domingo, 29 de mayo de 2011
viernes, 27 de mayo de 2011
jueves, 26 de mayo de 2011
miércoles, 25 de mayo de 2011
UE,the time is over.
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martes, 24 de mayo de 2011
lunes, 23 de mayo de 2011
domingo, 22 de mayo de 2011
viernes, 20 de mayo de 2011
miércoles, 18 de mayo de 2011
Los enigmas del antiterrorismo.
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domingo, 15 de mayo de 2011
lunes, 9 de mayo de 2011
La hora de la rectificación
Extradición
Luis Britto García
Aporrea
Extradición es el procedimiento en virtud del cual un acusado o condenado de un delito según la ley de un Estado, es privado de su libertad en otro y regresado al primero para ser sometido a juicio o expiación en él.
Nadie otorga la extradición por supuestos delitos políticos, porque éstos sólo son tales en el país fuera del cual está el acusado. Según afirma Irureta Goyena, “en el Estado a cuyas leyes se ampara, el delincuente político no representa un peligro; y en el Estado de cuyos gobernantes se escapa, no existe justicia que le ofrezca garantías”.
Ésta es regla universalmente aceptada en el Derecho Internacional. Así, la Convención sobre Asilo Territorial de la OEA 1954 en su artículo 3 pauta que “Ningún Estado está obligado a entregar a otro Estado o a expulsar de su territorio a personas perseguidas por motivos o delitos políticos”, mientras su artículo 4 estatuye categóricamente que “La extradición no es procedente cuando se trate de personas que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos”.
También nuestro Derecho interno excluye en forma terminante la extradición por motivos políticos. Al respecto establece el Código Penal de Venezuela en su artículo 6: “La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana. La extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos, ni por ningún hecho que no esté calificado de delito por la ley venezolana.
La extradición de un extranjero por delitos comunes no podrá acordarse sino por la autoridad competente, de conformidad con los tramites y requisitos establecidos al efecto por los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor y, a falta de estos, por las leyes venezolanas.
No se acordara la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada en la legislación del país requirente la pena de muerte o una pena perpetua. En todo caso, hecha la solicitud de extradición, toca al Ejecutivo Nacional, según el mérito de los comprobantes que se acompañen, resolver sobre la detención preventiva del extranjero, antes de pasar el asunto al Tribunal Supremo de justicia”.
Interpol no puede tener ingerencia en estos casos, ya que según el artículo 3 de sus Estatutos,”Está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”.
Ejercer actividades de divulgación e información no es delito, ya que según el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Tampoco la divulgación de opinión e información está calificada como delito en Venezuela, ya que el artículo 57 de nuestra Constitución pauta: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura.
Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”.
Para quienes fueren molestados por ejercer tales actividades, el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que: “1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”.
El derecho de asilo puede ser invocado ante cualquier país perteneciente a la ONU. Divulgar información y opinión no es delito común, ni acto opuesto a propósitos y principios de dicho organismo.
En el mismo sentido, el artículo 69 de nuestra Constitución establece que “La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”.
El artículo 271 de dicha Ley Fundamental añade que “En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos”. De donde se concluye que sí puede ser negada la extradición de los extranjeros no responsables de dichos delitos, y debe ser rechazada la de quien no sea culpable de ninguno.
Al respecto exige la Constitución, “El procedimiento referente a los delitos mencionados será público, oral y breve, respetándose el debido proceso, estando facultada la autoridad judicial competente para dictar las medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpósitas personas, a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil”. De donde se infiere que no puede haber extradición sin debido proceso público y con garantías de defensa.
El artículo 44 de la Ley Fundamental requiere que “Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras se observará, además, la notificación consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia”, para que el cónsul pueda activar los mecanismos de defensa de su compatriota que estime pertinentes.
El Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 398 dispone que “Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se halle en territorio de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud a la Corte Suprema de Justicia con la documentación recibida”. Si el gobierno solicitante no ha presentado la documentación, se podrá detener cautelarmente al indiciado sólo hasta sesenta días continuos, tras los cuales será liberado si dichas pruebas no han sido presentadas. Para el caso de que sean aportadas, el artículo 402 ejusdem pauta que “La Corte Suprema de Justicia convocará a una audiencia oral dentro de los treinta días siguientes a la notificación del solicitado.
A esta audiencia concurrirán el imputado, su defensor y el representante del gobierno requirente quienes expondrán sus alegatos. Concluida la audiencia, la Corte Suprema de Justicia decidirá en un plazo de quince días”.
Preferiblemente, la documentación aportada no debe consistir en textos extraídos de supuestas computadoras mágicas a prueba de bombas, confesamente obtenidas mediante una agresión ilegal, en las cuales según el mismo informe de Interpol se han contaminado los contenidos después del decomiso, y en cuyos archivos, según Álvaro Uribe Vélez, también constarían supuestas pruebas de que el presidente electo de Venezuela sería narcotraficante y terrorista. Interpol no es árbitro del mundo, para estar asignando a capricho boletas rojas que violan Declaraciones Universales de Derechos Humanos, Constituciones y tratados.
