lunes, 4 de abril de 2016

Bolivia y la Conferencia Episcopal.


Rebelion. ¿Por qué la jerarquía católica boliviana acusa de narcogobierno al gobierno de Evo Morales?
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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-04-2016

¿Por qué la jerarquía católica boliviana acusa de narcogobierno al gobierno de Evo Morales?



La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), bajo el sugestivo título de “Hoy pongo ante ti la Vida o la Muerte”, a inicios del presente mes, publicó su controvertida Carta Pastoral sobre Narcotráfico [1].

El documento comienza intentado justificar su “oportuna aparición” indicando que “los Obispos de Bolivia, en estos últimos decenios, ha expresado repetidamente su preocupación permanente ante el flagelo del narcotráfico”. (n. 1º).

Esto es falso. Los jerarcas católicos jamás publicaron Carta Pastoral alguna sobre el narcotráfico antes. Incluso cuando, en las últimas décadas del pasado siglo, gobiernos como el del dictador Luis García Meza (1980-1981) permitían el acopio y la compraventa de la droga en lugares públicos sin restricción alguna. La CEB jamás se pronunció oficialmente cuando los agentes de la DEA (agencia antidrogas norteamericana) masacraban a campesinos bolivianos productores de la hoja de coca en su intento de controlar la industria del narcotráfico.

Pero, ahora, curiosamente cuando aún la oligarquía pro norteamericana (reaccionaria al Proceso de Cambio) celebra su supuesta victoria en la consulta popular del 21 de febrero pasado, y en un contexto de una “guerra mediática” sin cuartel, ni tregua, en contra del gobierno de Evo Morales, los comedidos obispos publican su Carta donde acusan, sin mencionar nombres, ni prueba alguna, al gobierno boliviano de narcogobierno en los siguientes términos:

“(…) el narcotráfico, (…), penetra incluso estructuras estatales y fuerzas del orden, comprando conciencias. La corrupción ha minado la credibilidad de las autoridades de la lucha contra el narcotráfico. (n. 35º). El documento continúa afirmando que el sistema judicial, la economía boliviana han caído bajo el poder del narcotráfico. Situación que hace que la violencia, la incertidumbre y sentimientos de frustración se apoderen de la ciudadanía. Es decir, hagan de la Bolivia actual un Estado fallido.

Luego de estas gruesas acusaciones infundadas, incluso contrariando los reconocimientos de la ONU y de la Unión Europea respecto a las políticas antidrogas emprendidas por el actual gobierno del país suramericano, los obispos ofrecen “el rostro misericordioso del Padre” para que “el Hijo Pródigo vuelva a la casa del Padre para rehabilitarse” (n. 46º).

El contenido de esta Carta Pastoral evidencia no sólo la coincidencia de la CEB con la postura de desaprobación del gobierno de los EEUU a la política antidrogras que emprende el gobierno de Evo Morales, ni sólo confirma que los jerarcas católicos son los nuevos agentes de la DEA en Bolivia, sino también es un llamado expreso al insubordinado gobierno de Evo Morales a la “rehabilitación” política.

Según la retórica de la actual geopolítica del gobierno norteamericano, ante la obsolescencia del estigma de “comunismo ateo” para deslegitimar y derrocar gobiernos contrarios a sus intereses, la estrategia es “convertirlos” en narcogobiernos y corruptos. Para así quitarles la legitimidad social, sacar a la población de las redes sociales a las calles, y así destituir gobiernos incómodos al Imperio.

Históricamente para esta estrategia geopolítica, la jerarquía católica fue y es servil a los intereses imperiales de turno.

Ocurrió en Guatemala, en 1954, donde al gobierno revolucionario de Jacobo Árbenz, le quitaron su legitimidad y apoyo popular mediante la Carta Pastoral donde se lo acusaba de comunista y ateo. Y así, las inconclusas historias de América Latina están empedradas y ensangrentadas por contubernios nefastos entre obispos y gobiernos yanquis.

El problema no es el narcotráfico, sino el control o monopolio de esta suculenta industria. A nadie le conviene matar a esta siempre floreciente industria que inyecta ingentes cantidades de dinero a las desinfladas finanzas mundiales. Mucho menos a la Iglesia Católica, cuya feligresía, en países como Colombia, Honduras, Guatemala o México, subsiste gracias a la “providencia” de devotos narcotraficantes. Donde muchos curas y obispos celebran misas en lujosos templos donados por narcopadrinos católicos.

