martes, 22 de mayo de 2012
lunes, 21 de mayo de 2012
domingo, 20 de mayo de 2012
¿Saldrán los bancos con la suya?
La crisis bancaria y la decadencia del capitalismo español
La forzada decisión del Gobierno Rajoy de dejar en manos del Banco Central Europeo (BCE) la reestructuración del sistema financiero español asume un significado económico y político de primera magnitud. Significa el reconocimiento implícito de que el Estado deberá recurrir a los fondos de rescate europeos para “salvar” la banca española, es decir, para asegurar que cobren sus grandes acreedores, los bancos alemanes y europeos, y para impedir que la crisis desatada tras la quiebra-nacionalización de Bankia acabe en un tsunami incontrolado. El coste económico y político de la operación, sin embargo, es enorme, porque significará la pérdida de poder financiero de la banca española y de sus empresas ante la banca de los países imperialistas centrales de Europa, en particular Alemania.
En estos momentos la crisis de los bancos españoles tiene paralizado el sistema de crédito, mientras se sincroniza con la crisis política en Grecia, por el NO dado por la mayoría contra los partidos que aplican los planes de saqueo de la Troika.
En los próximos días, todas las medidas encaminadas a salvar los bancos traerán un fuerte aumento de la Deuda pública y significarán más recortes, más impuestos y más despidos.
Bankia, la punta del icebergAntes de que el ECOFIN (la reunión de ministros económicos de la UE) decretara la intervención del BCE para “tutelar” el “saneamiento” del sistema financiero español y conocer cuántos miles de millones serán necesarios para tapar el agujero dejado por la especulación del ladrillo y la depresión económica, la prensa burguesa ya avanzaba que el problema de la Banca es demasiado grande para España y deberá ser resuelto por la UE.
Refiriéndonos sólo a Bankia, el gobierno y la prensa dicen que el coste de la “nacionalización” de Bankia serán 10 mil millones, pero es una gran mentira: el Estado, entre lo que ha puesto y lo que ha avalado, ya ha comprometido 73 mil millones, y si le añadimos las garantía de los depósitos (173 mil millones), llegamos a un valor de 246 mil millones de euros [1] , que equivalen al 24% del PIB español.
No obstante, Bankia representa sólo una parte del sistema financiero en crisis. Para que los bancos de España (y otros países, en especial de la periferia) no se declararan en suspensión de pagos, mientras la Troika negociaba la deuda en Grecia, el BCE abrió la “barra libre” y prestó un billón de euros, el 60% de los cuales se quedaron en los bancos españoles (más de 300 mil millones) y en los italianos.
Además de Bankia, Caixa Bank (La Caixa) y todo el sistema de las ex-cajas de ahorro se refinanciaron masivamente con dinero del BCE, pues la banca privada alemana y francesa, los antiguos prestamistas, en la medida que la crisis se profundizaba les cerraron el grifo.
¿Cuál es el tamaño del agujero de los bancos? Los activos de la banca española superan en tres veces el PIB (3 billones de euros [2] ) y el agujero bancario que calculan los analistas internacionales está entre 100 mil y 300 mil millones (entre el 10 y el 30% del PIB).
Los llamados “activos tóxicos” inmobiliarios son sólo una parte del agujero. El otro gran problema, que con la profundización de la crisis emerge cada día con más fuerza, es la deuda de las empresas con los bancos. Recientemente acaba de salir a la luz el caso de ACS que se encuentran de hecho en quiebra técnica y arrastra una deuda de 14 mil millones. Los valores de las empresas del Ibex-35 llevan tiempo cayendo en picado. Telefónica redujo su beneficio un 46,9% en 2011. Pero no son solamente las grandes empresas. La alarma de la crisis de la banca fue dada en realidad por el Banco de España cuando en su balance trimestral de las empresas afirmaba que su tasa de rentabilidad es inferior a sus costes de financiación [3] . Es decir, que no pueden hacer frente a sus deudas con los bancos.
La política del gobierno es salvar el capital financiero, aumentando su centralización en beneficio de los grandes bancos españoles. Es decir, “sanear” con dinero público las pérdidas de las cajas e incorporarlas, junto con los bancos menores, al “núcleo central” del capital imperialista español: BBVA, BSCH, La Caixa. Este es el objetivo de la Reforma Financiera decretada por Rajoy, cuando exige que todos los bancos aumenten sus “provisiones” para cubrir las pérdidas de los préstamos que no pueden cobrar.
Pero como dice un analista “con dos pollos no se hace un pavo”, y como las Cajas en quiebra así como los bancos menores no pueden fusionarse entre sí, y como el agujero es enorme y la capacidad de los grandes está muy mermada por la crisis, la tendencia es que los grandes bancos de Alemania y Francia acaben haciéndose con el predominio del sistema financiero español.