Según la Convención sobre Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967, los Estados se comprometen a conceder asilo humanitario y no pueden ni deben devolver por la fuerza a un refugiado a su país de origen si ello representa un peligro para él.
No lo digo yo: lo dicen las leyes y los tratados, que en Venezuela expresan la soberana e irrenunciable voluntad del pueblo. El que en otros países no exista Estado de Derecho no es razón para que éste deje de existir en Venezuela. Una sola violación de una norma no condena un sistema, pero debe ser corregida antes de que se convierta en norma la violación.
Secuestrar a un comunicador social inocente de todo delito común y entregarlo por la fuerza a un país del cual no es nacional; a un país donde fueron asesinadas su esposa y cinco mil copartidarios; donde en tres años se cuentan más de 38 mil desaparecidos y más de tres millones de desplazados forzosos por operaciones militares ciertamente representa un peligro para él, y para quienes confiamos en que constituciones, leyes y derechos humanos eran más que últimas palabras.
Fuente: http://aporrea.org/internacionales/a122955.html
Luis Britto García
Aporrea
Extradición es el procedimiento en virtud del cual un acusado o condenado de un delito según la ley de un Estado, es privado de su libertad en otro y regresado al primero para ser sometido a juicio o expiación en él.
Nadie otorga la extradición por supuestos delitos políticos, porque éstos sólo son tales en el país fuera del cual está el acusado. Según afirma Irureta Goyena, “en el Estado a cuyas leyes se ampara, el delincuente político no representa un peligro; y en el Estado de cuyos gobernantes se escapa, no existe justicia que le ofrezca garantías”.
Ésta es regla universalmente aceptada en el Derecho Internacional. Así, la Convención sobre Asilo Territorial de la OEA 1954 en su artículo 3 pauta que “Ningún Estado está obligado a entregar a otro Estado o a expulsar de su territorio a personas perseguidas por motivos o delitos políticos”, mientras su artículo 4 estatuye categóricamente que “La extradición no es procedente cuando se trate de personas que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos”.
También nuestro Derecho interno excluye en forma terminante la extradición por motivos políticos. Al respecto establece el Código Penal de Venezuela en su artículo 6: “La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana. La extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos, ni por ningún hecho que no esté calificado de delito por la ley venezolana.
La extradición de un extranjero por delitos comunes no podrá acordarse sino por la autoridad competente, de conformidad con los tramites y requisitos establecidos al efecto por los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor y, a falta de estos, por las leyes venezolanas.
No se acordara la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada en la legislación del país requirente la pena de muerte o una pena perpetua. En todo caso, hecha la solicitud de extradición, toca al Ejecutivo Nacional, según el mérito de los comprobantes que se acompañen, resolver sobre la detención preventiva del extranjero, antes de pasar el asunto al Tribunal Supremo de justicia”.
Interpol no puede tener ingerencia en estos casos, ya que según el artículo 3 de sus Estatutos,”Está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”.
Ejercer actividades de divulgación e información no es delito, ya que según el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Tampoco la divulgación de opinión e información está calificada como delito en Venezuela, ya que el artículo 57 de nuestra Constitución pauta: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura.
Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”.
Para quienes fueren molestados por ejercer tales actividades, el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que: “1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”.
El derecho de asilo puede ser invocado ante cualquier país perteneciente a la ONU. Divulgar información y opinión no es delito común, ni acto opuesto a propósitos y principios de dicho organismo.
En el mismo sentido, el artículo 69 de nuestra Constitución establece que “La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”.
El artículo 271 de dicha Ley Fundamental añade que “En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos”. De donde se concluye que sí puede ser negada la extradición de los extranjeros no responsables de dichos delitos, y debe ser rechazada la de quien no sea culpable de ninguno.
Al respecto exige la Constitución, “El procedimiento referente a los delitos mencionados será público, oral y breve, respetándose el debido proceso, estando facultada la autoridad judicial competente para dictar las medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpósitas personas, a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil”. De donde se infiere que no puede haber extradición sin debido proceso público y con garantías de defensa.
El artículo 44 de la Ley Fundamental requiere que “Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras se observará, además, la notificación consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia”, para que el cónsul pueda activar los mecanismos de defensa de su compatriota que estime pertinentes.
El Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 398 dispone que “Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se halle en territorio de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud a la Corte Suprema de Justicia con la documentación recibida”. Si el gobierno solicitante no ha presentado la documentación, se podrá detener cautelarmente al indiciado sólo hasta sesenta días continuos, tras los cuales será liberado si dichas pruebas no han sido presentadas. Para el caso de que sean aportadas, el artículo 402 ejusdem pauta que “La Corte Suprema de Justicia convocará a una audiencia oral dentro de los treinta días siguientes a la notificación del solicitado.
A esta audiencia concurrirán el imputado, su defensor y el representante del gobierno requirente quienes expondrán sus alegatos. Concluida la audiencia, la Corte Suprema de Justicia decidirá en un plazo de quince días”.
