La señora Merkel y el bloque de poder que lidera han mantenido con extraordinaria firmeza su negativa a que el Banco Central Europeo (BCE) intervenga para atajar la inestabilidad financiera y reducir la presión de los mercados sobre las deudas soberanas italiana y, muy especialmente, española. El hecho es claro y los matices y calificativos añaden escasa información; no obstante, podría sustituirse firmeza por arrogancia, recordar que esas operaciones de mercado abierto del BCE (compra de bonos soberanos en el mercado secundario) ya funcionaron muy eficazmente en agosto de 2011 y no descartar que en las próximas semanas se produzca una nueva intervención del BCE y ese primer párrafo quedaría completo.
Con esa negativa, Merkel y los capitales que sustentan su liderazgo le han señalado a Rajoy la única puerta que dejan abierta: completar los fondos europeos destinados a recapitalizar el sistema bancario con la solicitud de un nuevo rescate que proporcione la financiación que requiere inexcusablemente y a corto plazo la economía española. Ayudas sometidas a estrictas condiciones que obligarán al Gobierno español a aprobar más recortes en los bienes públicos, la inversión estatal y los sueldos de los trabajadores de las Administraciones Públicas, mantener la presión sobre los costes laborales del sector privado y aplicar nuevas reformas estructurales que afectarán otra vez al mercado laboral y al sistema público de pensiones.
El empecinamiento que muestran los gobiernos de Alemania y los países aliados que conforman el centro y el poder hegemónico en Europa al mantener las fracasadas políticas de austeridad y estrategias insolidarias y no cooperativas de salida de la crisis que implican un desigual reparto entre los socios de los beneficios, costes y riesgos que supone la participación en el euro es materia digna de estudio. No resulta extraño, por ello, que no pocas personas se hayan interrogado en las últimas semanas por las razones o sinrazones que llevan a Alemania y sus aliados a mantener contra viento y marea un esquema de salida de la crisis que no sirve y que impone recortes que nunca son suficientes.
En las páginas que siguen se dará cuenta de algunas de las contribuciones más significativas en el análisis de los intereses y razones que se han publicado recientemente y pueden contribuir a entender la tozudez de las posiciones alemanas. Aportaciones que se tomarán como marco de referencia y punto de partida para realizar una lectura propia de la lógica en la que se sustenta la estrategia conservadora de salida de la crisis que propugnan Alemania y los países del norte de la eurozona.
Las medidas de recorte, reducción rápida y simultánea de los déficits públicos y mejora de la competitividad a través de la compresión de los salarios reales se han revelado tan ineficaces como peligrosas. Antes que conseguir una disminución de los desequilibrios en las cuentas públicas, esas medidas provocan un hundimiento de la demanda interna que si bien permite una reducción coyuntural del déficit por cuenta corriente provoca al tiempo un retroceso de la actividad económica y del empleo que hace imposible seguir avanzando en la tarea de equilibrar las cuentas públicas y exteriores. Ante esta realidad innegable, la respuesta de Merkel parece incomprensible, ya que se niega a aceptar una rectificación blanda que tendrá que terminar admitiendo y que podría actuar como contención de las presiones que ejercen las fuerzas que pugnan por derrotarla en las elecciones del próximo año. Esa rectificación blanda no supondría, en mi opinión, una solución a la crisis, pero dificultaría las recaídas en nuevas recesiones con un ritmo más lento en el ajuste y una mayor apertura a complementar unos recortes menos duros y extensos con medidas de sostén del crecimiento.
Más irracional aún parece la presión que se ejerce para que los países periféricos aprueben recortes presupuestarios adicionales cada vez más impopulares y cumplan de forma estricta las nuevas medidas de austeridad y desregulación del mercado laboral que aprueban. ¿Son realmente incomprensibles o ilógicas las medidas de austeridad que imponen y la actitud que mantienen las fuerzas que lidera Merkel?
Interpretaciones con fundamento
Conviene, antes de entrar en materia, aclarar algo que aunque resulta evidente no debe llevar a ningún equívoco. Las referencias a Merkel o Alemania señalan al conjunto de fuerzas económicas, políticas y sociales que, con el apoyo de buena parte de la opinión pública de los países del norte de la eurozona y la connivencia de poderosos medios de comunicación y centros de investigación económica, han conseguido una sólida hegemonía en las principales instituciones de la UE que les permite imponer sus soluciones y estrategia de salida de la crisis al conjunto de los Estados miembros de la eurozona y la UE.