“España hará lo que tiene que hacer”
Estas palabras pronunciadas por Juncker, e l presidente del Eurogrupo y fiel representante de la banca alemana y francesa, define la cuerda floja en la que se encuentra el imperialismo español, atrapado en un acelerado proceso de decadencia. El rescate de los bancos españoles por la Unión Europea significará que la autonomía del sistema financiero quedará automáticamente cuestionada y, con ello, la del principal poder que alberga un país imperialista: su capital financiero, con estrechos lazos de control con los principales monopolios empresariales.
La UE no es en absoluto ajena a la disputa entre los distintos imperialismos europeos. Por el contrario, es el instrumento de los capitales más fuertes, en especial los alemanes, que utilizan la crisis para afirmar su dominio, absorbiendo e incorporando a los capitales más débiles. La banca alemana ha prestado a los bancos españoles 109 mil millones de euros. La reestructuración del sistema financiero español significa que una parte del sector tenderá a ser incorporado por la banca internacional. Del mismo modo, los principales bancos españoles (BBVA, BSCH y La Caixa ) , aunque puedan hacer frente a las exigencias de la reforma financiera debido a su negocio internacional (en particular en Latinoamérica), están seriamente dañados por la depresión económica española. La fuerte y continuada pérdida del valor en Bolsa de las multinacionales españolas les afecta doblemente. La intervención de la UE en la crisis implica que las condiciones serán puestas por el capital financiero alemán y francés (sin olvidar el norteamericano, que tiene importantes paquetes de acciones de los grandes bancos españoles y que está globalmente representado por el FMI).
En la pugna que viene, solo una cosa es segura: todas las medidas para salvar a la banca se van a cargar una vez más en las espaldas de los trabajadores y el pueblo. Pues el rescate de la banca se hará por una doble vía: por el recorte de salarios y aumento de despidos de las empresas privadas, para rebajar su deuda con los bancos y, de otro lado, por un considerable aumento de la Deuda pública. Esto es así porque los préstamos del BCE y las emisiones de deuda de los bancos fueron avalados por el gobierno y porque cuanto más aumenta la Deuda y el déficit, la financiación es cada vez más cara, como refleja el aumento de la “prima de riesgo”.
Paradójicamente, son los propios bancos que son “salvados” lo que compran la deuda del gobierno y hacen el negocio del siglo cobrando unos intereses de usura. Es un atraco masivo a luz del día al presupuesto del Estado que comprometerá por años y años las partidas para los servicios públicos.
La crisis política en Grecia y la dinámica de la crisis
El colapso político de los partidos que han sostenido el régimen político griego y la nuevas elecciones marcadas para junio, han sido un enorme varapalo a los planes del imperialismos alemán y francés. Significativamente, el mismo día que tomaba posesión de la presidencia, Hollande se reunía con Merkel y declaraba que no se cambiaría el Memorándum que contiene el plan de ajuste griego.
El resultado de las elecciones griegas no formaba parte del guion. Mientras negociaban las condiciones del pillaje de Grecia a principios del año y la UE entregaba miles de millones de fondos para los bancos y fondos de inversión con deuda griega, la UE aplazó la crisis bancaria en España a través de la “barra libre” del BCE. Con el plan griego encarrilado, ya pudieron cerrar el grifo a los bancos españoles. Ahora, sin embargo, se han visto obligados a lidiar con los dos procesos a la vez.
Mientras escribíamos este artículo la población griega sacaba sus depósitos de los bancos. En un solo día retiraron 800 millones de euros, mientras la UE amenaza a los trabajadores griegos con echarles del euro y arrojarlos a los infiernos si no votan en las próximas elecciones a favor de los defensores del plan de saqueo y masacre.
Y es que para los trabajadores griegos y los del Estado español, quedarse en euro significa aceptar que los machaquen para que los banqueros alemanes y franceses, españoles y griegos, parasiten todo un país y se aseguren las ganancias a costa de empobrecer en masa a la mayoría de la población. Mientras ganaban billones de euros sus ganancias eran privadas, ahora que se hunden somos nosotros quienes debemos pagar su cuenta.
La expropiación de la banca y la suspensión inmediata del pago de la Deuda pública a banqueros y especuladores son absolutamente necesarias para parar la sangría. Se trata de estatizar el sistema financiero sin pagar absolutamente nada a los banqueros. Por el contrario, hay que recuperar lo que han robado y meter a la cárcel a los responsables del desastre. Se trata también de suspender inmediatamente el pago de la deuda pública a la banca y a los fondos especulativos, para poder parar la sangría del presupuesto. Se trata de construir la unidad internacional entre los trabajadores, de romper con la Europa de los banqueros y sus gobiernos lacayos, de abrir el camino a la Europa de los trabajadores y los pueblos.