Preferiblemente, la documentación aportada no debe consistir en textos extraídos de supuestas computadoras mágicas a prueba de bombas, confesamente obtenidas mediante una agresión ilegal, en las cuales según el mismo informe de Interpol se han contaminado los contenidos después del decomiso, y en cuyos archivos, según Álvaro Uribe Vélez, también constarían supuestas pruebas de que el presidente electo de Venezuela sería narcotraficante y terrorista. Interpol no es árbitro del mundo, para estar asignando a capricho boletas rojas que violan Declaraciones Universales de Derechos Humanos, Constituciones y tratados.
Según la Convención sobre Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967, los Estados se comprometen a conceder asilo humanitario y no pueden ni deben devolver por la fuerza a un refugiado a su país de origen si ello representa un peligro para él.
No lo digo yo: lo dicen las leyes y los tratados, que en Venezuela expresan la soberana e irrenunciable voluntad del pueblo. El que en otros países no exista Estado de Derecho no es razón para que éste deje de existir en Venezuela. Una sola violación de una norma no condena un sistema, pero debe ser corregida antes de que se convierta en norma la violación.
Secuestrar a un comunicador social inocente de todo delito común y entregarlo por la fuerza a un país del cual no es nacional; a un país donde fueron asesinadas su esposa y cinco mil copartidarios; donde en tres años se cuentan más de 38 mil desaparecidos y más de tres millones de desplazados forzosos por operaciones militares ciertamente representa un peligro para él, y para quienes confiamos en que constituciones, leyes y derechos humanos eran más que últimas palabras.
Fuente: http://aporrea.org/internacionales/a122955.html
Europa y el círculo vicioso.
Lo de Portugal no es un rescate
Alberto Garzón Espinosa
Pijus Economicus
Pues eso, que no es a Portugal a quien se está rescatando. Se está rescatando a los inversores privados que además de tener títulos de deuda pública muy lucrativos tienen miedo a que finalmente éstos resulten incobrables. Cuando dicen Portugal, por lo tanto, no están queriendo decir “la ciudadanía de Portugal” porque resulta obvio que, precisamente, es esta ciudadanía la que va a rescatar con su pérdida de derechos a los otros, esto es, a esos ricos inversores que temen no poder ser más ricos en el futuro.
Ya sabemos que los Estados se endeudaron como consecuencia de la crisis, para revitalizar la economía y para salvar a los bancos. La deuda pública de Portugal antes de la crisis, en 2006, era del 63′9%, y ahora, tras la crisis, es del 93%. No excesivamente alta en cualquier caso, pues la deuda alemana es del 83′2%, la belga del 96′8%, la italiana del 119% y la española del 60′1%. Así pues, el endeudamiento es posterior a una crisis cuya responsabilidad reside fundamentalmente en la banca privada y otras instituciones financieras.
Y el endeudamiento no era ni azaroso ni gratuito. No era azaroso porque en realidad fue la lógica consecuencia de una disminución de los ingresos (la mayor parte provenientes de los impuestos a la actividad económica, por lo que en épocas de crisis disminuyen) y un crecimiento de los gastos (por lo ya comentado: rescate bancario y planes de estímulo). Y no fue gratuito porque alguien tenía que prestar ese dinero y lo iba a hacer como negocio, es decir, esperando una rentabilidad por dejarle dinero al Estado. Y esos agentes fueron las mismas entidades financieras rescatadas a lo largo de todo el mundo.
La deuda pública griega, por ejemplo, está en posesión fundamentalmente de bancos franceses y alemanes y de fondos de pensiones (y otros tipos de fondos de inversión) tanto extranjeros como nacionales. Y como con Grecia, en Portugal también hubo fuertes procesos especulativos contra la deuda pública. Es decir, los mismos que prestaban se dedicaban a explotar las debilidades del país que recibía los fondos con la intención de sacar aún mayor tajada. Para entender esto puede leerse este artículo, este otro y este más.
Los inversores tienen miedo de que no reciban lo que contrataron con el Estado, y por eso exigen reformas estructurales que, al menos en teoría, incrementen las posibilidades del Estado para pagarles. Otros, en cambio, exigimos que el Estado haga una auditoría de la deuda y deje sin pagar o pague por mucho menos los títulos en propiedad de entidades que son responsables de la crisis. O lo que es lo mismo, exigimos que los esfuerzos para costear la crisis estén justamente distribuidos.
Pero he dicho que las reformas estructurales y estos planes de ajuste sólo incrementarán las posibilidades de pagar la deuda en la teoría. Y es que en realidad las mismas reformas estructurales aplicadas pueden tener el efecto inverso: debilitarán la capacidad de pago de los Estados. En efecto, la reducción del gasto público y la reducción de la demanda que se deriva de la reducción de la capacidad adquisitiva (bajada de salarios, reducción empleo público, menor inversión, etc.) llevará a un retroceso en el crecimiento económico. Y eso significa recibir menos ingresos por parte del Estado. Así que puede ocurrir que mientras se bajan exitosamente los gastos también se bajen, sin quererlo, los ingresos y, en definitiva, todo siga igual.