Nota:

[1] http://www.iglesiaviva.net/wp-content/uploads/2016/04/carta-narcotrafico.pdf

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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domingo, 3 de abril de 2016

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China.


Rebelion. La factura social de la reforma china
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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-04-2016

La factura social de la reforma china



Escuchar al ministro de Hacienda chino Lou Jiwei quejándose de la rigidez de la legislación laboral o al ministro de Trabajo y Seguridad Yin Weimin asegurando que los costes de la mano de obra en China se habían vuelto prohibitivos para algunas empresas, produce cierto sonrojo. Más aún cuando en el mismo foro –las sesiones parlamentarias de marzo- el vicesecretario del PCCh en Heilongjiang, Lu Hao, debió hacer autocrítica pública respecto a la falta de previsión por parte de las autoridades a la hora de enfrentar los ajustes en algunas empresas estatales en su región, lo cual provocó las lógicas y masivas protestas de los afectados. Pareciera que el PCCh se sumaba a la corriente global de estigmatización de la colectividad laboral en un país que si llegó a la condición de segunda potencia económica del mundo en tiempo récord fue en buena medida por la abnegación y sacrificio de una masa trabajadora que aupó los índices macroeconómicos sin derechos apenas ni rechistar. Y es que el principal problema de China en esta materia no es la legislación sino su incumplimiento reiterado. De ello podrían hablar mucho hasta los propios sindicatos oficiales pero no había en el programa de las dos sesiones citadas ninguna comparecencia prevista….

El necesario e inevitable cambio en el modelo de desarrollo chino exige, entre otros, mejorar la capacidad adquisitiva de los colectivos laborales y en esa línea se avanzó sostenidamente en la década pasada. Sin ello, no habrá sociedad de consumo, como tampoco sin una intensa inversión social en un país donde la falta de protección aboca al ahorro masivo. Ahora, los ajustes en el sector industrial que afectan especialmente a ámbitos (acero, carbón…) y regiones (noreste) con fuerte peso de la empresa estatal provocarán numerosos despidos (se habla de unos cinco millones), cifra considerable pero situada muy lejos de los casi 30 millones del periodo del primer ministro Zhu Rongji (1998-2003); sin embargo, la sensación de un menor compromiso con las capas más desfavorecidas es mayor que entonces. El actual equipo dirigente parece prestar más atención a aquellos aspectos relacionados con la proyección de poder de China (ambiciosos proyectos exteriores, defensa, etc.) que a los relacionados con los agujeros negros de su proceso de desarrollo (desigualdades, desarrollo humano, etc.). Con Hu Jintao y Wen Jiabao (2002-2012), lo social ganó terreno, ahora parece retroceder.

Este año –y todo el quinquenio que ahora se inicia- será de intensificación de los ajustes, lo cual traerá consigo, previsiblemente, una intensificación paralela de las protestas sociales como efecto colateral. Fenómenos comunes como los salarios atrasados están al orden del día en las regiones costeras del sur y los conflictos laborales, muchos de ellos debidos a la explotación abusiva de los millones de migrantes procedentes del campo, parecen avocados a crecer de forma significativa. Según fuentes del China Labour Bulletin, ya en 2015 fueron el doble de los ocurridos en 2014 y la tendencia en 2016 apunta a batir records.

La reacción del PCCh sugiere la habilitación de partidas específicas para compensar a los afectados por la nueva y comprometida fase de la apertura pero, en paralelo, dispone circulares amenazantes a las autoridades a todos los niveles para que asuman sus responsabilidades en la prevención y represión de la conflictividad laboral con un catálogo detallado de sanciones que se une a una atmosfera muy hostil con la defensa de los derechos laborales. A ello hay que sumar los intentos de situar a la policía armada popular bajo la dependencia de la Comisión Militar Central y un incremento de todo tipo de controles sobre entidades pseudo-sindicales que hasta ahora funcionaban apenas sin problemas a modo de asesorías. La protesta, por justificada que sea, equivale a poner en peligro la seguridad nacional….

La obsesión por preservar a toda costa la estabilidad y evitar la generalización de los conflictos y, naturalmente, su coordinación hasta el punto de llegar a imitar la Polonia de los años 80 –escenario harto improbable a día de hoy en China-, contrasta con el poco empeño y la falta de credibilidad de las autoridades a la hora de hacer respetar la legislación laboral a las propias empresas. Esa asimetría rompe el exigible equilibrio y saca los colores al PCCh y al gobierno chino.

Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China.

 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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