[1] Los avales del Estado eran por 28.500 millones, los préstamos del BCE (garantizados por el Banco de España) 40.000 millones (15.000 en diciembre y 25.000 en febrero). Hay que añadir los bonos preferentes del FROB, ahora convertidos en acciones, por 4465 millones. Y finalmente, que el FDG (Fondo de Garantía de Depósitos) y el Estado (en realidad el Estado, porque el FDG está en números rojos), garantiza 173 mil millones. En total, casi 250 mil millones del balance de BFA. ( La catástrofe de Bankia: Entrampados hasta las orejas, de Luis Garicano 11/05/2012 )
[2] en notación española
[3] El País 13.05.2012
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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sábado, 19 de mayo de 2012
El caso Bankia.
El caso Bankia o las cinco maniobras de una gran estafa
El gobierno no ha nacionalizado Bankia. El gobierno ha nacionalizado un gran agujero. Mediante la conversión de las preferentes de BFA (Banco Financiero y de Ahorros) en capital, el Estado asume el control de esta entidad y se convierte en accionista mayoritario de Bankia. De esta manera reconoce lo que ya era un hecho, que va a inyectar miles de millones de euros de dinero público en Bankia. La estafa no se reduce, sin embargo, a esta inyección de dinero público para tapar agujeros privados. Miles de pequeños ahorradores han sido engañados y han visto como productos financieros que se les vendían como “inversiones seguras” perdían en unos meses la mayoría de su valor. El caso Bankia es otro ejemplo de como las estructuras de un poder económico altamente burocratizado son capaces de distribuir sus pérdidas entre la población. Vamos a repasar las cinco maniobra a través de las cuales se ha gestado esta gran estafa que podría ser la antesala y el paradigma de otras que están por llegar.
Algunas aclaraciones
Es conveniente distinguir entre Bankia y el Banco Financiero y de Ahorros BFA, dos entidades diferenciadas aunque con un vínculo accionarial. BFA es actualmente la matriz de Bankia. Se dice que una empresa es matriz de otra cuando tiene un porcentaje mayoritario de la acciones – en este caso el 45%- o un porcentaje suficiente para ejercer el control sobre la entidad filial. Es decir, controlar BFA permite controlar Bankia porque la mayoría de Bankia pertenece a BFA. Sin embargo, hay que destacar que el Estado no asume el control directo de Bankia que seguirá bajo el mando de Goirigolzarri, un ex-directivo de BBVA, y que el gobierno se limitará a “gestionar” la matriz BFA. Pero, ¿qué es BFA?
BFA es una agujero negro. Un banco malo. Una estafa al contribuyente y una estafa a muchos pequeños inversores que colocaron sus ahorros en activos financieros de Caja Madrid, de Bancaja o de cualquiera del resto de entidades que se fusionaron para formar BFA. Mediante la toma de control de BFA, el gobierno reconoce que no va a recuperar los 4460 millones de euros que inyectó a la matriz de Bankia; pero además, como veremos, se hace responsable de los futuros agujeros que puedan surgir en la entidad.
Primera maniobra. Fusión en BFA e inyección del FROB
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) es creado por el gobierno socialista en 2009 para hacer frente a posibles necesidades de liquidez de las entidades financieras. Para tener acceso a la financiación pública se exige que las entidades financieras se fusionen en entidades más grandes; se busca, de esta manera, promover un proceso de concentración de las cajas de ahorros que de lugar a entidades más grandes y supuestamente más solventes. Sobra decir que este proceso de concentración beneficia a las entidades más grandes, especialmente a los dos grandes bancos que poseen una parte importante del negocio fuera de España y que, debido a ello, se presentan como más saneados que el resto. Las consecuencias de que se den este tipo de fusiones son una mayor concentración del capital, la creación de entidades enormes con un poder enorme y “demasiado grandes para caer”, el cierre de cientos de oficinas y miles de despidos.
Acogiéndose a esta modalidad en diciembre de 2010 siete cajas de ahorros, entre las que destacan Caja Madrid y Bancaja, se unen dando lugar a BFA (Banco Financiero y de Ahorros) que recibirá 4465 millones de euros del FROB en forma de participaciones preferentes convertibles. Estas participaciones están sujetas al pago de intereses y deben ser recompradas por la entidad en un período de cinco años. En caso de que la entidad no pueda devolver el dinero aportado en cinco años, las participaciones se convierten en capital con lo cual el Estado pasa a ser propietario de una parte -o de la totalidad- de la sociedad.
Segunda maniobra. Segregación del negocio bancario BFA que se convierte en un banco malo.