Aunque no exactamente igual. Tras el plan de ajuste la mayoría de la población será más pobre, y en algunos casos muchísimo más. Debemos tener en cuenta que se están bajando las prestaciones sociales (la de desempleo se reduce hasta la mitad), el salario diferido (las pensiones), el salario indirecto (la educación y la sanidad pública, por ejemplo) e incluso el salario directo. Todo ello repercute directa y regresivamente en las condiciones de vida de la gente. Por el otro lado, sin embargo, se beneficia ampliamente a las grandes empresas y a la banca (el plan de rescate implica sanear las finanzas privadas de la banca con dinero público para después venderlas de nuevo), que ya fueron las grandes beneficiadas en la época pre-crisis. Si alguien cree, por otra parte, que las grandes empresas se pondrán a invertir y por tanto a incrementar el empleo… que pregunte a algún empresario que estuviera dispuesto a producir en una economía en recesión y para una sociedad con cada vez menor capacidad de compra.
Nos están atracando, y lo peor de todo es que en muchos casos lo están haciendo los propios partidos que se dicen de izquierdas. En el caso portugués además se ha demostrado que en el fondo todo eso ni siquiera importa: son las antidemocráticas instituciones del FMI y la UE las que imponen las condiciones de “rescate”. Esto no hace sino desconcertar a la población, que ajena durante tantos años a la cultura económica y a la política no entiende por qué sucede lo que sucede y por qué les roban con tanto desparpajo.
Pero nosotros, al menos, tenemos una misión: llamar a las cosas por su nombre. Y esto no son rescates a los países sino a los inversores de esos países y que son, en suma mayoría, los que se han enriquecido especulando contra el propio país. Nos gobiernan criminales, pero desde luego no son tontos.
El autor es miembro del Consejo Científico de ATTAC
http://www.agarzon.net/?p=767
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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Alberto Garzón Espinosa
Pijus Economicus
Pues eso, que no es a Portugal a quien se está rescatando. Se está rescatando a los inversores privados que además de tener títulos de deuda pública muy lucrativos tienen miedo a que finalmente éstos resulten incobrables. Cuando dicen Portugal, por lo tanto, no están queriendo decir “la ciudadanía de Portugal” porque resulta obvio que, precisamente, es esta ciudadanía la que va a rescatar con su pérdida de derechos a los otros, esto es, a esos ricos inversores que temen no poder ser más ricos en el futuro.
Ya sabemos que los Estados se endeudaron como consecuencia de la crisis, para revitalizar la economía y para salvar a los bancos. La deuda pública de Portugal antes de la crisis, en 2006, era del 63′9%, y ahora, tras la crisis, es del 93%. No excesivamente alta en cualquier caso, pues la deuda alemana es del 83′2%, la belga del 96′8%, la italiana del 119% y la española del 60′1%. Así pues, el endeudamiento es posterior a una crisis cuya responsabilidad reside fundamentalmente en la banca privada y otras instituciones financieras.
Y el endeudamiento no era ni azaroso ni gratuito. No era azaroso porque en realidad fue la lógica consecuencia de una disminución de los ingresos (la mayor parte provenientes de los impuestos a la actividad económica, por lo que en épocas de crisis disminuyen) y un crecimiento de los gastos (por lo ya comentado: rescate bancario y planes de estímulo). Y no fue gratuito porque alguien tenía que prestar ese dinero y lo iba a hacer como negocio, es decir, esperando una rentabilidad por dejarle dinero al Estado. Y esos agentes fueron las mismas entidades financieras rescatadas a lo largo de todo el mundo.
La deuda pública griega, por ejemplo, está en posesión fundamentalmente de bancos franceses y alemanes y de fondos de pensiones (y otros tipos de fondos de inversión) tanto extranjeros como nacionales. Y como con Grecia, en Portugal también hubo fuertes procesos especulativos contra la deuda pública. Es decir, los mismos que prestaban se dedicaban a explotar las debilidades del país que recibía los fondos con la intención de sacar aún mayor tajada. Para entender esto puede leerse este artículo, este otro y este más.
Los inversores tienen miedo de que no reciban lo que contrataron con el Estado, y por eso exigen reformas estructurales que, al menos en teoría, incrementen las posibilidades del Estado para pagarles. Otros, en cambio, exigimos que el Estado haga una auditoría de la deuda y deje sin pagar o pague por mucho menos los títulos en propiedad de entidades que son responsables de la crisis. O lo que es lo mismo, exigimos que los esfuerzos para costear la crisis estén justamente distribuidos.
