barreras” a la inversión y los beneficios. Por lo tanto su “gobierno” demandaría al gobierno extranjero por cuenta de la corporación, basándose en la premisa de que semejantes regulaciones condujeron a una potencial pérdida de beneficios, por los cuales se debería compensar a la corporación.
El TPP permite que las corporaciones demanden directamente al gobierno en cuestión. Todos los países miembros del TPP, excepto Australia, han aceptado adherirse a la jurisdicción de este tribunal internacional, un tribunal irregular y arbitrario no elegido, antidemocrático y dotado de personal por las corporaciones, con autoridad legal por lo menos sobre diez naciones y sus poblaciones.
Además, los países del TPP no han aceptado un conjunto de obligaciones que deberían cumplir las corporaciones en relación con los estándares de salud, trabajo o ecología, y por lo tanto se abre una puerta a que las corporaciones obtengan todavía más derechos y privilegios para saquear y explotar. Mientras se amplían los derechos corporativos se desmantelan los derechos humanos y democráticos.
Una de las áreas más importantes en las que el TPP tiene un profundo efecto se relaciona con los derechos de propiedad intelectual o derechos de autor y de patentes. Las corporaciones han sido grandes defensoras de la expansión de los derechos de propiedad intelectual, es decir, de sus derechos de propiedad intelectual.
Las corporaciones farmacéuticas son muy partidarias de esos derechos y probablemente estarán entre los grandes beneficiarios del capítulo de propiedad intelectual del TPP. La industria farmacéutica se aseguró de que el acuerdo de 1995 de la Organización Mundial del Comercio incluyera contundentes reglas de patentes, pero finalmente consideró que esas reglas no lo bastante duras.
Dean Baker explica en The Guardian que reglas más duras de las patentes establecen “un monopolio garantizado por el gobierno, a menudo de hasta 14 años, que prohíbe que los competidores genéricos entren en un mercado basado en los resultados de las investigaciones de otras compañías que demuestran la seguridad y efectividad de un medicamento”. Baker señaló que semejantes leyes en realidad es “lo contrario del libre comercio” ya que “implican un aumento de la intervención gubernamental en el mercado”, “restringen la competencia y conducen a precios más elevados para los consumidores”.
Esencialmente, lo que esto significa es que en países pobres en los que más gente necesita acceso a medicamentos que salvan vidas, y a menor coste, sería imposible que las compañías o gobiernos fabriquen y vendan marcas genéricas más baratas de medicamentos exitosos cubiertos por patentes corporativas multinacionales. Un acuerdo semejante entregaría un monopolio de controles de precios a esas corporaciones, permitiendo que fijen los precios que consideren adecuados, haciendo así que los medicamentos sean increíblemente caros y frecuentemente inaccesibles para la gente que más los necesita.
Como señaló correctamente el congresista estadounidense Henry Waxman: “En muchas partes del mundo, el acceso a los medicamentos genéricos significa la diferencia entre la vida y la muerte”.
Se espera que el TPP aumente tales derechos de patente corporativos más que ningún otro acuerdo de la historia. Los fabricantes de medicamentos genéricos en países como Vietnam y Malasia resultarían afectados. También afectaría a las ventas de los grandes fabricantes de genéricos en EE.UU., Canadá, y Australia, que suministran medicamentos a bajo coste a gran parte del mundo.
Mientras EE.UU. ha renunciado al derecho de negociar los precios de los medicamentos con las corporaciones farmacéuticas (de ahí el precio exorbitante de los medicamentos adquiridos en EE.UU.), países como Nueva Zelanda e incluso Canadá, en menor grado, negocian precios de medicamentes a fin de mantener bajos los costes para los consumidores. El TPP otorgará nuevos privilegios de negociación a las corporaciones, permitiendo que apelen las decisiones de los gobiernos para cuestionar el alto coste de los medicamentos, o preferir alternativas más baratas. Refiriéndose a esos cambios, el jefe estadounidense de la Campaña Acceso a Medicinas de Médicos Sin Fronteras declaró: “Bush fue mejor que Obama al respecto”.