En abril de 2011 se pone en marcha un “proyecto de segregación” por el cual BFA transmite a Bankia todo el negocio bancario, las participaciones asociadas al negocio financiero y el resto de activos y pasivos que BFA ha recibido de las Cajas. Sin embargo va a haber una serie de activos -y sus correspondientes pasivos- que se quedarán en BFA. Del lado de los activos BFA mantiene en propiedad los activos más dudosos como el suelo adjudicado o la financiación de suelos en situación dudosa y subestándar. Del lado de los pasivos se quedan las participaciones preferentes suscritas por el FROB y “determinadas emisiones de instrumentos financieros”, una parte importante de los cuales son participaciones preferentes en las cajas de ahorros que habían sido vendidas a pequeños ahorradores. BFA se convierte en un banco malo propietario de una cartera de activos tóxicos y de acciones de Bankia -que irán perdiendo valor progresivamente- que debe miles de millones de euros al Estado y a una masa de pequeños ahorradores que progresivamente se irán dando cuenta de que sus ahorros no están en un lugar tan seguro como les habían dicho.
De la parte “menos mala” de BFA surge Bankia. El objetivo es que al estar aislados los activos tóxicos – o parte de ellos- en BFA, Bankia ofrece una mayor credibilidad y tiene mayores posibilidades de captar capital privado.
Tercera maniobra. Emisiones de Bankia, distribución de las pérdidas entre los ahorradores
A pesar de haberse desecho de sus activos más tóxicos, que como vimos quedan en manos del Estado y de pequeños ahorradores, Bankia sigue teniendo un gran agujero. Con Rodrigo Rato al frente, se pone en marcha la siguiente maniobra: la captación de capital privado de pequeños inversores a través de la salida a bolsa, o lo que es lo mismo, otro nuevo paso en la socialización del gran agujero que todavía tiene Bankia. Las acciones son colocadas a pequeños ahorradores bajo el lema “yo también soy Bankero”. A día de hoy las acciones de Bankia han perdido casi el 70% de su valor.
Cuarta maniobra. Nacionalización de BFA
El 22 de Febrero de este año BFA emitía 15.000 millones en bonos con el aval del Estado. Estos bonos no se colocan en el mercado sino que son, a su vez, un aval para que Bankia pueda seguir recibiendo crédito del Banco Central Europeo. A través de esta operación el Estado garantiza los 15.000 millones de euros que Bankia había recibido del BCE en diciembre. A principios de marzo Bankia recibe otros 25.000 euros del BCE. Esta maniobra pasa desapercibida.
La noticia salta con la nacionalización de BFA que se articula a través de la conversión de las preferentes a cinco años en acciones. El FROB reconoce que no va a recuperar en un plazo de cinco años el dinero que colocó en las preferentes de BFA, por lo que decide convertirlas en capital. Pasa de ser un acreedor de la empresa a ser el propietario. Se quiere presentar como un asunto de interés público lo que es una clara asunción por parte del estado de las pérdidas acumuladas por BFA, unas pérdidas que, a pesar de estar maquilladas a través de ingeniería contable, son sobradamente conocidas.
Mediante esta entrada en el capital, el gobierno no sólo reconoce que no va a recuperar los 4460 millones que colocó en BFA, sino que asume que, al menos, va a colocar otros 15.000 millones en Bankia -los correspondientes a los bonos garantizados- y que probablemente, como dueño de la mayoría de Bankia, asuma parte de los 25.000 millones prestados por el BCE o parte de los miles de millones de pasivos de BFA colocados entre los pequeños ahorradores. Entre estos pasivos se encuentran, por ejemplo, las preferentes que Caja Madrid emitió en 2009; 3000 millones de euros que se colocaron entre los pequeños ahorradores a los que, en muchos casos, se engañó presentándoles la inversión como segura. Recientemente se dio la oportunidad a algunos de los inversores que tenían preferentes de BFA de convertir estas preferentes en acciones de Bankia. Entre los “beneficiados” por esta política no estaban los inversores que tenían preferentes de Caja Madrid que se han quedado “atrapados” en el banco malo.
Quinta maniobra. Saneamiento a cargo del contribuyente
Los ciudadanos están mayoritariamente en contra de que se rescate a la banca. La decisión de rescatar a la banca no se produce como una decisión única, coherente, anunciada, sino como una serie de pequeñas maniobras a través de las cuales de va gestando la estafa. El hecho es que el Estado ya ha rescatado a la banca y casi ni nos hemos dado cuenta.
Y en caso de que una entidad como BFA no sea rescatada y se la deje quebrar podríamos preguntarnos ¿quiénes serían los máximos damnificados? Si se ha conseguido, como parece, colocar la mayoría de los pasivos del banco entre pequeños inversores la respuesta es obvia. La gran estafa a funcionado, está completa. La decisión del gobierno ya no es elegir entre salvar el dinero de unos pocos ricos o dedicar los fondos públicos a educación, sanidad, etc. Los fondos de los grandes ricos ya no están ni en BFA ni en Bankia; porque ellos tenían la información para no verse afectados por todo el proceso; porque son ellos mismos los que han diseñado la estafa, en su doble condición de grandes inversores y tecnócratas expertos en el sistema financiero. Los ricos saben donde no tiene que estar su dinero. No como los pequeños accionistas de Bankia.