Pero he dicho que las reformas estructurales y estos planes de ajuste sólo incrementarán las posibilidades de pagar la deuda en la teoría. Y es que en realidad las mismas reformas estructurales aplicadas pueden tener el efecto inverso: debilitarán la capacidad de pago de los Estados. En efecto, la reducción del gasto público y la reducción de la demanda que se deriva de la reducción de la capacidad adquisitiva (bajada de salarios, reducción empleo público, menor inversión, etc.) llevará a un retroceso en el crecimiento económico. Y eso significa recibir menos ingresos por parte del Estado. Así que puede ocurrir que mientras se bajan exitosamente los gastos también se bajen, sin quererlo, los ingresos y, en definitiva, todo siga igual.
Aunque no exactamente igual. Tras el plan de ajuste la mayoría de la población será más pobre, y en algunos casos muchísimo más. Debemos tener en cuenta que se están bajando las prestaciones sociales (la de desempleo se reduce hasta la mitad), el salario diferido (las pensiones), el salario indirecto (la educación y la sanidad pública, por ejemplo) e incluso el salario directo. Todo ello repercute directa y regresivamente en las condiciones de vida de la gente. Por el otro lado, sin embargo, se beneficia ampliamente a las grandes empresas y a la banca (el plan de rescate implica sanear las finanzas privadas de la banca con dinero público para después venderlas de nuevo), que ya fueron las grandes beneficiadas en la época pre-crisis. Si alguien cree, por otra parte, que las grandes empresas se pondrán a invertir y por tanto a incrementar el empleo… que pregunte a algún empresario que estuviera dispuesto a producir en una economía en recesión y para una sociedad con cada vez menor capacidad de compra.
Nos están atracando, y lo peor de todo es que en muchos casos lo están haciendo los propios partidos que se dicen de izquierdas. En el caso portugués además se ha demostrado que en el fondo todo eso ni siquiera importa: son las antidemocráticas instituciones del FMI y la UE las que imponen las condiciones de “rescate”. Esto no hace sino desconcertar a la población, que ajena durante tantos años a la cultura económica y a la política no entiende por qué sucede lo que sucede y por qué les roban con tanto desparpajo.
Pero nosotros, al menos, tenemos una misión: llamar a las cosas por su nombre. Y esto no son rescates a los países sino a los inversores de esos países y que son, en suma mayoría, los que se han enriquecido especulando contra el propio país. Nos gobiernan criminales, pero desde luego no son tontos.
El autor es miembro del Consejo Científico de ATTAC
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Latinopamérica, el imperio contraataca.
El imperio contraataca
Norberto Emmerich
Rebelión
En mayo de 2011 se firmó el Acuerdo del Pacífico en Lima articulando una zona de libre comercio y protección de inversiones bajo la influencia estadounidense. Los suscriptores del Acuerdo de Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), a los que presumiblemente se sumarán Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Guatemala y posiblemente, República Dominicana, dejan descolocada a la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) y ponen un límite al liderazgo de Brasil en la región.
Washington quiere a toda costa recuperar el control de América Latina, seriamente golpeado en noviembre de 2005 en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, Argentina, cuando concluyeron definitivamente las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Estados Unidos se había asegurado el voto positivo de 21 de los 34 países invitados a suscribir el ALCA en Mar del Plata, pero Brasil, Argentina y Venezuela argumentaron que no se podía ignorar el 75% del PBI de la región que ellos representaban.
George W. Bush se marchó de la Argentina y millones de personas en el continente celebraron la muerte del ALCA. El Mercosur quedó con posibilidades de construir junto con la Comunidad Andina de Naciones la integración comercial de América del Sur y entonces la Unasur tomó fuerza como espacio de integración política.
Muchos analistas señalaron que el ALCA volvería y que el Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos insistía en anudar con países con los que tenía poca relación comercial en la zona andina era un indicio de que los objetivos estratégicos estadounidenses no se abandonarían. Perú no sólo suscribió un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sino que comenzó otras negociaciones, firmando más de 6 Tratados de Libre Comercio con países de otros continentes. La integración sudamericana no llegaba a completarse. Perú sigue siendo un eje fundamental para la articulación de este nuevo ALCA encubierto, ya que a instancias de Alan García se impulsó el Acuerdo del Pacífico, preparatorio de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Estratégica Transpacífico (TPP) integrado por nueve países de América, Asia y Oceanía. Este gran acuerdo de protección de inversiones y libre comercio se da en el marco del Foro Económico Asia Pacífico (APEC), donde se denominó el Arco del Pacífico. El reciente acuerdo del Pacífico pretende conectar a parte de la Comunidad Andina (Chile, Perú, Colombia) con Centroamérica y Estados Unidos, uniendo casi toda la costa americana, desde Alaska hasta la Patagonia chilena, en una integración al mejor estilo del ALCA.