No está de más comenzar agradeciendo el esfuerzo realizado por los autores que, superando la molicie que tiende a prevalecer en tiempos estivales, han hecho públicas sus particulares interpretaciones de la lógica económica que sustenta las posiciones de Alemania y sus aliados y proporcionan información y argumentos sobre los intereses que orientan sus decisiones que nos permiten conocer sus debilidades, criticar sus decisiones y reconsiderar nuestras críticas. De todas esas reflexiones destacan, por su interés y particular relevancia, las de dos reconocidos analistas, Antón Costas y Vicenç Navarro.
Antón Costas (Ni contigo ni sin ti…, El País, 5 de agosto de 2012) se interroga sobre las misteriosas razones que llevan a que Alemania impida “al BCE actuar como un verdadero banco central” y plantea dos posibles respuestas complementarias. Su primera hipótesis apunta a la defensa por parte de Alemania de “sus intereses nacionales a corto plazo”. Entre esos intereses nacionales se encontrarían los de garantizar que los inversores y bancos alemanes recuperen lo que prestaron y, de forma inmediata, aprovechar la creciente aversión al riesgo que muestran los inversores para financiarse a coste cero o negativo (con intereses nominales mínimos e inferiores a la inflación). La segunda hipótesis interpretativa tiene más vuelo y se refiere a las contradictorias posiciones que defienden Alemania y Francia a propósito del avance en la integración europea. “Alemania quiere forzar a Francia a aceptar la Unión Política como paso previo a dejar al BCE hacer las funciones de banco central; pero Francia se resiste a esa condición y defiende la Unión Bancaria”
Si finalmente, como parece, el BCE no interviene para reducir la insoportable prima de riesgo que está asfixiando a la economía española y obliga al Gobierno de Rajoy a pedir nuevos fondos comunitarios, Costas considera que dicho rescate sería como si nos lanzasen un salvavidas de acero “que te hunde definitivamente en la recesión, el estancamiento, el desempleo y la pobreza”. En tales circunstancias, la sociedad española deberá afrontar la disyuntiva de permanecer o salir de la eurozona, ya que en “su actual funcionamiento, los costes de estar en el euro son mayores que los beneficios”, después de calibrar las desconocidas consecuencias en términos de costes, oportunidades y riesgos que tendría esa salida.
Las reflexiones de Vicenç Navarro (en dos artículos publicados en Nueva Tribuna, El Sr. Draghi, el euro, el BCE y el Bundesbank, 3 de agosto de 2012, y Manipulada desinformación sobre el Banco Central Europeo”, 8 de agosto de 2012) parten de un rechazo claro y rotundo a aceptar que el euro esté en peligro de desaparecer. Navarro argumenta que “las fuerzas dominantes que determinaron su establecimiento continúan existiendo y beneficiándose de su existencia” y rechaza, por consiguiente, la posibilidad de colapso del euro.
Navarro defiende que son los Estados y los bancos de los países periféricos, no el euro, los que tienen problemas (falta de disponibilidad de crédito, altas primas de riesgo, fuga de capitales hacia el centro de la eurozona) y que tales problemas tienen su origen en que el BCE “no era ni es un Banco Central” ni se comporta como tal, comprando deuda pública para marcar un límite a los intereses e impedir que mercados financieros y especuladores lleven los intereses a largo plazo de los países del sur de la eurozona a niveles insoportables. Bastaría con un comportamiento del BCE similar al de los bancos centrales de EE.UU., Japón o, más cerca, Gran Bretaña para solucionar la crisis de liquidez que sufren España e Italia.
La troika (Comisión Europea, BCE y Fondo Monetario Internacional), en representación de “los intereses de la burguesía financiera y exportadora alemana y de otros países del centro”, no pretende ayudar a los países sino a los bancos del centro de la eurozona “y muy en particular, los bancos alemanes”, asegurando con su intervención que los Estados y los bancos de la periferia paguen los intereses y devuelvan los préstamos recibidos. Por eso impide que el BCE desarrolle las funciones básicas y normales que realizan los bancos centrales y aprovecha las necesidades de crédito de los países periféricos para condicionar su ayuda a la aplicación de medidas de austeridad, privatización y desregulación que son muy impopulares y “no tienen ninguna oportunidad de resolver el problema del déficit público”.