Asociación Hitza Kalean URL: http://hitzakalean.blogspot.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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Brasil (2).
Posneoliberalismo en Brasil
Alainet
Las referencias fundamentales para comprender el mundo contemporáneo son el imperialismo y el capitalismo, sin los cuales nada resulta inteligible. Así, evaluar a gobiernos y a fuerzas políticas significa, antes que todo, evaluar la posición que tienen respecto a estas dos referencias.
Los nuevos gobiernos latinoamericanos, que se volvieron mayoritarios en el continente, deben ser considerados progresistas, porque desarrollan procesos regionales de integración autónomos respecto a la hegemonía norteamericana y, por otro lado, a contramano de los gobiernos neoliberales que los han precedido, priorizan políticas sociales y no ajustes fiscales, a la vez que desarrollan Estados que inducen el crecimiento económico y garantizan derechos sociales, en lugar de Estados mínimos.
En el período histórico contemporáneo, los gobiernos y las fuerzas políticas tienen que ser evaluados en esa óptica: en qué medida reproducen o ayudan a superar el neoliberalismo, en qué medida fortalecen o debilitan la hegemonía norteamericana. Muchos otros aspectos pueden ser tomados en cuenta, pero lo central, lo determinante, para evaluar gobiernos y fuerzas políticas son esos criterios.
Gobiernos latinoamericanos como los de México, Chile, Colombia, Panamá, entre otros, por ejemplo, reproducen el modelo neoliberal y, a la vez, son aliados fieles del gobierno norteamericano, representando uno de los polos del campo político latinoamericano.
Por otra parte, los gobiernos progresistas tienen una postura de independencia y soberanía en sus políticas externas, constituyendo un bloque de gobiernos que resisten a la influencia norteamericana en la región. En el marco interno, han reaccionado frente a los gobiernos neoliberales, disminuyendo el principal problema latinoamericano, la desigualdad.
Por eso son gobiernos progresistas, antineoliberales, y trabajan por un mundo multipolar, debilitando la hegemonía norteamericana en el mundo. Sus rasgos centrales tocan en los factores decisivos de la hegemonía imperial norteamericana y en los elementos centrales del modelo neoliberal: la centralidad del mercado, el Estado mínimo y los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos.
Esos gobiernos tienen que enfrentar la herencia de graves retrocesos que sufrió América Latina, como consecuencia de las trasformaciones igualmente regresivas que se dieron en escala mundial. En este plan, se pasó de un mundo bipolar a un mundo unipolar, bajo hegemonía imperial norteamericana. Se pasó de un ciclo largo expansivo del capitalismo a un ciclo largo recesivo. De la hegemonía de un modelo regulador o keynesiano o de bienestar social – o como se lo quiera denominar– a la hegemonía de un modelo de mercado, de un modelo liberal.
América Latina sufrió los reflejos de esas trasformaciones bajo formas específicas, pero no menos duras. Primero fue la crisis de la deuda, que cerró el más largo ciclo de expansión de las economías latinoamericanas, que venía desde los años 1930. En segundo lugar, dictaduras militares que han roto la capacidad de resistencia en algunos de los países más importantes del continente –Brasil, Chile, Uruguay, Argentina–. En tercer lugar, gobiernos neoliberales, fenómeno que convirtió a América Latina en la región con el mayor número de gobiernos con ese carácter y en sus modalidades más radicales.
El nuevo rol de Brasil
El gobierno brasileño de Lula fue el segundo en ser elegido, en 2002, después de Hugo Chávez, y se inició con una postura que fue fundamental para el futuro de América Latina; recogiendo las manifestaciones en contra Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el gobierno brasileño bloqueó su concreción, abriendo espacio para el fortalecimiento y expansión de los procesos de integración regional. Brasil empezaba a redefinir su lugar en el plano internacional, saliendo de la tradicional situación subordinada a los Estados Unidos, adoptando una posición soberana, independiente, lo cual fue decisivo para cambiar la correlación de fuerzas en el continente y para generar el aislamiento de Estados Unidos en la región.
Paralelamente, el gobierno Lula definió la prioridad de las políticas sociales, en lugar del ajuste fiscal, lo cual le permitió, aun bajo duros ataques de la derecha, conquistar gran popularidad, superar esa ofensiva, consolidar su liderazgo y elegir su sucesora. Todo ello fue posible porque Brasil –el país más desigual del continente y del mundo– por primera vez disminuyó la desigualdad, la pobreza y la miseria.
Con el gran apoyo popular logrado, Lula impuso varias derrotas a la derecha. Aun teniendo prácticamente toda la prensa en contra suyo, Lula logró reelegirse y elegir su sucesora, Dilma Rousseff, como presidente de Brasil.
Sin embargo, ese proceso no se da de manera lineal, ni ha logrado superar los principales escollos para consolidar lo conquistado y seguir avanzando. Los avances en Brasil se llevaron a cabo en las líneas de menor resistencia de las relaciones de poder existente.