Una Sudamérica estadounidense en el Pacífico, otra Sudamérica brasileña en el Atlántico
Los cuatro suscriptores del Acuerdo del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), más los seis países que firmaron el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA), representan un área comercial y de inversiones controlada por Washington. En momentos en que América del Sur emerge a nivel global como una región de avanzada que propone una nueva arquitectura financiera internacional con el Banco del Sur, la coordinación de sus bancos centrales, la libre circulación de sus ciudadanos, y Brasil surge como una potencia mundial con presencia en los grandes foros dando un gran sostén a la Unasur, Estados Unidos opera con sus gobiernos aliados en Chile, Colombia, México y Perú para frenar la integración sudamericana. Este acuerdo permite a Washington dividir a América del Sur en dos costas, la del Pacífico, liderada por Estados Unidos, y la del Atlántico, liderada por Brasil
Pero Estados Unidos pretende más y no abandona la costa atlántica. El día 22 de enero se difundió en los Países Bajos una información, para nada nueva, que daba cuenta del hecho que Dési Bouterse, ahora presidente de Surinam, mantuvo lazos con el narcotráfico hasta el año 2006. Llamativamente en la misma información se afirmaba que el principal socio del ahora presidente de Surinam en las actividades del crimen organizado era el narcotraficante guyanés Roger Khan.
A comienzos del mes de marzo de 2011 el informe 2010 de la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) de las Naciones Unidas menciona muy negativamente a Surinam como país de narcotráfico. A pesar de que este informe de las Naciones Unidas valora muy positivamente el rol de Guyana en la lucha contra el narcotráfico y en las políticas de cooperación con las instancias supranacionales de control, el informe del Departamento de Estado, a través de su International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), manifestó que los esfuerzos de Guyana eran “modestos”.
Ambos informes, el de la JIFE y el INCSR se emitieron prácticamente en la misma fecha, uno el 7 de marzo y el otro el 4 de marzo, respectivamente.
El gobierno guyanés, a través de su ministro de Asuntos Internos, Clement Rohee, calificó de "inexacto y falso" el reporte del Departamento de Estado de EEUU, ya que Estados Unidos no ha considerado los esfuerzos de su país en la lucha contra el narcotráfico. Al mismo tiempo denunció el desinterés estadounidense y la “escasa colaboración en la lucha contra el narcotráfico”.
Mientras tanto en el escenario regional ambos países están desarrollando denodados esfuerzos por estrechar los lazos de vinculación regional en un amplio espectro de actividades y rangos económicos. Estos vínculos se establecen primariamente con Brasil y Venezuela, líderes del proceso de integración sudamericano, que al mismo tiempo demuestran interés institucional en sostener estas políticas.
Aunque no se ha mencionado en este informe, la multiplicidad de proyectos de intercomunicación vial, informática, económica, judicial y policial expresa la voluntad de los países involucrados en construir una infraestructura de integración que resista tanto el paso del tiempo como los cambios de gobierno en la región. La presidencia pro témpore de la Unasur, en manos del mandatario de Guyana, Bharrat Jagdeo, es el motor de todos estos proyectos.
En este contexto de elogiable actividad integradora la política exterior de Estados Unidos manifiesta con claridad el rol disciplinador y hegemónico de la política de lucha contra el narcotráfico. Un ejemplo paradigmático de la utilización de esta política como parte de un proyecto de política exterior es la ambigua relación del Departamento de Estado con Costa Rica por un lado y con Nicaragua por el otro.
Mientras Costa Rica pierde su histórico status de desmilitarización y permite la presencia de 7.000 soldados estadounidenses para la lucha contra el narcotráfico, los reclamos de Nicaragua para perseguir a diversas bandas del crimen organizado dedicadas al tráfico de drogas en el interior del país, son desoídos. Y cuando una de esas bandas es perseguida hasta los manglares del Río San Juan, el ejército costarricense enarbola criterios de soberanía nacional y comienza una escalada.
Este modelo de regulación ambiental de geopolíticas binacionales que usa como argumento la lucha contra el narcotráfico parece estar dando sus primeros pasos en Guyana y Surinam. La presencia de tropas estadounidenses en la zona ya se ha establecido a partir de acuerdos de Surinam con Estados Unidos para la ayuda frente a catástrofes naturales.
El desempolvamiento de los viejos y conocidos vínculos mafiosos de Dési Bouterse en momentos en que Surinam hace serios compromisos de integración sudamericana y el menosprecio de los esfuerzos de Guyana en su lucha contra el narcotráfico privado en su país, son indicios de tácticas de reposicionamiento hegemónico de Estados Unidos frente a Brasil y Venezuela, utilizando como pretexto a dos pequeños países limítrofes.
Norberto Emmerich – Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
rCR
Norberto Emmerich
Rebelión
En mayo de 2011 se firmó el Acuerdo del Pacífico en Lima articulando una zona de libre comercio y protección de inversiones bajo la influencia estadounidense. Los suscriptores del Acuerdo de Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), a los que presumiblemente se sumarán Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Guatemala y posiblemente, República Dominicana, dejan descolocada a la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) y ponen un límite al liderazgo de Brasil en la región.
Washington quiere a toda costa recuperar el control de América Latina, seriamente golpeado en noviembre de 2005 en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, Argentina, cuando concluyeron definitivamente las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Estados Unidos se había asegurado el voto positivo de 21 de los 34 países invitados a suscribir el ALCA en Mar del Plata, pero Brasil, Argentina y Venezuela argumentaron que no se podía ignorar el 75% del PBI de la región que ellos representaban.