Pero el TPP no solo amenaza en estos aspectos: la libertad en Internet también es un objetivo importante.
El Consejo de Canadienses y OpenMedia, importantes paladines de la libertad en Internet, han señalado que el TPP “criminalizaría algunos usos comunes de Internet”, incluyendo la descarga de música así como la combinación de diferentes trabajos mediáticos. OpenMedia advirtió de que el TPP “obligará a los proveedores de servicios a recoger y suministrar datos privados sin protección de la privacidad y dará a los conglomerados mediáticos más poder para enviar multas por correo, eliminar contenidos en línea –incluyendo páginas web completas– e incluso cortar el acceso a Internet”.
El capítulo del TPP sobre los derechos de propiedad intelectual también propone nuevas leyes que tendrían que imponer los gobiernos para regular el uso de Internet. OpenMedia también advierte de que, según los documentos filtrados sobre derechos de propiedad intelectual, “puede haber fuertes multas a los ciudadanos comunes y corrientes en línea”, agregando: “podrían multarte por pulsar un enlace, se podrá excluir de Internet a la gente y se podrían clausurar páginas web”.
El TPP, advirtió el fundador de Open Media Steve Anderson: “limitará la innovación y la libertad de expresión”. Bajo el TPP no existe distinción entre violación del derecho de autor comercial y no comercial. Por lo tanto los usuarios que descargan música para su uso personal se enfrentarían a las mismas sanciones que los que venden música pirateada con fines de lucro.
La información creada o compartida en sitios de redes sociales podría llevar a que los usuarios de Internet sean multados, que les confisquen sus ordenadores, les corten el acceso a Internet e incluso a sentencias de prisión. El TPP impone un sistema de “tres golpes” por quebrantamiento del derecho de autor, según el cual tres infracciones llevarían a cortar el acceso a Internet de un grupo familiar.
¿Por qué, entonces, tanto secreto? Los responsables corporativos y políticos estudian muy de cerca la opinión pública; saben cómo manipular al público sobre la base de lo que piensa y cree la mayoría. Cuando se trata de acuerdos de “libre comercio” la opinión pública ha obligado a los negociadores a acuerdos a puertas cerradas y a un secreto inaudito precisamente porque las poblaciones se oponen a semejantes acuerdos de una manera abrumadora.
Un sondeo de opinión de 2011 reveló que el público estadounidense ha pasado –en los últimos años– de una “amplia oposición” a una “oposición abrumadora” contra los acuerdos comerciales del estilo NAFTA.
Un importante sondeo de NBC News-Wall Street Journal de septiembre de 2010 reveló que “el impacto del comercio y de la deslocalización es uno de los pocos temas en los cuales estadounidenses de diferentes clases, ocupaciones y opiniones políticos están de acuerdo”: un 86% dice que la deslocalización de puestos de trabajo por parte de las compañías estadounidenses a países pobres es “una de las principales causas de nuestros problemas económicos”, y un 69% piensa que los “acuerdos de libre comercio entre EE.UU. y otros países cuestan puestos de trabajo en EE.UU.” Solo un 17% de los estadounidenses opinó en 2010 que los “acuerdos de libre comercio” benefician a EE.UU., en comparación con un 28% en 2007.
Porque la opinión pública se opone fuerte –y crecientemente– a los “acuerdos de libre comercio” es necesario hacerlos en secreto con el fin de impedir que el público llegue a conocer acuerdos como el TPP, por no hablar de oponerse a ellos activamente. Y esta, como explicó el representante comercial de EE.UU., es una razón muy “práctica” para todo el secreto.
Andrew Gavin Marshall es un investigador y escritor independiente basado en Montreal, Canadá, que escribe sobre una serie de temas sociales, políticos, económicos e históricos. También es Project Manager de The People's Book Project.
Fuente: http://truth-out.org/news/item/12934-why-so-secretive?-the-trans-pacific-partnership-as-global-coup
rCR
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