El gobierno posneoliberal en Brasil avanzó inicialmente en dos líneas de mayor debilidad del neoliberalismo: las prioridades de las políticas sociales, a través de un agregado de programas –como bolsa familia, luz para todos, mi casa mi vida, micro créditos, entre otros–; pero el que más efectos sociales tiene ha sido el aumento continuo de los sueldos y de los empleos formales. Y los proyectos de integración regional, partiendo del Mercosur, ampliando ese proceso hacia Unasur, el Consejo Suramericano de Defensa, el Banco del Sur, la Comunidad de Estados Latinoamericanos.
Frente a la crisis del 2008, quedó claro que había una tercera dimensión en la diferenciación del gobierno brasileño respecto al neoliberalismo: el rol del Estado, que pasó a ser instrumento esencial para políticas anticíclicas de resistencia a la recesión internacional. En lugar del Estado mínimo, se impuso un Estado inductor del crecimiento económico y garantía de la afirmación de los derechos sociales.
La economía brasileña salió de la larga recesión que Lula había heredado de Cardoso, por primera vez disminuyó la desigualdad social, Brasil pasó a tener protagonismo internacional, en el plano regional y en los intercambios Sur-Sur.
Esas grandes transformaciones en la sociedad y en el Estado brasileño se han hecho en el marco de las regresiones apuntadas anteriormente. Algunos de estos avances han sido recuperación de la capacidad de acción del Estado, la recuperación de los niveles de formalización del mercado de trabajo, el rescate de las múltiples formas de fragmentación social.
Pese a estos avances, que determinaron que un gobierno como el de Lula alcance el mayor apoyo que gobierno alguno haya tenido, aun con los grandes medios en su contra, no hubo transformaciones estructurales en aspectos determinantes en la sociedad brasileña.
Los desafíos
La coyuntura actual plantea con claridad justamente los tres más importantes temas pendientes en Brasil, para que la superación del neoliberalismo adquiera un carácter irreversible. Por una parte, Dilma Rousseff desarrolla una fuerte ofensiva contra lo que fue una marca negativa distintiva de Brasil: la tasa de interés más alta del mundo.
Si ese ya era un problema que frenaba el ritmo de desarrollo de la economía brasileña, se ha vuelto aún más grave cuando las grandes potencias del centro del capitalismo, frente a la crisis que viven, promueven formas de proteccionismo cambiario, devaluando sus monedas y aumentando así su competitividad, arrojando, además, dinero al mercado para socorrer a sus economías en crisis, capitales que llenan las economías periféricas. Brasil es víctima privilegiada de estas políticas, por su alta tasa de interés.
El gobierno pasó a usar fuertemente los bancos públicos para presionar la baja de las tasas de interés, con resistencia inicial de los bancos privados, hasta que tuvieron que ceder, acompañando la baja. Pero el enfrentamiento se planteó claramente, con la Presidenta de Brasil reiterando un discurso duro en contra del capital especulativo y logrando el aislamiento de los bancos.
Paralelamente, la gran bancada parlamentaria vinculada a los agronegocios aprobó una reforma profundamente regresiva en el Código Forestal, contando con los votos de la derecha, de aliados de centro del gobierno e incluso de un partido de izquierda (PC do B). Dilma, cuando se acerca la reunión de Río+20, va a vetar por lo menos algunas partes de la ley, especialmente en la que se decreta amnistía para quienes han deforestado.
Dilma choca así con dos de los sectores que se han constituido en los mayores obstáculos a la implementación de un modelo de ruptura con el modelo neoliberal. El tercero es el monopolio privado de medios de comunicación. Estos pasaron a estar bajo ataque, no por iniciativa del gobierno, sino por una investigación parlamentaria que involucra medios de la prensa privada –toda ella opositora– con casos de flagrante corrupción. Ello pone a la mídia privada a la defensiva y bajo acusación, mientras que hasta aquí han estado en la ofensiva en las denuncias en contra del gobierno.
De la resolución de esos conflictos dependerá en buena medida la evolución posterior del gobierno brasileño. Además, se discute este año en el Congreso brasileño el tema del financiamiento público de las campanas electorales, que tiene dificultades para ser aprobado, pero sin el cual se vuelve casi imposible un cambio popular en la composición del Parlamento. Asimismo, en las elecciones municipales se juega la continuidad o no de la derecha en la dirección de la principal ciudad del país –Sao Paulo– en donde precisamente el candidato derrotado en las elecciones presidenciales –José Serra– es, hasta ahora, el favorito para triunfar, pero que encuentra un eventual obstáculo en el empeño de Lula de hacer campaña activa a favor del joven ex-Ministro de Educación, Fernando Haddad.