La eurozona sólo podría colapsar, según Navarro, “si los países periféricos abandonasen el euro, lo cual es imposible”, ya que las burguesías financieras y empresariales de los países periféricos están interesadas en utilizar la crisis y las imposiciones de la troika “para conseguir lo que siempre han deseado: reducir los salarios, eliminar la protección social y desmantelar el Estado de Bienestar”, con la ventaja de compartir con las instituciones europeas la responsabilidad por la extrema dureza de las medidas, sus negativos impactos económicos y sociales y los consiguientes costes políticos.
Este apretado resumen de los interesantes análisis y planteamientos que realizan ambos autores en los artículos señalados puede servir como excelente punto de partida para exponer una interpretación que incorpora matices parcialmente diferentes en algunos aspectos y refuerza algunos de los argumentos esgrimidos a propósito de las razones que han sustentado las posiciones alemanas sobre la actuación del BCE.
Razones como puños
Merkel y el bloque de intereses al que representa sostienen con obstinación una propuesta política de salida de la crisis para los países periféricos que interesa desentrañar en todos sus componentes e interrelaciones, ya que su posición respecto a lo que debe o no debe ser y hacer el BCE es sólo una parte o utensilio de su caja de herramientas.
La estrategia conservadora pretende un lento y precavido cambio institucional de la eurozona en el que la reparación de los fallos de diseño institucional y los avances en la construcción de una unión bancaria y fiscal y en la mutualización de la deuda soberana dependerán y estarán condicionados por el grado de cumplimiento de los países del sur de la eurozona en sus compromisos de austeridad para equilibrar sus cuentas públicas y presión sobre los costes laborales para minimizar los desequilibrios de sus cuentas exteriores por la vía de aumentar la competitividad y promover las exportaciones netas. Dicha estrategia se completa con un conjunto de medidas desreguladoras que buscan la ampliación de los márgenes de actuación de los agentes económicos privados y las relaciones mercantiles a costa del sector público o, lo que es lo mismo, de la capacidad del Estado para gobernar las actividades económicas y financieras, garantizar niveles de protección social que sean considerados suficientes por la ciudadanía y ofrecer bienes públicos de calidad no sometidos a las exigencias de rentabilidad y demanda con capacidad de pago.
Una prematura mutualización de la deuda soberana en cualquiera de las modalidades que se están barajando o una intervención sostenida del BCE en los mercados de deuda, mostrando su disposición inequívoca a garantizar niveles asumibles en los costes financieros que deben pagar los países periféricos, supondría descartar una herramienta de presión sobre los gobiernos y las ciudadanías de los países del sur de la eurozona que consideran insustituible para imponer medidas que no podrían ser asumidas sin una presión extrema que obligue a aceptar con carácter inmediato un intenso empobrecimiento y una desposesión de derechos laborales, sindicales y sociales. La justificación de que tales medidas de austeridad se deben aplicar en aras de un más que discutible horizonte de lenta reactivación económica en el que difícilmente podrán recuperarse, incluso a medio plazo, los niveles adquisitivos, derechos, bienes públicos y empleos perdidos es un argumento complementario que puede ser útil para dar cobertura ideológica y legitimar los sacrificios, pero no garantiza que se lleven a cabo las medidas aprobadas.
Los muñidores de la estrategia de salida de la crisis que han impuesto las instituciones europeas suponen, con razón, que solo una situación de extrema necesidad garantiza la aceptación de las duras medidas de austeridad por parte de las sociedades de los países rescatados y permite minimizar el riesgo moral de que los gobiernos de esos países incumplan después sus compromisos de equilibrar con extrema celeridad y máximo rigor sus cuentas públicas y exteriores. Y por eso no están dispuestos a prescindir por las buenas de la herramienta de presión que suponen unas primas de riesgo disparadas y en permanente acecho. De ahí, los requerimientos para que el Gobierno del PP solicite financiación de los fondos europeos de rescate y se comprometa pública y formalmente a seguir cumpliendo de manera estricta las medidas aprobadas y, en su caso, las nuevas medidas que le sean impuestas.