George W. Bush se marchó de la Argentina y millones de personas en el continente celebraron la muerte del ALCA. El Mercosur quedó con posibilidades de construir junto con la Comunidad Andina de Naciones la integración comercial de América del Sur y entonces la Unasur tomó fuerza como espacio de integración política.
Muchos analistas señalaron que el ALCA volvería y que el Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos insistía en anudar con países con los que tenía poca relación comercial en la zona andina era un indicio de que los objetivos estratégicos estadounidenses no se abandonarían. Perú no sólo suscribió un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sino que comenzó otras negociaciones, firmando más de 6 Tratados de Libre Comercio con países de otros continentes. La integración sudamericana no llegaba a completarse. Perú sigue siendo un eje fundamental para la articulación de este nuevo ALCA encubierto, ya que a instancias de Alan García se impulsó el Acuerdo del Pacífico, preparatorio de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Estratégica Transpacífico (TPP) integrado por nueve países de América, Asia y Oceanía. Este gran acuerdo de protección de inversiones y libre comercio se da en el marco del Foro Económico Asia Pacífico (APEC), donde se denominó el Arco del Pacífico. El reciente acuerdo del Pacífico pretende conectar a parte de la Comunidad Andina (Chile, Perú, Colombia) con Centroamérica y Estados Unidos, uniendo casi toda la costa americana, desde Alaska hasta la Patagonia chilena, en una integración al mejor estilo del ALCA.
Una Sudamérica estadounidense en el Pacífico, otra Sudamérica brasileña en el Atlántico
Los cuatro suscriptores del Acuerdo del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), más los seis países que firmaron el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA), representan un área comercial y de inversiones controlada por Washington. En momentos en que América del Sur emerge a nivel global como una región de avanzada que propone una nueva arquitectura financiera internacional con el Banco del Sur, la coordinación de sus bancos centrales, la libre circulación de sus ciudadanos, y Brasil surge como una potencia mundial con presencia en los grandes foros dando un gran sostén a la Unasur, Estados Unidos opera con sus gobiernos aliados en Chile, Colombia, México y Perú para frenar la integración sudamericana. Este acuerdo permite a Washington dividir a América del Sur en dos costas, la del Pacífico, liderada por Estados Unidos, y la del Atlántico, liderada por Brasil
Pero Estados Unidos pretende más y no abandona la costa atlántica. El día 22 de enero se difundió en los Países Bajos una información, para nada nueva, que daba cuenta del hecho que Dési Bouterse, ahora presidente de Surinam, mantuvo lazos con el narcotráfico hasta el año 2006. Llamativamente en la misma información se afirmaba que el principal socio del ahora presidente de Surinam en las actividades del crimen organizado era el narcotraficante guyanés Roger Khan.
A comienzos del mes de marzo de 2011 el informe 2010 de la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) de las Naciones Unidas menciona muy negativamente a Surinam como país de narcotráfico. A pesar de que este informe de las Naciones Unidas valora muy positivamente el rol de Guyana en la lucha contra el narcotráfico y en las políticas de cooperación con las instancias supranacionales de control, el informe del Departamento de Estado, a través de su International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), manifestó que los esfuerzos de Guyana eran “modestos”.
Ambos informes, el de la JIFE y el INCSR se emitieron prácticamente en la misma fecha, uno el 7 de marzo y el otro el 4 de marzo, respectivamente.
El gobierno guyanés, a través de su ministro de Asuntos Internos, Clement Rohee, calificó de "inexacto y falso" el reporte del Departamento de Estado de EEUU, ya que Estados Unidos no ha considerado los esfuerzos de su país en la lucha contra el narcotráfico. Al mismo tiempo denunció el desinterés estadounidense y la “escasa colaboración en la lucha contra el narcotráfico”.
Mientras tanto en el escenario regional ambos países están desarrollando denodados esfuerzos por estrechar los lazos de vinculación regional en un amplio espectro de actividades y rangos económicos. Estos vínculos se establecen primariamente con Brasil y Venezuela, líderes del proceso de integración sudamericano, que al mismo tiempo demuestran interés institucional en sostener estas políticas.
Aunque no se ha mencionado en este informe, la multiplicidad de proyectos de intercomunicación vial, informática, económica, judicial y policial expresa la voluntad de los países involucrados en construir una infraestructura de integración que resista tanto el paso del tiempo como los cambios de gobierno en la región. La presidencia pro témpore de la Unasur, en manos del mandatario de Guyana, Bharrat Jagdeo, es el motor de todos estos proyectos.
En este contexto de elogiable actividad integradora la política exterior de Estados Unidos manifiesta con claridad el rol disciplinador y hegemónico de la política de lucha contra el narcotráfico. Un ejemplo paradigmático de la utilización de esta política como parte de un proyecto de política exterior es la ambigua relación del Departamento de Estado con Costa Rica por un lado y con Nicaragua por el otro.