Emir Sader, sociólogo y cientista político brasileño, es secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Este texto es parte de la revista “América Latina en Movimiento”, No 475, correspondiente a mayo de 2012 y que trata sobre "América Latina: Las izquierdas en las transiciones políticas” disponible en http://alainet.org/publica/475
Fuente: www.alainet.org/active/54960
Los nuevos gobiernos latinoamericanos, que se volvieron mayoritarios en el continente, deben ser considerados progresistas, porque desarrollan procesos regionales de integración autónomos respecto a la hegemonía norteamericana y, por otro lado, a contramano de los gobiernos neoliberales que los han precedido, priorizan políticas sociales y no ajustes fiscales, a la vez que desarrollan Estados que inducen el crecimiento económico y garantizan derechos sociales, en lugar de Estados mínimos.
En el período histórico contemporáneo, los gobiernos y las fuerzas políticas tienen que ser evaluados en esa óptica: en qué medida reproducen o ayudan a superar el neoliberalismo, en qué medida fortalecen o debilitan la hegemonía norteamericana. Muchos otros aspectos pueden ser tomados en cuenta, pero lo central, lo determinante, para evaluar gobiernos y fuerzas políticas son esos criterios.
Gobiernos latinoamericanos como los de México, Chile, Colombia, Panamá, entre otros, por ejemplo, reproducen el modelo neoliberal y, a la vez, son aliados fieles del gobierno norteamericano, representando uno de los polos del campo político latinoamericano.
Por otra parte, los gobiernos progresistas tienen una postura de independencia y soberanía en sus políticas externas, constituyendo un bloque de gobiernos que resisten a la influencia norteamericana en la región. En el marco interno, han reaccionado frente a los gobiernos neoliberales, disminuyendo el principal problema latinoamericano, la desigualdad.
Por eso son gobiernos progresistas, antineoliberales, y trabajan por un mundo multipolar, debilitando la hegemonía norteamericana en el mundo. Sus rasgos centrales tocan en los factores decisivos de la hegemonía imperial norteamericana y en los elementos centrales del modelo neoliberal: la centralidad del mercado, el Estado mínimo y los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos.
Esos gobiernos tienen que enfrentar la herencia de graves retrocesos que sufrió América Latina, como consecuencia de las trasformaciones igualmente regresivas que se dieron en escala mundial. En este plan, se pasó de un mundo bipolar a un mundo unipolar, bajo hegemonía imperial norteamericana. Se pasó de un ciclo largo expansivo del capitalismo a un ciclo largo recesivo. De la hegemonía de un modelo regulador o keynesiano o de bienestar social – o como se lo quiera denominar– a la hegemonía de un modelo de mercado, de un modelo liberal.
América Latina sufrió los reflejos de esas trasformaciones bajo formas específicas, pero no menos duras. Primero fue la crisis de la deuda, que cerró el más largo ciclo de expansión de las economías latinoamericanas, que venía desde los años 1930. En segundo lugar, dictaduras militares que han roto la capacidad de resistencia en algunos de los países más importantes del continente –Brasil, Chile, Uruguay, Argentina–. En tercer lugar, gobiernos neoliberales, fenómeno que convirtió a América Latina en la región con el mayor número de gobiernos con ese carácter y en sus modalidades más radicales.
El nuevo rol de Brasil
El gobierno brasileño de Lula fue el segundo en ser elegido, en 2002, después de Hugo Chávez, y se inició con una postura que fue fundamental para el futuro de América Latina; recogiendo las manifestaciones en contra Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el gobierno brasileño bloqueó su concreción, abriendo espacio para el fortalecimiento y expansión de los procesos de integración regional. Brasil empezaba a redefinir su lugar en el plano internacional, saliendo de la tradicional situación subordinada a los Estados Unidos, adoptando una posición soberana, independiente, lo cual fue decisivo para cambiar la correlación de fuerzas en el continente y para generar el aislamiento de Estados Unidos en la región.
Paralelamente, el gobierno Lula definió la prioridad de las políticas sociales, en lugar del ajuste fiscal, lo cual le permitió, aun bajo duros ataques de la derecha, conquistar gran popularidad, superar esa ofensiva, consolidar su liderazgo y elegir su sucesora. Todo ello fue posible porque Brasil –el país más desigual del continente y del mundo– por primera vez disminuyó la desigualdad, la pobreza y la miseria.
Con el gran apoyo popular logrado, Lula impuso varias derrotas a la derecha. Aun teniendo prácticamente toda la prensa en contra suyo, Lula logró reelegirse y elegir su sucesora, Dilma Rousseff, como presidente de Brasil.
Sin embargo, ese proceso no se da de manera lineal, ni ha logrado superar los principales escollos para consolidar lo conquistado y seguir avanzando. Los avances en Brasil se llevaron a cabo en las líneas de menor resistencia de las relaciones de poder existente.