La actuación del BCE, permitiendo unos niveles elevados pero controlados de las primas de riesgo, es de vital importancia, ya que la imposición de la estrategia conservadora se sostiene, precisamente, en la necesidad urgente e ineludible de financiación externa que tienen los países periféricos y que sólo pueden obtener, en la cuantía que precisan y con unos intereses que puedan encajar, de sus socios del norte de la eurozona a cambio de garantizar que se van a aplicar al coste de lo que sea las medidas de austeridad extrema, desregulación y devaluación interna que les sean requeridas.
Los beneficios que obtienen los países del centro de la eurozona, y concretamente Alemania, con la gestión de la crisis y con la salida que están imponiendo son importantes. En el corto plazo, les permite financiarse a tasas de interés negativas (lo que le proporciona una gran ventaja en términos de costes) y evitar una apreciación del euro (dada la saneada situación de las economías del centro de la eurozona) que perjudicaría su potencial exportador. En el medio y largo plazo, aspiran a preservar el mercado único y el euro en unas condiciones de reforzamiento de su hegemonía económica y política y de prolongada subordinación de unas economías periféricas con bajos niveles salariales que se reafirmarían como proveedores baratos de manufacturas y servicios de baja gama.
A la postre, la estrategia alemana pretende compatibilizar dos ideas que hasta ahora se consideraban contradictorias, si no incompatibles: por un lado, más Europa; por otro, fosilización de las estructuras y especializaciones productivas de los países periféricos.
Más Europa en el sentido de más unidad bancaria y homogeneidad de los sistemas fiscales nacionales con más poder de control y sancionador comunitario, pero no un aumento sustancial del presupuesto de la UE ni, como consecuencia, más inversiones productivas comunitarias o mayor cuantía e institucionalización de transferencias federales de fondos, sea para hacer frente a choques exteriores asimétricos, impulsar y hacer efectivo el principio comunitario de cohesión social y territorial o favorecer la convergencia real de estructuras productivas, especializaciones y niveles salariales.
Y congelación de la actual jerarquía de especializaciones productivas y exportadoras, con un centro especializado en industrias y servicios de alta gama que, pese al aumento de las desigualdades sociales, permitirían mantener altos salarios y una oferta todavía suficiente de bienes públicos, y una periferia especializada en industrias y servicios de bajo valor añadido y escasa productividad que no podrían sostener el actual Estado de bienestar ni los actuales niveles salariales y condenarían a una parte de las clases trabajadoras al paro o aceptar empleos y salarios indecentes. A las actuales fracturas financieras y productivas entre los países del norte y el sur de la eurozona habría que sumar una nueva fractura social en los países del sur de la eurozona, ya que millones de personas quedarían excluidas del mercado laboral, no podrían contar con la red pública de protección social que existía hasta ahora y no tendrían más opciones que la emigración o la extrema pobreza.
En definitiva, la parcial inhibición del BCE y el lento cambio institucional de la eurozona resultan funcionales para imponer una salida de la crisis que interesa a los acreedores y prolonga las fracturas en las especializaciones y estructuras productivas que han alentado la extrema heterogeneidad que existe entre los países del norte y el sur de la eurozona y que explican buena parte del desigual desempeño en sus equilibrios o desequilibrios macroeconómicos.
Está por ver que los posibles beneficios de esa estrategia justifiquen los altos riesgos que están asumiendo sus promotores, no sólo de cara a la legitimidad de su liderazgo sino también de la potencial agravación del conflicto social y la inestabilidad sociopolítica o la generación de fuerzas económicas y financieras desestabilizadoras que podrían acabar generando una crisis ingobernable de la eurozona y, finalmente, su desaparición.
Debilidades que enflaquecen las razones de Alemania
La limitada presión que pueden articular Monti y Rajoy con el apoyo de Hollande y la desarticulada y discontinua resistencia popular frente a los recortes no están en condiciones todavía de vencer a la estrategia conservadora ni de hacer trastabillear el sistema de alianzas que la sostiene.
No obstante, la estrategia que propugna Merkel presenta algunas debilidades. Su mayor fragilidad reside en que los esfuerzos y sacrificios que impone son tan baldíos como injustos en el reparto unos costes que se concentran en los países del sur de la eurozona y afectan especialmente a sectores muy amplios de las clases trabajadoras de los países rescatados. Son muchas las posibilidades de que, como viene ocurriendo hasta ahora, la austeridad a ultranza que se ha impuesto a los países periféricos no consiga reducciones significativas y rápidas de los déficits públicos y, en cambio, profundice la recesión económica. De igual modo, las medidas de presión para reducir los costes laborales tienen mínimas oportunidades de lograr equilibrar las cuentas exteriores por la vía de reducir los precios de exportación y competir con los países de bajos salarios; más aún en las condiciones de estancamiento económico que sufre la UE y en el caso de los países periféricos en los que los procesos de desindustrialización han sido más intensos, presentan una limitada capacidad exportadora y dependen crucialmente de las importaciones de manufacturas y servicios intensivos en capital y tecnología para alimentar el crecimiento del producto.