Mientras Costa Rica pierde su histórico status de desmilitarización y permite la presencia de 7.000 soldados estadounidenses para la lucha contra el narcotráfico, los reclamos de Nicaragua para perseguir a diversas bandas del crimen organizado dedicadas al tráfico de drogas en el interior del país, son desoídos. Y cuando una de esas bandas es perseguida hasta los manglares del Río San Juan, el ejército costarricense enarbola criterios de soberanía nacional y comienza una escalada.
Este modelo de regulación ambiental de geopolíticas binacionales que usa como argumento la lucha contra el narcotráfico parece estar dando sus primeros pasos en Guyana y Surinam. La presencia de tropas estadounidenses en la zona ya se ha establecido a partir de acuerdos de Surinam con Estados Unidos para la ayuda frente a catástrofes naturales.
El desempolvamiento de los viejos y conocidos vínculos mafiosos de Dési Bouterse en momentos en que Surinam hace serios compromisos de integración sudamericana y el menosprecio de los esfuerzos de Guyana en su lucha contra el narcotráfico privado en su país, son indicios de tácticas de reposicionamiento hegemónico de Estados Unidos frente a Brasil y Venezuela, utilizando como pretexto a dos pequeños países limítrofes.
Norberto Emmerich – Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
rCR
domingo, 8 de mayo de 2011
sábado, 7 de mayo de 2011
lunes, 2 de mayo de 2011
La última telenovela: Obama-Laden
Matar a Ben Laden, resucitar a Al-Qaeda
Una de las grandes
sorpresas que habían deparado los levantamientos populares en el
mundo árabe es que habían dejado momentáneamente fuera de juego a
todas las fuerzas islamistas y muy especialmente, claro, a la más
sospechosa y extremista, Al-Qaeda, marca comercial de oscuro
contenido largamente instrumentalizada para sostener dictadores,
reprimir toda clase de disidencia y desviar la atención lejos de los
verdaderos campos de batalla. Con indicaciones de amplio espectro,
como la aspirina, Ben Laden reaparecía cada vez que hacía falta
atizar la “guerra contra el terrorismo”; se le mantenía con vida
para agitar su espantajo en encrucijadas electorales o para
justificar leyes de excepción. Esta vez la situación era demasiado
grave como para no usarlo por última vez, en una orgía mediática
que eclipsa incluso la boda del príncipe Guillermo e introduce
efectos muy inquietantes en el mundo.
Cuando parecía
relegada al olvido, definitivamente arrinconada por los propios
pueblos que debían apoyarla, reaparece Al-Qaeda. Un desconocido
grupo, en nombre de esa patente, asesina a Arrigoni en Palestina;
días después, en plena efervescencia de las protestas
antimonárquicas en Marruecos, una bomba estalla en la plaza Yamaa
Fna de Marrakesh; ahora reaparece Ben Laden, no vivo y amenazador,
sino en toda la gloria de un martirio aplazado, estudiado,
cuidadosamente escenificado, un poco inverosímil. “Se ha hecho
justicia”, dice Obama, pero la justicia reclama tribunales y
jueces, procedimientos sumariales, una sentencia independiente. Más
sincero ha sido George Bush: “Es la venganza de los EEUU”, ha
dicho. “Es la venganza de la democracia”, ha añadido, y miles de
demócratas estadounidenses zapatean de alegría delante de la Casa
Blanca, saltando con bárbara euforia sobre tibias y calaveras. Pero
democracia y venganza son tan incompatibles como la pedagogía y el
infanticidio, como el alfabeto y el solipsismo, como el ajedrez y el
juego. A los EEUU le gustan los linchamientos, sobre todo desde el
aire, porque sabe que son más poderosos que los principios. “El
mundo siente alivio”, afirma Obama, pero al mismo tiempo alerta de
“ataques violentos en todo el mundo tras la muerte de Ben Laden”.
¿Alerta? ¿Avisa? ¿Promete? ¿Qué alivio puede producir un
asesinato que -se dice al mismo tiempo- pone en peligro a aquellos a
los que presumiblemente se quiere salvar?
Este era el momento.
Al-Qaeda vuelve a dominar la escena; Al-Qaeda vuelve a saturar el
imaginario occidental. Mientras el presunto cadáver de Ben Laden es
arrojado al mar, Ben Laden se apodera fantasmalmente de todas las
luchas y todas los deseos de justicia. Se cumplirá el vaticinio de
Obama: habrá ataques violentos por todas partes y el mundo
árabo-musulmán volverá a ser un bullicio de fanatismos y
decapitaciones, quieran o no quieran sus poblaciones. Entre
democracia y barbarie, es evidente, EEUU no tiene duda: la barbarie
se ajusta mucho más al “sueño americano” (y, por supuesto, al delirio israelí).
No sabemos si se ha
matado realmente a Ben Laden; lo que está claro es que el esfuerzo por resucitar a toda costa a Al-Qaeda pretende matar los procesos de
cambio comenzados hace cuatro meses en el mundo árabe.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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