El gobierno posneoliberal en Brasil avanzó inicialmente en dos líneas de mayor debilidad del neoliberalismo: las prioridades de las políticas sociales, a través de un agregado de programas –como bolsa familia, luz para todos, mi casa mi vida, micro créditos, entre otros–; pero el que más efectos sociales tiene ha sido el aumento continuo de los sueldos y de los empleos formales. Y los proyectos de integración regional, partiendo del Mercosur, ampliando ese proceso hacia Unasur, el Consejo Suramericano de Defensa, el Banco del Sur, la Comunidad de Estados Latinoamericanos.
Frente a la crisis del 2008, quedó claro que había una tercera dimensión en la diferenciación del gobierno brasileño respecto al neoliberalismo: el rol del Estado, que pasó a ser instrumento esencial para políticas anticíclicas de resistencia a la recesión internacional. En lugar del Estado mínimo, se impuso un Estado inductor del crecimiento económico y garantía de la afirmación de los derechos sociales.
La economía brasileña salió de la larga recesión que Lula había heredado de Cardoso, por primera vez disminuyó la desigualdad social, Brasil pasó a tener protagonismo internacional, en el plano regional y en los intercambios Sur-Sur.
Esas grandes transformaciones en la sociedad y en el Estado brasileño se han hecho en el marco de las regresiones apuntadas anteriormente. Algunos de estos avances han sido recuperación de la capacidad de acción del Estado, la recuperación de los niveles de formalización del mercado de trabajo, el rescate de las múltiples formas de fragmentación social.
Pese a estos avances, que determinaron que un gobierno como el de Lula alcance el mayor apoyo que gobierno alguno haya tenido, aun con los grandes medios en su contra, no hubo transformaciones estructurales en aspectos determinantes en la sociedad brasileña.
Los desafíos
La coyuntura actual plantea con claridad justamente los tres más importantes temas pendientes en Brasil, para que la superación del neoliberalismo adquiera un carácter irreversible. Por una parte, Dilma Rousseff desarrolla una fuerte ofensiva contra lo que fue una marca negativa distintiva de Brasil: la tasa de interés más alta del mundo.
Si ese ya era un problema que frenaba el ritmo de desarrollo de la economía brasileña, se ha vuelto aún más grave cuando las grandes potencias del centro del capitalismo, frente a la crisis que viven, promueven formas de proteccionismo cambiario, devaluando sus monedas y aumentando así su competitividad, arrojando, además, dinero al mercado para socorrer a sus economías en crisis, capitales que llenan las economías periféricas. Brasil es víctima privilegiada de estas políticas, por su alta tasa de interés.
El gobierno pasó a usar fuertemente los bancos públicos para presionar la baja de las tasas de interés, con resistencia inicial de los bancos privados, hasta que tuvieron que ceder, acompañando la baja. Pero el enfrentamiento se planteó claramente, con la Presidenta de Brasil reiterando un discurso duro en contra del capital especulativo y logrando el aislamiento de los bancos.
Paralelamente, la gran bancada parlamentaria vinculada a los agronegocios aprobó una reforma profundamente regresiva en el Código Forestal, contando con los votos de la derecha, de aliados de centro del gobierno e incluso de un partido de izquierda (PC do B). Dilma, cuando se acerca la reunión de Río+20, va a vetar por lo menos algunas partes de la ley, especialmente en la que se decreta amnistía para quienes han deforestado.
Dilma choca así con dos de los sectores que se han constituido en los mayores obstáculos a la implementación de un modelo de ruptura con el modelo neoliberal. El tercero es el monopolio privado de medios de comunicación. Estos pasaron a estar bajo ataque, no por iniciativa del gobierno, sino por una investigación parlamentaria que involucra medios de la prensa privada –toda ella opositora– con casos de flagrante corrupción. Ello pone a la mídia privada a la defensiva y bajo acusación, mientras que hasta aquí han estado en la ofensiva en las denuncias en contra del gobierno.
De la resolución de esos conflictos dependerá en buena medida la evolución posterior del gobierno brasileño. Además, se discute este año en el Congreso brasileño el tema del financiamiento público de las campanas electorales, que tiene dificultades para ser aprobado, pero sin el cual se vuelve casi imposible un cambio popular en la composición del Parlamento. Asimismo, en las elecciones municipales se juega la continuidad o no de la derecha en la dirección de la principal ciudad del país –Sao Paulo– en donde precisamente el candidato derrotado en las elecciones presidenciales –José Serra– es, hasta ahora, el favorito para triunfar, pero que encuentra un eventual obstáculo en el empeño de Lula de hacer campaña activa a favor del joven ex-Ministro de Educación, Fernando Haddad.
Emir Sader, sociólogo y cientista político brasileño, es secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Este texto es parte de la revista “América Latina en Movimiento”, No 475, correspondiente a mayo de 2012 y que trata sobre "América Latina: Las izquierdas en las transiciones políticas” disponible en http://alainet.org/publica/475
Fuente: www.alainet.org/active/54960
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