Tarde o temprano la actual estrategia dominante de salida de la crisis será revisada porque es ineficaz para los objetivos que dice pretender. Tendrá que ser modificada, ya veremos si en profundidad o solo con algunos retoques, porque en su actual versión es tan profundamente injusta y antisocial que se ha convertido en el mejor caldo de cultivo para que la ciudadanía vislumbre y comprenda los intereses de esa poderosa, arrogante e insensible minoría social que impone medidas que provocan el empobrecimiento de la mayoría. Y tendrá que experimentar cambios insignificantes o sustanciales porque en su actual formato supone una gestión de alto riesgo por parte de unas instituciones europeas que yerran en la interesada lentitud con la que pretenden arreglar los fallos estructurales o de diseño de la eurozona, en su permisiva dejación de responsabilidades respecto a los inversores que se aprovechan de la inestabilidad financiera y la calculada inoperancia del BCE y, probablemente, en la evaluación de la capacidad de resistencia de las sociedades de los países del sur de la eurozona. Errores que pueden acabar produciendo una aguda crisis de la eurozona que haga imposible la continuidad del euro, al menos en su actual configuración o extensión, por mucho que su desaparición no interese a ninguno de sus actuales socios y acabe perjudicando, en mayor o menor medida, a todos y cada uno de los Estados miembros.
La ciudadanía europea debe elegir entre aceptar o impeler la estrategia alemana. O pugna por una solución cooperativa y solidaria que permita ganancias y avances de todos y cada uno de los Estados miembros y del conjunto de la UE o se seguirán imponiendo, sin modificaciones sustanciales, las prioridades y medidas de política económica que propugnan Merkel y sus aliados.
Si triunfa la estrategia alemana, se acabaron las ensoñaciones de una Europa protectora que favorece la convergencia real de las economías de todos sus Estados miembros y la aproximación en los niveles de renta y condiciones de vida y trabajo de sus ciudadanos. Cada palo tendrá que aguantar su vela. Y cada Estado miembro, superar sus debilidades y atrasos estructurales como pueda, en dura competencia con sus socios y en pugna con las tendencias a la heterogeneidad productiva que promueven la lógica y el normal funcionamiento del mercado único y el euro.
La principal incógnita de ese futuro que acabará afirmándose no es tanto si la estrategia conservadora será revisada como la de qué alcance tendrá la rectificación y cuánta destrucción económica y fracturas sociales se va a producir en los países del sur de la eurozona y en el conjunto de los países de la UE hasta que se apruebe esa modificación. Y conectado a este primer escalón de problemas, un interrogante sobre la prevalencia en ese cuestionamiento de los tecnócratas y los argumentos técnicos o de las necesidades, valores y prioridades que la mayoría de la sociedad destaque como propios.
De prevalecer la revisión técnica no se produciría un cuestionamiento real de las estructuras y relaciones de poder y decisión en las instituciones europeas actualmente existentes ni una modificación sustancial de las prioridades de política económica e ideológicas que derivan de esas estructuras.
La viabilidad política de un cuestionamiento más profundo, que suponga una ruptura con las medidas de austeridad, depende de la consolidación de un amplio y consciente movimiento de la ciudadanía europea capaz de confrontar la estrategia conservadora con un proyecto popular y progresista de salida de la crisis que concrete una propuesta solidaria y cooperativa de unidad europea. La izquierda tendrá que trabajar para aportar a ese proyecto la voluntad política, asentada en un fuerte y mayoritario consenso social, de establecer como prioridad inexcusable y a corto plazo de la acción de cualquier Gobierno el derecho efectivo de las personas a un empleo decente y a una renta digna; y para asegurar, frente a cualquier intento de deterioro o limitación, una extensa oferta de bienes públicos de calidad y una potente acción reguladora e inversora del Estado orientada por el interés público y las preferencias expresadas democráticamente por la mayoría de la sociedad.
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